Un mes clave para el futuro electoral del peronismo

Por: Gimena Fuertes / Martín Piqué

La definición del conflicto judicial que derivó en la intervención del PJ por parte de un aislado Luis Barrionuevo está en manos de la Cámara Electoral. El desplazado titular del partido, José Luis Gioja, espera que los jueces revoquen el fallo antes del 18 de mayo, fecha del próximo congreso partidario.

La intervención judicial del PJ logró darles centralidad a nombres que estaban en los márgenes. Les aportó una marquesina iluminada. Minutos en televisión, una foto en los diarios. Hasta el propio Luis Barrionuevo, que en términos individuales tiene poder (la histórica sociedad con Enrique Nosiglia, el triángulo que lo une con la jueza electoral María Servini y el fiscal de la UFIMA Eduardo Miragaya, su pretensión de ocupar el rol que supo tener Gerónimo «Momo» Venegas, el de armador sindical de Cambiemos), no puede disimular cierto aislamiento. Ningún dirigente de peso lo defiende. Al menos en público. Pero la iniciativa acuñada en las sombras sí logró algo que en política cotiza y no abunda: obligó a todos los actores del peronismo a condicionar y adaptar sus acciones a la espera de la definición de la cautelar apelada por José Luis Gioja. El futuro inmediato del PJ depende de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que encabezan Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. Gioja dice estar confiado. Anticipa, a quien quiera escucharlo, que los camaristas revocarán el fallo de Servini.

Corcuera y Dalla Vía tienen mucha experiencia en sus lides. En el ambiente judicial es vox pópuli que no se llevan bien con Servini. Por su ámbito de competencia, los dos tienen un perfil inevitablemente «político». Los visitantes que fatigan la sede de la CNE de Leandro N. Alem al 200 suelen decir que, sin perder imparcialidad, representan a los dos partidos históricos de la Argentina. El tribunal de 2ª instancia también está inmerso en el debate sobre la conveniencia, o no, de implementar la boleta única de papel o el voto electrónico en 2019. Ambos camaristas tienen sus preferencias e intereses. Además, en la última semana, un artículo de Página/12 hizo visible una polémica que promete escalar: el acuerdo suscripto por los propios Corcuera y Dalla Vía con la ONG Argentina Debate para que esa entidad organice nuevamente el debate presidencial, como sucedió con Macri y Scioli en 2015. 

En la oposición crece la sospecha sobre la imparcialidad de una ONG cuya titular, Ivana Karina Román, figura en la propia web de la CNE como aportante privada de Cambiemos para la presidencial de 2015 con 1 millón y medio de pesos. El esposo de Román, Ricardo Mihura Estrada, hizo dos aportes para el macrismo en la misma elección: 750 mil pesos y 731 mil pesos. Otro dato sugestivo es que el expresidente de la ONG Argentina Debate, José Octavio Bordón, es el actual embajador en Chile. En este contexto, con la discusión sobre la forma de votación y la imparcialidad del debate televisivo sobrevolando a la CNE, Corcuera y Dalla Vía definirán el futuro del PJ. Lo que hagan estará bajo el foco de la Casa Rosada y del principal partido de oposición. «El PJ es un partido muy importante en la política argentina. Lo vamos a mirar (al expediente) con mucha atención», declaró Dalla Vía en diálogo con el sitio web A24, del Grupo América. 

En el peronismo creen que la resolución de la CNE no demorará mucho. Hay quienes hablan de un plazo de «20 días». Sucede que para dentro de un mes –el viernes 18 de mayo– está convocado el congreso del PJ nacional, máximo órgano deliberativo del partido. La intención de Gioja es que para esa fecha ya se haya resuelto el caso, con él restituido en la presidencia. «Ese día relanzaremos al peronismo», vaticinan desde San Juan. Los trámites avanzan a su ritmo: los apoderados del PJ –Patricia Blanco y Eduardo López– presentaron los fundamentos de la apelación el jueves pasado. Servini le dio tres días al gremialista Carlos Acuña, impulsor de la intervención, para que conteste. Cumplidos esos pasos procesales, el caso será elevado a la Cámara. 

En el PJ predomina el optimismo sobre el litigio legal. Pero nadie quiere pecar de ingenuo y que lo tomen por sorpresa. Eso explica por qué en la última semana el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, instruyó a sus colaboradores para que aceleren los trámites en respuesta a los requerimientos de la justicia electoral. Quiere tener listo a su partido, Compromiso Federal (CF), que cuenta con personería nacional. En los últimos 15 días, los puntanos llevaron adelante un raid de actividades: tanto en la sede de CF, de Rivadavia al 2100, como en el departamento porteño de Rodríguez Saá y la Casa de la Provincia de San Luis. Hubo reuniones de trabajo pero también cenas con dirigentes y personalidades de la cultura: «el Alberto» compartió el rol de anfitrión con el chaqueño Jorge Capitanich. También el cristinismo viene ajustando sus herramientas electorales: los partidos Kolina, Nuevo Encuentro, el Frente Grande y el Partido de la Victoria, también con personería nacional. La hiperactividad refleja que el proyecto de #Hay2019 no se detiene.  «

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