La retórica de la motosierra no es solo una metáfora del ajuste: es una declaración ontológica sobre quiénes merecen existir como sujetos de política pública.
Enrique Dussel
Hay momentos en la historia de un país en que la crisis no es solo económica, ni social, ni institucional: es una crisis de sentido. Una crisis sobre qué entendemos por política, para qué existe el Estado y quién tiene derecho a ser reconocido/a como parte del Pueblo al que ese Estado debería servir. La Argentina que emerge bajo la presidencia de Javier Milei atraviesa, precisamente, ese tipo de fractura. No se trata únicamente de un ajuste fiscal sin precedentes, del desmantelamiento de organismos públicos o del ataque sistemático a derechos conquistados con décadas de lucha popular. Se trata de algo más profundo y, en cierta medida, más peligroso: la degradación de lo político como dimensión constitutiva de la vida en común. Para comprenderlo, recurrimos al filósofo argentino Enrique Dussel, cuya obra – especialmente su Política de la liberación y sus 20 tesis de política – nos ofrece categorías precisas para leer lo que está ocurriendo en la Argentina contemporánea. Y lo hacemos desde el Trabajo Social Crítico: esa tradición transdisciplinar que no puede ni quiere mirar la realidad con indiferencia, porque interviene en el territorio donde el sufrimiento social se vuelve cuerpo, hambre y exclusión. Sostenemos que hoy, más que nunca, la indisciplina crítica no es una opción: es una obligación ético-política.
Dussel establece una distinción fundamental que suele pasarse por alto en el debate cotidiano: la diferencia entre “lo político” y “la política”. Lo político refiere al campo de la acción humana orientada a la vida de la comunidad. Es la dimensión en que los/las sujetos/as se reconocen como parte de un nosotros/as colectivo, en que se delibera sobre el bien común, en que el poder emerge desde el Pueblo y para el Pueblo. En ese sentido, lo político es irreductible: forma parte de la condición humana en tanto somos seres que vivimos con otros/as.
La política, en cambio, es el conjunto de instituciones, normas, procedimientos y prácticas concretas a través de las cuales ese campo se organiza. Es el sistema de partidos, el Congreso, los ministerios, la administración pública, las políticas sociales. El problema surge cuando la política -las instituciones y sus funcionarios/as- se desconecta de lo político, es decir, de su fundamento en la voluntad y la vida del Pueblo. Dussel llama a esto “fetichización del poder”: el momento en que quienes ejercen el mando dejan de hacerlo como delegados/as del Pueblo y comienzan a ejercerlo como propietarios/as. El poder deja de ser obediencial -al servicio de quien lo delegó – y se convierte en dominación. Es exactamente lo que, con una velocidad inusitada, ha ocurrido en Argentina desde diciembre de 2023.
El gobierno de Milei no es simplemente un gobierno de derecha. Es un gobierno que ha hecho de la confrontación con “el pueblo” -entendido en sentido dusseliano como los/las excluidos/as, los/las que padecen- una política explícita y orgullosa. La retórica de la motosierra no es solo una metáfora del ajuste: es una declaración ontológica sobre quiénes merecen existir como sujetos/as de política pública. Cuando se eliminan Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social y Cultura —fusionándolos, reduciéndolos o directamente vaciándolos -, no se está simplemente “achicando el Estado”. Se está tomando una decisión sobre quiénes importan y quiénes no. Se está expulsando de la esfera de lo reconocible a los/las trabajadores/as, a los/las jubilados/as, a las infancias vulneradas.
Dussel señala que el poder fetichizado se reconoce en un síntoma inequívoco: el/la gobernante deja de escuchar las demandas del pueblo y comienza a percibir esas demandas como una amenaza. La protesta social se criminaliza. El reclamo se convierte en sedición. Los/as manifestantes, en enemigos/as. El Protocolo Antipiquetes, la represión de las movilizaciones en defensa de las Universidades Públicas, la estigmatización mediática de quienes se oponen, el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia como vía regia para eludir el debate legislativo: todo ello configura un patrón coherente de un poder que ya no se percibe a sí mismo como delegado, sino como propietario.
Lo que está en juego en la Argentina actual va más allá de los indicadores macroeconómicos. Lo que se está desmantelando es la arquitectura institucional y simbólica que hace posible lo político en el sentido que Dussel le confiere. Cuando se liquida el INADI, se clausura institucionalmente el reconocimiento de la discriminación como problema público. Cuando se vacía el CONICET y se expulsa a investigadores/as, se debilita la capacidad colectiva de producir conocimientos sobre nuestra propia realidad. Cuando se desmantela la política de Memoria, Verdad y Justicia, no solo se ataca el pasado: se erosiona el fundamento ético de la comunidad política, ese que dice nunca más como condición de posibilidad de un nosotros/as.
La degradación de lo político implica también la destrucción del lenguaje compartido que permite la disputa democrática. Milei ha introducido en el vocabulario público un conjunto de categorías-“la casta”, “los zurdos”, “los que viven del Estado” – que no buscan describir la realidad sino dividirla maniquamente entre los/las que “producen” y los/las que “parasitan”. Es un lenguaje que no habilita el diálogo: lo imposibilita. No construye ciudadanía: la fragmenta. Desde la perspectiva de Dussel, esto es precisamente lo que hace el poder fetichizado: reemplaza la voluntad de vivir del Pueblo – esa energía política que emerge desde las necesidades concretas de la vida – por la voluntad de dominar de una élite que se presenta como técnicamente superior y moralmente indiscutible.
