Un fusilamiento policial, dos años sin Lucas Verón y tres causas abiertas

Este 9 de julio, Lucas Verón cumpliría 20 años. Pero fue asesinado hace exactamente dos, cuando festejaba sus 18. Lo fusilaron dos agentes de la Policía Bonaerense en La Matanza. Están detenidos y a la espera de un juicio inminente. Pero esa no es la única causa abierta. También se investiga por presunto encubrimiento a oficiales y jefes de la fuerza, y se espera que avance el enjuiciamiento del primer fiscal que intervino en el caso, sospechado de haber cometido –como mínimo- incumplimiento en los deberes de funcionario público. Tres eslabones de una misma cadena que va desde el gatillo fácil hasta el intento de impunidad.

El festejo de los 18 era acotado, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Pasada la medianoche del 9 de julio de 2020, Lucas había salido en moto a comprar una gaseosa antes de cortar la torta en su casa con dos amigos, mientras su mamá y su papá estaban en la pieza tomando mate. Eran alrededor de las dos de la madrugada cuando él y su amigo Gonzalo, alias “Moneda”, fueron al kiosco de Calderón de la Barca y La Bastilla, a pocas cuadras de su casa de Villa Scasso, a la altura del kilómetro 28 de la Ruta 3, en González Catán. Según el relato de Gonzalo, sobreviviente del accionar policial, un patrullero sin luces ni sirena comenzó a perseguirlos. A metros de la casa de Lucas, embistió la moto y los hizo caer. “Moneda” salió corriendo. Lucas recibió un tiro que entró por el pecho y salió por la espalda. Los agentes Ezequiel Benítez y Cintia Duarte lo dejaron tirado. El mes que viene se sentarán en el banquillo de los acusados.

“Desde la querella, que está representada por abogades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), consideramos respecto de la causa del homicidio de Lucas –y que también tiene una acusación por tentativa de homicidio de Gonzalo- que más allá de que podamos tener algunos reparos con la investigación, la prueba es tan contundente en cuanto a la participación de Benítez y Duarte, hoy ex agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que además robustece las acusaciones de la causa que llamamos ‘encubrimiento’. Es la que investigó las responsabilidades de la cúpula policial de La Matanza”, dijo la abogada Carla Ocampo, de la CPM. Y remarcó: “Se robustece esa acusación porque es evidente que no era tan difícil indagar y descubrir quiénes eran los asesinos de Lucas, sobre todo cuando teníamos testimonios tan relevantes y directos en cuanto a la participación de funcionarios policiales en el homicidio. Intentaron armar un circo de ‘no se puede saber quiénes fueron’, pero los relatos de los testigos coinciden con los registros que la Policía tenía de los movimientos del móvil. Fue una investigación extensa porque hubo que desandar todo un camino donde habían tergiversado elementos de prueba para no poder identificar a los homicidas”.

La letrada resaltó que los delitos de los jefes policiales investigados “no solo tienen que ver con falsificar declaraciones, también con detener a Gonzalo (que era menor de edad) y a su padrino de forma ilegítima para acusarlos de un robo y cambiar el foco de los hechos. La intención de ellos era encubrir. Si bien no están acusados de encubrimiento, va a ser el desafío que tenemos para el debate, que no tiene fecha todavía”. Aún resta que la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Matanza confirme que deben ir a juicio, como ya lo requirieron la Ayudantía de Gravedad Institucional y la jueza de garantías.

La tercera causa avanza con más lentitud aún. Es la que tiene en la mira al primer fiscal del caso, Juan Pablo Tahtagian. Por tratarse de un funcionario judicial, debe concretarse primero el proceso de juicio político (que ya está en instancias de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, según confirmó la abogada) que determine la suspensión o remoción del cargo. Recién entonces, la fiscal que tiene a cargo su acusación en la investigación por el crimen de Lucas podrá formalizar el llamado a indagatoria. El representante legal de Tahtagian es el abogado Raúl Braudy, ex jefe de Gabinete de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Un elemento que abona la teoría de su vinculación con la fuerza policial.

Cuando se cumplía el primer aniversario del crimen de Lucas, su familia ya denunciaba el accionar del fiscal y pedía su apartamiento, por su desempeño desde el mismo día del crimen. “Nos echa, nos dice que nos vayamos, cuando van dos chicos de 17 a declarar que habían visto el fusilamiento de Lucas, les toma declaración la misma policía: o sea el fiscal se los entrega a la policía. Mientras gritaba una mamá que no sabíamos quién era y era la mamá de Gonzalo, que manejaba la moto. A ese chico lo metieron en un calabozo y lo apretaron para firmar una declaración falsa de que estaban robando. Hubo privación ilegal de la libertad. Todo con el fiscal ahí dentro”, relataba por entonces a Tiempo Marina Mapelli, tía del joven fusilado. “El fiscal me decía ‘estarían vendiendo drogas’. Cumplía 18, salía para comprar una Coca porque estaba festejando con dos amigos. Tenían una torta y no toman alcohol. La policía les disparó, seguramente porque los confundió, es un lugar con muchas cocinas de droga. Este accionar de los policías dejó al descubierto que hay un montón de jóvenes que salen o van a estudiar y permanentemente son víctimas de maltratos terribles, abusos, gatillos de escopetas. No es de hoy, es una moneda corriente”, lamentaba la mujer.

En este segundo aniversario, familiares y organizaciones sociales convocaron a una jornada de reclamo y lucha contra la violencia institucional, con marcha hacia el lugar del crimen, acto y festival artístico. “Vamos a recordar a Lucas en el día de su cumpleaños, el mismo día de su asesinato. Con todo el barrio, las familias, las organizaciones barriales, sindicales, políticas, culturales, de derechos humanos. Con la marcha de carros y caballos en donde Lucas participaba de la carrera de sortija, marchando hacia su hogar, ya que fue asesinado por la policía Bonaerense a unos metros de la entrada a su casa”, recordó Mapelli, y exigió “nunca más violencia institucional. A lxs pibes se lxs cuida”.