Un juez le negó la prisión domiciliaria a un preso por considerar que estará mejor en la cárcel

El juez en lo Correccional de San Martín, Claudio César Frega, rechazó la posibilidad de que Juan Ramón Gómez Bogado, un preso con alto riesgo de muerte si llegara a contraer coronavirus, continuara el proceso penal en su casa, tal como lo establece una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para este contexto excepcional dado por la pandemia y la cuarentena obligatoria. En el fallo consideró que sería peligroso para su familia.

Gómez Bogado, quien está preso desde abril del año pasado acusado de los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma en dos oportunidades y abuso de armas en contra de unos vecinos, padece una colostomía normofuncionante de larga data, antecedentes de tuberculosis, fractura de fémur derecho y miembro superior izquierdo, por lo que está limitado para movilizarse y llevar una vida normal.

La decisión de Frega fue la semana pasada. Poco antes, el 17 de marzo, en función de lo dispuesto por la Suprema Corte, Gómez Bogado había sido beneficiado con la atenuación de la prisión preventiva: debía seguir su proceso en la casa de su pareja, en Cabildo 5043, en Villa Ballester, partido de General San Martín, bajo el control del sistema de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario. Pero la fiscalía apeló y la medida no quedó firme.

Según el juez, tras escuchar a María Belén Tolosa, la pareja del sospechoso, se estableció que el detenido conviviría con una mujer de 70 años y cinco menores de edad de 10, 9, 8 y 4 años y una beba de un mes de vida. “Sin desconocer las patologías de larga data que registra el encartado, no encuentro que las mismas configuren circunstancias excepcionales a las que alude el art. 170 del CPP ya que por un lado la pandemia del COIV-19 a la fecha no ha alcanzado a la población carcelaria, por lo que por el momento no encuentro peligro alguno al contagio de la misma”, señaló Frega en su resolución.

“Por otro lado encuentro que a la fecha se encuentran vigentes tanto el peligro de fuga como el entorpecimiento en la investigación ya que no han desaparecido los fundamentos que motivaron el dictado de su prisión preventiva, no siendo un dato menor que el domicilio aportado continua siendo el mismo que se encuentra a sólo 200 metros de la vivienda de las víctimas y de una de las testigos”, agregó el magistrado, quien advirtió que “llevaría más riesgo para la salud del encartado e incluso de su familia, llevar a cabo una convivencia en cuarentena en dicho lugar”.

Frega precisó que “Gómez Bogado se encuentra detenido desde hace más de 11 meses y se encuentra acusado de un delito cuya pena en expectativa mínima es de un año de prisión, no obstante lo cual la fiscalía estimó justa la imposición de una pena de 2 años y 6 meses de prisión y su declaración de reincidencia”. Vale decir que en estas semanas se pospuso al menos en dos oportunidades el debate oral en contra del imputado. 

En diálogo con Tiempo, Juan Manuel Casolati, el abogado del detenido, se quejó de la actitud del juez: “Frente a situaciones extraordinarias es absolutamente inentendible como un magistrado puede faltar el respeto a la familia y al detenido que defiendo manifestando que este estará mejor en la cárcel que con su familia”.

“Rechaza –continuó el abogado defensor- el pedido de excarcelación de mi pupilo, quien padece múltiples enfermedades y precisa de bolsas de colostomia que el Servicio Penitenciario Bonaerense no le provee. Con el argumento que de permitirle que vaya a su casa podría enfermar a las personas que habitarían con él. Es de una arbitrariedad única e increíble, omite y vulnera las resoluciones de la Suprema Corte”.

Encuentro del Comité de Crisis en las cárceles por el coronavirus

Hoy temprano se realizó el primer encuentro virtual del Comité de Crisis contra el coronavirus en las cárceles bonaereses, creado para analizar diferentes medidas en los lugares de encierro. De la reunión, participaron el ministro de Justicia, Julio Alak; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín; el presidente de la Suprema Corte, Eduardo de Lazzari, y el procurador General bonaerense Julio Conte Grand.

El comité de crisis fue creado el 19 de marzo pasado para supervisar la aplicación de medidas de seguridad sanitarias en las cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires con el fin de mitigar la propagación del Covid-19.

Hasta el momento se tomaron varias acciones preventivas en los establecimientos penitenciarios, entre ellas, la suspensión de las actividades educativas y extracurriculares de todos los presos, aunque se permite que los docentes envíen los materiales de estudio con los recaudos de bioseguridad.

Además, se limitó de manera transitoria el ingreso de las visitas de mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, inmunosuprimidas, en tratamiento oncológico o que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida o insuficiencia renal.