Cuatro personas ya fallecieron como consecuencia de hechos relacionados con las protestas que se registran en diversos puntos del país tras la aprobación el 20 de octubre de la Ley 406 que avaló el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
«La Policía Nacional aprehende a un adulto mayor presuntamente vinculado a un hecho donde dos personas pierden la vida registrada en el distrito de Chame», 80 km al oeste de la capital dijo la institución en X, antes Twitter.
En las redes sociales circularon videos en los que se ve a un hombre disparando contra un manifestante en medio de la Carretera Interamericana, que une a Panamá con el resto de Centroamérica.
Estas son las primeras víctimas fatales que dejan las protestas iniciadas el 20 de octubre contra el contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
La policía publicó también una foto donde el detenido, un hombre mayor, de cabello cano, con anteojos y camisa gris, aparece sentado y esposado de una mano a un tubo, aparentemente dentro de un cuartel o camión policial.
La Fiscalía dijo que inició «investigaciones por delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de dos personas que se encontraban en un cierre de vías», por lo que «se mantiene una persona aprehendida».
Varias avenidas de la capital fueron cerradas por pequeños grupos de manifestantes, mientras permanecen bloqueados desde hace días diversos tramos de la ruta Interamericana, afectando el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles, recogió la agencia de noticias AFP.
Para calmar el malestar ciudadano, el Congreso aprobó la semana pasada una moratoria de la minería metálica y acordó dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el polémico contrato con FQM, que permite la operación por 40 años de la mina.
Los ambientalistas quedaron satisfechos con la medida al considerar que en vez de que el contrato sea anulado por ley debe ser la Corte la que lo declare inconstitucional para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
Pero el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, gremios de maestros y otras organizaciones insisten en que el contrato debe ser anulado por ley, por lo que continuaron con las protestas y los bloqueos de rutas.
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