Entre los tres casos planteados como ejemplo para implementar la atención basada en la comunidad, resaltan la experiencia de Brasil, la de la ciudad de Trieste en Italia y el actual proceso de transformación en territorio bonaerense.
El documento promueve, de manera simultánea, una reforma de los entornos que influyen en la salud mental, con el fortalecimiento de los servicios basados en la comunidad -entendidos como aquellos dispositivos de salud mental que prestan atención por fuera de los institutos monovalentes o neuropsiquiátricos- resaltando que la desinstitucionalización puede mejorar la calidad de vida de las personas que viven con problemas de salud mental y protegerlas de una amplia gama de violaciones de derechos humanos.
En este sentido, el texto advierte que los servicios de salud mental no solo deben ser accesibles, disponibles, centrados en la persona y orientados a la recuperación, entre otros atributos, sino que también deben promover la autonomía –recordemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, apunta centralmente a ese objetivo-, la capacidad jurídica (igual reconocimiento ante la ley), la no coerción indebida, la confidencialidad, y la participación e inclusión comunitaria.
El mismo destaca tres casos en el mundo de cómo se puede efectivizar en la práctica la atención basada en la comunidad y cómo ésta se puede lograr a través de la reforma del sistema de salud mental: la experiencia de Brasil, la de la ciudad de Trieste en Italia, y el actual proceso de transformación en la provincia de Buenos Aires en nuestro país.
El documento señala que “en la provincia de Buenos Aires, entre enero de 2020 y junio de 2021 el número de personas en instituciones se redujo de 1810 a 1391. Esto se logró mediante la suspensión de internaciones prolongadas, el otorgamiento de un apoyo económico para acompañar a 381 personas en proceso de externación y la provisión de apoyos para la vida en comunidad a 306 residentes dados de alta. Los residentes dados de alta cuentan con el apoyo de los servicios comunitarios de salud mental existentes”.
La desinstitucionalización de personas que han quedado abandonadas por años en instituciones de salud mental, por razones sociales y económicas y no por necesidad de salud, es un aspecto fundamental de toda reforma en salud mental porque implica devolverle la dignidad a personas que habían quedado apartadas de la sociedad de manera permanente. Pero también implica poder reorientar el sistema para atender la creciente demanda de salud mental de la población a través de toda la red asistencial, y no exclusivamente en establecimientos psiquiátricos, y en ese sentido la gestión de salud de la provincia de Buenos Aires ha avanzado sumando camas y profesionales para mejorar la accesibilidad.
Los debates que se han dado en nuestro país en los últimos meses vinculados a la ley nacional de salud mental han devenido en dos posiciones que se podrían sintetizar en: aquellos que plantean que se necesita una reforma de la ley, sin precisar claramente cuál sería su alcance y los artículos a modificar, y aquellos que plantean que el problema no es la norma sino su implementación, entre los que se destacan las posiciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), los responsables del área de salud mentalde todas las provincias del país (COFESAMA), el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Federación de psicólogas y psicólogos, y una gran cantidad de espacios académicos, entre otros.
Sin perjuicio de la evolución de ese debate, es importante tener en cuenta que la transformación del modelo de salud mental para lograr la inclusión social de las personas, evitar la institucionalización prolongada e innecesaria, ampliar el acceso a la atención oportuna, y proteger los derechos de las personas, no es un invento argentino ni una ocurrencia trasnochada de una persona, sino que constituye una concepción global de política sanitaria sostenida e impulsada por la Organización Mundial de la Salud,que cada país debe adaptar a su realidad, pero sin perder de vista los principios fundamentales de derechos humanos que deben orientar la respuesta estatal en salud mental en pleno siglo XXI.
Leonardo Gorbacz es psicólogo, Director Nacional de protección de grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y es autor de la Ley Nacional de Salud Mental. Sonia Knoll es abogada y asesora de esa Dirección.
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