Un laboratorio represivo

Un ejemplo al respecto lo encarna el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, Pablo Baca. El tipo, junto a sus pares, había ratificado durante la mañana del 18 de enero la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala en la causa conocida como “Pibes Villeros”; pero sin suponer una revancha del destino. Ocho días después, El Cohete a la Luna –la revista digital de Horacio Verbitsky– difundió en un artículo firmado por Alejandra Dandan el audio de una conversación telefónica que mantuvo con una amiga en agosto de 2019 –cuando él aún era vocal de ese cuerpo–, donde se lo oye incurrir en un embarazoso “sincericidio”: “Milagro está presa porque este bendito tribunal entiende que ella suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”. Y lo dijo entre otras reflexiones no menos comprometedoras.  

El asunto –según confió a Tiempo una fuente del Ejecutivo provincial– hizo que el gobernador Gerardo Morales palideciera. Y tras un pesado silencio esgrimió la siguiente valoración: “¡Qué pelotudo!”

Baca, un individuo de su confianza, acababa así de oficializar algo que sólo el mandatario consideraba un secreto de Estado: la promiscuidad entre el poder político y la Justicia local con fines de disciplinamiento y persecución.

Tal fue la hazaña institucional de Morales: un laboratorio represivo con recetas dignas de ser aplicadas en todo el territorio nacional. Eso se creía en la Casa Rosada ya con Mauricio Macri como flamante inquilino. Corría el 11 de diciembre de 2015.

El Gobernador no había perdido el tiempo. Luego de asumir se apuró en mandar a la Legislatura un proyecto para ampliar de cinco a nueve el número de integrantes del STJ. Así instaló en el máximo tribunal a diputados radicales de su confianza, junto con parientes de sus funcionarios. Y en su presidencia fue colocada Clara Langhe de Falcone (a) “Titina”, quien nombró a su yerno, Gastón Mercau, como titular del juzgado ad hoc para causas contra militantes de la Tupac –hasta su reemplazo por el implacable Pablo Pullén Llermanos–, mientras el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, ponía a su amante, la doctora Liliana Fernández de Montiel, en la fiscalía competente en aquellos mismos expedientes.

Dicho sea de paso, el trámite parlamentario no le llevó al Gobernador más de 24 horas, y dos de sus elegidos acababan de votar tal ampliación en su condición de legisladores. Uno de ellos era Baca.

El esquema jurídico de la Republiqueta de Morales se complementó con otra herramienta inquisitorial: le reforma al Ministerio Público, cuya ley fue escrita por el fiscal general Sergio Lello Sánchez a la medida de sus propias ambiciones. Aquel hombre es en Jujuy otro viejo pájaro de cuentas.

Así se diseñó la arquitectura judicial para convertir a Milagro Sala en un cadáver político. O en un cadáver a secas.

Ella fue detenida el 16 de enero de 2016. Desde entonces está a merced de 16 causas kafkianas, con idas y vueltas carcelarias intercaladas con un rigurosísimo régimen de prisión domiciliaria.

En diciembre, tras la asunción de Alberto Fernández, doña Langhe de Falcone puso el grito en el cielo: “¡No vamos a permitir que (Milagro) quede libre!”. Dicha frase le costó la presidencia del STJ. «