El crimen ocurrió en Córdoba en octubre del año pasado. En primera instancia, el detenido fue considerado inimputable, pero luego de nuevas pericias ordenadas por el fiscal, determinaron que podría ser enviado a juicio en los próximos días.

Apenas ocurrió el crimen, el fiscal Guillermo González imputó a Casiva por homicidio simple. Pero con el avance de la investigación decidió cambiar la calificación legal por homicidio agravado por violencia de género, entendiendo que el hecho lo cometió en contra de una mujer con características diferentes pero por su condición de mujer, aunque no existía relación entre ellos.
«Luego de recibir el resultado de la primera pericia, desconfié y por eso pedí una nueva, que finalmente demuestra lo que sospechaba, que Casiva era consciente de sus actos. Existieron conductas para nada erráticas que rodeaban el hecho que hicieron presumir que el sospechoso comprendía en todo momento lo que estaba haciendo», aseguró el fiscal en declaraciones a la prensa local.
El hecho sucedió el 17 de octubre del año pasado. Azul Montoro tenía 24 años y era trabajadora sexual. La investigación descubrió que esa madrugada Casiva se entrevistó con varias compañeras de la joven, habló con Azul y luego se fueron juntos. Horas más tarde, una de las compañeras la encontró en su habitación con 18 heridas de arma.
El caso es histórico ya que se aplica el agravante de femicidio a un homicidio calificado en un caso que el fiscal comprendió que Azul era mujer y los antecedentes de violencia de género permiten caratular la causa de esta forma, por lo tanto el acusado tendría una pena de 35 años de prisión.
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