Un fiscal de La Paz ordenó la detención de la exmandatoria de facto y de cinco de los sus colaboradores y a seis militares, en un proceso abierto por el golpe de Estado contra Evo Morales que se produjo en 2019. Así lo informó el exministro de Justicia Álvaro Coimbra, uno de los afectados.

«Denuncia pública. De manera ilegal y abusiva han detenido a Rodrigo Guzmán, exministro de Energías, por el caso armado de ‘golpe de Estado’; además hay orden de aprehensión en contra de Jeanine Áñez, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez y en contra mía», publicó el exministro de Justicia, Álvaro Coimbra, uno de los afectados, según informó la agencia de noticias Sputnik.
Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo, estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la orden de detención. Esa orden, según un fragmento divulgado por Coimbra, afecta en total a 10 personas: Áñez, cinco exministros y seis jefes militares, aunque no figuraban los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Serio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, citados en mandamientos previos de detención.
Los cinco exministros incluidos en la lista eran, además de Coimbra y Guzmán, los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, ambos refugiados en Estados Unidos, y de la Presidencia, Yerko Núñez. La ola de órdenes de aprehensión contra figuras de la pasada gestión transitoria de Áñez se inició la semana pasada a partir de una demanda de la exdiputada oficialista Lidia Patty.
Tras la denuncia de Coimbra, la red privada Unitel reportó que Guzmán fue aprehendido en Trinidad y traslado por agentes vestidos de civil al aeropuerto de esa ciudad, desde donde se esperaba que sea trasladado a La Paz. «Cuando llega al aeropuerto recién muestran la orden de aprehensión por caso terrorismo, nunca nos notificaron», relató a Unitel la esposa de Guzmán. Fuentes de la fiscalía de La Paz dijeron que era probable una declaración oficial de esa oficina sobre el caso en las próximas horas.
El caso de «terrorismo y sedición» fue presentado por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Morales en 2019 fue propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.
Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se convirtió en el cuarto exjefe policial o militar sobre el que pesa órdenes de detención por su aparente participación en el golpe y es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad, según un informe de la red televisiva ATB. En noviembre de 2019, en conferencia de prensa, Kaliman sugirió la renuncia del entonces presidente Morales en el marco de lo que parecían preparativos para un golpe de Estado.
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