Un pacto incumplido por el massismo quebró el equilibrio en Diputados

Mauricio, nos avisan que en Diputados le van a dar a Massa una caja para que haga política y arme estructura en todo el país para las elecciones del año que viene», le advirtió un mensaje de texto al presidente, Mauricio Macri. «Voy a averiguar», respondió secamente Macri.

La «caja» es, en rigor, un geiser de dinero que denunció el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, cuando en las redes sociales advirtió sobre una negociación entre Cambiemos y el Frente Renovador para sacar leyes con beneficios mutuos. La caja a la que se refería Rizzo es nada menos que la matrícula federal, es decir la habilitación para abogados de todo el país para litigar en los fueros federales y ante la Corte Suprema de Justicia. Las principales causas federales en el país no son las de corrupción, ni las de drogas. La mayor cantidad de juicios federales son los previsionales.

El proyecto original que habían pactado el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el propio Massa, contemplaba que los abogados debían sacar una matriculación adicional, y le transfería la tarea a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), una entidad civil encabezada por Eduardo Andrés Massot, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, la provincia de la que son oriundos dos jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El gobierno obtenía, a cambio, el apoyo para la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal –para esmerilar definitivamente a Alejandra Gils Carbó– y avanzar en el proyecto Justicia 2020, que impulsa el ministro Germán Garavano. 

La introducción veloz de los temas en el orden del día fue firmada por tres diputados massistas: Alejandro Grandinetti, Horacio Alonso y Raúl Pérez. Rizzo se enteró y puso el grito en el cielo, pero sus ¿antiguos? aliados en el PRO, entre ellos el secretario de Legal y Técnico del gobierno nacional, Pablo Clusellas, y el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, apenas le «clavaron el visto» a los mensajes de WhatsApp.

Entonces lo llamó a Massa. Tras una serie de cabildeos, el Frente Renovador modificó parcialmente el proyecto, pero se aseguró la inclusión de un bono que los abogados deberían pagar en el inicio de cada expediente, equivalente al 0,5% del sueldo de un juez federal de primera instancia. Actualmente, en la Capital Federal ese bono existe y cuesta unos 100 pesos; en casi todo el interior del país es gratis. Con la nueva ley, pasará a costar unos 500 pesos. Multiplicado por cada expediente, es una fortuna. Una fuente de recursos frescos capaz de costear una campaña política a nivel nacional.

Cambiemos aprobó ese proyecto. Incluso con la adhesión tácita de los diputados que se oponían: Daniel Lipovetzki, Alvaro González y Pablo Tonelli se abstuvieron. Pero Rizzo denunció en las redes sociales el acuerdo con Massa y, en ese contexto, la aliada oficialista Elisa Carrió salió a los medios denunciando acuerdos “oscuros” entre el oficialismo y el Frente Renovador, y además calificó la reforma del Ministerio Público Fiscal como “inconstitucional”. 

La iniciativa (la contraparte del acuerdo) naufragó. Pero a Cambiemos le interesaba aprobar otro proyecto, conocido como PPP (participación pública y privada), una formidable usina de negocios que abre las puertas al capital privado en obras públicas, en condiciones ventajosas de participación y rentabilidad.

El Frente Renovador no acompañó al oficialismo. En el WhatsApp del interbloque de Cambiemos hablaron de “traición”; incluso el diputado radical Mario Negri prometió: “No vamos a olvidar”. Pero tampoco él quedó bien parado, ni mucho menos ileso, frente a sus pares.

Todas las miradas apuntan a Angelici como gestor del nuevo descalabro.