El oficialismo ha repetido hasta el cansancio que si el Parlamento no aprueba la Ley Ómnibus “vamos camino a otra crisis”. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en esta línea que “en la medida en que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, y los argentinos van a sufrirlas más”.
El funcionamiento de la democracia no es un proceso “exprés”, justamente requiere tiempo. Cuando algunos/as legisladores/as planteamos que la Ley Ómnibus tiene que tratarse en 25 comisiones debido a la diversidad de temas que incluye, no es un capricho: en el proyecto hay temas de salud, educación, energía, ambiente, finanzas, cultura, reforma política, multiplicidad de delegación de facultades al Ejecutivo, y otros tantos. El gobierno decidió que se gire sólo a tres comisiones y presiona para que se apruebe rápido, aunque son aspectos muy sensibles y deben tener el tratamiento adecuado.
El proyecto de Ley Ómnibus es amplísimo. Y requiere un estudio y un debate profundos, no se puede votar en un mes. Un ejemplo de temas muy conflictivos: en la reunión de las comisiones de Diputados, el secretario de Finanzas dejó en claro que “la propuesta de esta ley es que se liquide el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”. Las inversiones del FGS en títulos públicos se consolidarán (es decir, desaparecerán) y está previsto que las acciones de empresas privadas que posee el fondo citado “reviertan al Tesoro porque es el mismo Tesoro el que se está haciendo cargo de las jubilaciones por el déficit del sistema (de reparto)”.
Cuando el gobierno anterior propuso llevar a cabo un canje de bonos en dólares del FGS por bonos en pesos, la oposición de entonces salió a criticar la medida con vehemencia. Se dijo que “jugaban a la timba con la plata de los jubilados”; que se quería generar un “vaciamiento” del FGS, que “se descapitalizaban los ahorros de los jubilados y trabajadores argentinos”, entre otras expresiones de igual tenor.
En ese momento, legisladoras y legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, y también presentaron un amparo, que entre otros alegatos sostenía que la Ley 27.574 (de noviembre de 2020) procuró el “blindaje de los activos del FGS”, al disponer que estos sean usados para el pago del sistema previsional argentino. Llamativamente, la Ley Ómnibus no deroga esta ley.
En el informe a las comisiones de Diputados, se indicó que el sistema de reparto cubre sólo el 50% del pago de jubilaciones, y se resaltó que en el actual sistema (que remplazó a las AFJPs) el pago de las jubilaciones forma parte también del déficit del Tesoro. Si el objetivo es reducir al máximo el gasto público para eliminar el déficit, puede pensarse que el sistema de reparto está también en la mira de este gobierno.
Acuerdo con el FMI
En la semana se llegó a un acuerdo con los equipos técnicos del Fondo para el desembolso –previa aprobación del Directorio— de fondos que se utilizarán para cancelar vencimientos asociados al empréstito del organismo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, sin pasar por el Congreso. Resulta importante mencionar este asunto, puesto que en la semana en la cuenta de la Oficina del Presidente Javier Milei se aseguró que el acuerdo con el FMI “le permitirá (al Estado) disponer de 4700 millones de dólares de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández”. Una noticia cuya falsedad salta fácilmente a la vista.
El presidente señaló que la negociación que se llevó a cabo fue la más rápida “de la historia”. Resulta lógico, ya que en la campaña los actuales funcionarios ya habían avisado que superarían por lejos las metas de ajuste que el FMI exigía a nuestro país.
El comunicado del FMI hace alusión a la “herencia”, contradiciéndose con su visión de mediados del año pasado, cuando valoraba “las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal”. Se pasa por alto, además, los efectos de la sequía, un factor al que el organismo en anteriores revisiones le otorgaba un lugar central.
El FMI, en su comunicado, expresa que “se ha emitido un Decreto de Urgencia (llamativamente no se menciona que sea de “necesidad”) y una Ley Ómnibus se ha enviado al Congreso para apoyar los planes del gobierno de estabilidad y crecimiento”.
También se afirma que “las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis”, y que “el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar”. Menciones muy en línea con el razonamiento oficial y que llevan a recordar “el segundo semestre” y “la luz al final del túnel” de la gestión macrista, que ya sabemos cómo terminó.
Acerca de la relatividad
En la semana se conoció el primer dato de inflación de la actual gestión de gobierno, que se aceleró hasta el 25,5% en diciembre, niveles mensuales no vistos en décadas. El presidente, antes de que se conociera el dato del INDEC, señaló en una entrevista que “si el número está cerca del 25%, será un éxito” de la política económica del gobierno. ¿Es acaso un éxito que la inflación se haya duplicado en el primer mes de gobierno (aunque el recambio presidencial fue el 10 de diciembre), que los gastos de salud hayan aumentado un 32,6% y los alimentos y bebidas no alcohólicas un 29,7%? Para lograr este supuesto éxito, afirmó Milei, “hicimos que la gente no tuviera pesos”.
No obstante, todavía hay que sufrir bastante más, ya que –sostuvo— “aún debe haber un proceso de acomodamiento de precios relativos”. En rigor, acomodar los precios relativos significa que algunos precios de la economía suben y otros quedan retrasados, de lo contrario se estaría siempre en el lugar inicial. En esta orientación, serán, como se está viendo, los salarios, las jubilaciones y otros ingresos fijos los grandes perdedores de un esquema que ya está modificando de manera abrupta la matriz de distribución del ingreso y la riqueza.
El presidente también sostuvo que la idea es privatizar el Banco Nación, como todas las empresas del Estado, y reafirmó: “Todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancias o valor”.
La principal decisión que impactó en el bolsillo de los argentinos y las argentinas fue la devaluación del tipo de cambio, de una magnitud inédita. La misma se complementó con otras medidas que van en igual sentido, como la señal que se le dio a los formadores de precios para que remarquen como quieran, o el fuerte incremento en el precio del combustible, o los fortísimos aumentos tarifarios que se esperan. Es decir que la aceleración inflacionaria no es producto del “sinceramiento”, sino instrumento de las actuales políticas. Es una muestra –muy costosa— de lo que puede llegar a pasar si el Parlamento, y parte de la sociedad, convalidan las propuestas ultra neoliberales que impulsa este gobierno, y nos encaminemos a un país para pocos. «
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No. NO quedará país alguno. La timba va para todos lados. El resultado es que pocos se llevarán una tajada. Y el resto? En el mejor de los casos, nos habrán sepultado.