Un juicio atravesado por la política y la militancia «provida»

La defensa de Rodríguez Lastra es encabezada por el abogado penalista Damián Torres, oriundo de Viedma y apoderado de Juntos Somos Río Negro, el partido provincial que lidera el actual gobernador Alberto Weretilneck. También es asesor de esa fuerza en la Legislatura provincial. Desde el gobierno rionegrino hay un mutismo respecto a este caso. En off, fuentes gubernamentales consideraron que «por una cuestión ética» habría correspondido que Torres no tomara el caso, teniendo en cuenta que la denunciante, Marta Milesi, es una diputada del mismo partido. Entre sus antecedentes como penalista figuran la defensa del abogado José «Fan» Aguirre, acusado de corrupción de menores con facilitación de la prostitución, y la de uno de los policías acusados en El Cóndor de abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra una compañera de la fuerza.

Torres es además un ferviente practicante de una iglesia evangélica y defensor de «las dos vidas». Así lo manifestó al salir de una de las audiencias: «Esta es una causa completamente noble que Dios me ha dado la posibilidad de defender». Su colega en la defensa del ginecólogo es el exsecretario de Hacienda de Bariloche, Diego Breide, también notorio militante «provida».

Milesi cuestionó en diálogo con Tiempo el alegato de Torres. «Entiendo que se planteen estrategias, lo que no puedo entender es que la defensa tire golpes tan bajos», afirmó, porque «terminó diciéndole al juez que su defendido debía ser absuelto porque hay una criatura de dos años que, cuando tuviera 15, le iba a agradecer que le salvó la vida, todo esto delante de la víctima, que se descompensó, empezó a llorar. Habíamos logrado que se mantuviera fuerte y estuviera en las audiencias, pero todo se vino para atrás».

Durante su alegato, con tono amenazante, Torres hizo una clara defensa de la corporación médica. A modo de advertencia, se dirigió al juez Álvaro Meynet: «¿Usted se da cuenta de que este caso puede poner en muchísima inseguridad jurídica a todos los médicos, no sólo de Río Negro sino de todo el país?». Luego recordó que a partir de este caso todos los ginecólogos del Hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti, se declararon objetores de conciencia. La ley, sin embrago, establece que dicha declaración debe ser realizada durante los primeros 30 días de contratación en la institución. «