Fabián Canda cuestionó la falta de “estudios de impacto ambiental” y “audiencias públicas que garanticen la participación ciudadana en cuestiones de interés público relevante, directamente vinculadas con la vida”.
Lo hizo en el marco de una causa por la comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), en la que solicitó el dictado de una medida de “no innovar diferenciada” para que suspenda provisionalmente los efectos de la autorización para comercializar la semilla, los productos y subproductos derivados.
Canda cuestionó la aprobación “sin haberse realizado previamente estudios de impacto ambiental, ni audiencias públicas que garanticen la participación ciudadana en cuestiones de interés público relevante, directamente vinculadas con la vida, salud pública, ambiente, economía, comercio y relaciones internacionales”.
El fiscal consideró, además, que la resolución cuestionada “constituye un acto estatal que debe ser dictado por un organismo altamente especializado en la complejidad técnica de la competencia que se le ha asignado”. También explicó que la resolución padece “vicios serios y graves” y que su motivación “posee un defecto insuperable”. Por último, agregó que la autoridad administrativa omitió invocar “fundamentos sólidos que tornen razonable la autorización comercial”.
Más tóxico que el glifosato
Se estima que en la Argentina ya hay sembradas unas 25 mil hectáreas de trigo transgénico repartidas en al menos siete provincias. Mientras se espera su aprobación por parte de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil (CTNBio), encargada de autorizar los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para su comercialización y uso en el país vecino, asambleas, productores, pueblos originarios y científicos se han unido en su rechazo.
En noviembre del año pasado, una “Carta Abierta de científicos/as argentinos/as al gobierno nacional sobre el trigo transgénico” advirtió que la incorporación del HB4 “incrementaría la frecuencia de las fumigaciones, extendiéndolas durante todo el año” y precisó que “el glufosinato de amonio es un herbicida que, mirado desde la seguridad alimentaria según FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa”.
“Hasta el momento –continuó el texto–, el uso del paquete tecnológico estaba particularmente asociado al cultivo de soja, maíz y algodón, cultivos principalmente vinculados a la producción de granos para forraje y aceites. El trigo, en cambio, es la base de la alimentación de las y los argentinos, ya que con él se elabora el pan y gran parte de nuestros alimentos basados en sus harinas. A partir de esta autorización, el trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario”.
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