Un mensaje con perspectiva de género, pero sin correlato en las políticas públicas

Mauricio Macri nombró cuatro veces a las mujeres en su discurso de apertura de sesiones legislativas. Primero como madres y cuidadoras. Después, como víctimas de violación. Luego como víctimas de abuso y por último como madres que «combaten contra la droga en el barrio». Más allá de haber elegido mayoritariamente roles de sumisión, no hizo ningún anuncio para resolver estas cuatro problemáticas, ni ninguna otra demanda relacionada con los derechos de las mujeres.

En la misma semana en la que el Estado tucumano torturó a una nena de 11 años al obligarla a parir tras haber sido violada, Macri tomó posición sobre el tema: «La violación a una niña es doblemente despreciable. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado, que no pudo protegerlas antes, debe estar ahí para garantizarles sus derechos», sentenció.

Luego, en respuesta a la doble, y a veces triple, jornada de trabajo de las mujeres, Macri apeló al «cambio cultural» para lograr una «crianza compartida», como respuesta a la falta de políticas públicas de cuidado.

Más allá de los comentarios auspiciosos del presidente, los números del Presupuesto 2019 se muestran lejos del relato presidencial, según el análisis con perspectiva de género que elaboró el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), donde se evidencia una «disminución de partidas presupuestarias claves en el logro de la igualdad de género».

El dato más relevante es la baja presupuestaria que sufrió el organismo rector de las políticas de género: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). De 211.500.000 millones de pesos adjudicados en 2018, se pasó a 234.394.881 en 2019. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, al tener en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del Presupuesto (34,8%), implica una caída del 18% en términos reales.

También se redujeron partidas asignadas al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia (PNA), que se redujo un 55% en términos reales, y las líneas de atención telefónicas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 24,6%. Además, el Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente Ellas Hacen) se redujo en términos nominales en un 25% mientras que en términos reales implica una pérdida del 44 por ciento.

Sí se produjo un incremento en la partida asignada al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable que pasó de tener 245.506.635 a 560.344.785 pesos en el proyecto de 2019, lo que constituye en términos reales un aumento del 69%. No obstante, la partida destinada a la reproducción médicamente asistida bajó de 13.227.146 a 7.003.830, lo que supone una reducción de casi el 61% en términos reales.

En el mismo sentido, el programa de Fortalecimiento de Educación Sexual Integral (ESI) pasó de recibir $ 21.852.645 (en la Ley de Presupuesto 2018) a $ 102.906.633 en la propuesta para 2019. Dese ELA evalúan que «este avance en los recursos destinados a dos aspectos claves de la autonomía reproductiva es sin duda producto de la marea verde que a pesar de no lograr el derecho al aborto legal visibilizó la importancia de que se cumpla la ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país y las políticas vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos».

Será ley

El año pasado Macri habilitó el tratamiento legislativo del derecho al aborto. Si bien no fue ley todavía, el debate público logró la despenalización social. El FpV y el FIT votaron de manera casi unánime a favor. Pero la grieta entre conservadores y liberales se abrió en Cambiemos y Argentina Federal. Un escenario parecido encontrará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El diputado de corbata verde, Daniel Lipovetzky, del PRO, que llevó adelante el plenario de comisiones y trabajó a favor de la sanción, adelantó que presentará por octava vez el proyecto, junto a otros diputados de todas las fuerzas políticas. En tanto, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, confesa antiderechos, se lanzó como precandidata a gobernadora dentro de Cambiemos para capitalizar el voto de una provincia cuyo estado obliga a parir a las niñas. «