No intervenimos en el plano de las abstracciones. Intervenimos en el territorio, en los barrios, en los comedores, en los hospitales públicos, en las escuelas, en las cárceles, en los refugios para mujeres en situación de violencia. Y desde ese territorio, la degradación de lo político no es un debate filosófico: es hambre, es enfermedad sin atención, es infancia sin futuro. Las trabajadoras y los trabajadores sociales somos, en muchos sentidos, los/las testigos más directos/as de lo que significa cuando el Estado retira su presencia de los territorios de mayor vulnerabilidad. Acompañamos a las familias que no pueden llegar a fin de mes con ingresos que el ajuste pulverizó. Vemos cómo se desfinancian los programas de atención a personas en situación de calle, de adicciones, de discapacidad.
Hemos argumentado, en trabajos anteriores, que el sufrimiento individual no es consecuencia de fallas personales ni de la mala suerte: es la expresión subjetiva de una organización social que produce exclusión de manera sistemática (Martínez y Agüero, 2008; 2014). Esa convicción no es abstracta: la construimos caminando el territorio, escuchando a los/las que padecen, tomando partido. Desde esa lectura, lo que el gobierno de Milei presenta como “libertad” es, en realidad, el abandono de los/las más vulnerables a las fuerzas de un mercado que los/las excluye antes de que puedan competir en él. Y lo que presenta como “fin del privilegio” es la eliminación de los pocos mecanismos que intentaban compensar las brutales desigualdades estructurales de la sociedad argentina.
Uno de los aportes más potentes de Dussel para leer el presente argentino es su concepto de exterioridad: la condición de quienes quedan fuera del sistema, de quienes no son reconocidos/as como parte del nosotros/as legítimo. Los/las pobres, los/las migrantes, los pueblos indígenas, los/las desempleados/as, las mujeres y disidencias sexo-genéricas, las personas en situación de calle son, en términos dussenianos, el Otro que el sistema no puede asimilar y que, por eso mismo, niega.
La política de Milei niega sistemáticamente esta exterioridad. No hay en su discurso un reconocimiento genuino de la existencia de sectores que no pueden “insertarse” en el mercado porque el mercado los/las expulsó antes que cualquier política pública. No hay comprensión de que la pobreza no es una elección moral sino una condición estructural producida por relaciones de poder históricamente sedimentadas. Para nosotros/as, intervenir con y desde esa exterioridad es una opción ético-política irrenunciable. No podemos -ni queremos – hacer Trabajo Social “neutral” en un contexto de ajuste brutal: toda intervención -o toda omisión – es ya una toma de posición política. Sostuvimos esto hace años y lo sostenemos ahora con mayor urgencia: la dimensión político-ideológica de nuestra praxis no es un añadido teórico, es su núcleo constitutivo.
La pregunta que emerge de este análisis no es menor: ¿en qué medida la democracia argentina sigue siendo tal cuando lo político se ha degradado hasta este punto? La democracia no es solo el procedimiento electoral. Es también la garantía de condiciones mínimas que hagan posible la participación efectiva de todos/as los/las ciudadanos/as. Es el reconocimiento de derechos sociales como condición de la ciudadanía real. Es la existencia de una esfera pública donde los conflictos puedan tramitarse sin que una parte sea previamente descalificada como enemiga.
Cuando se desfinancian Universidades Públicas, se ataca el acceso al conocimiento como bien común. Cuando se estigmatiza a quienes protestan, se criminaliza el disenso. Dussel nos recuerda que la democracia genuina no es solo formal: requiere que el pueblo – en su diversidad real, incluidas sus fracciones más vulnerables – pueda ejercer efectivamente la soberanía que, en teoría, le pertenece. Cuando ese ejercicio se torna imposible, no estamos ante una democracia que funciona mal: estamos ante una democracia que está siendo vaciada de contenido.
Compartimos con Dussel un horizonte ético común: la apuesta por la vida, por la dignidad de todos/as los/las seres humanos/as, por la posibilidad de construir una sociedad en que nadie quede excluido/a del reconocimiento y del cuidado colectivo. Ese horizonte no es utopía vacía. Es la brújula que orienta nuestra práctica cotidiana junto a los/las más castigados/as por la desigualdad. Y es también una categoría política: la voluntad de vivir del pueblo, como dice Dussel, es la fuente más profunda del poder político legítimo.
La Argentina de Milei ha elegido otro camino: el del poder que se vuelve contra quienes debería servir, el del ajuste que se celebra como virtud, el de la exclusión que se disfraza de libertad. Nombrar esto con claridad no es hacer “política partidaria”. Es ejercer la responsabilidad intelectual y profesional de quienes no podemos – ni queremos – mirar para otro lado cuando lo que está en juego es, literalmente, la vida de millones de compatriotas. En este sentido, el análisis crítico no es un lujo académico. En tiempos como estos, es una forma de resistencia.
Silvana Martínez. Doctora en Ciencias Sociales. Directora del Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Directora del Grupo Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico Centro Miembro de CLACSO.
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