La presentó Esmeralda Mitre ante la Justicia para probar la ilegalidad de la venta de las acciones que su padre Bartolomé tenía en el multimedios. El dinero de la supuesta venta no aparece.
La hija de Bartolomé Mitre viene reclamando desde hace más de dos años sus derechos como heredera de un porcentaje del imperio que supo encabezar su padre, quien murió a fines de marzo de 2020, a los 79 años de edad. Cuando intentó acceder a su herencia -junto con sus otros hermanos- se enteró de que en vida y sin habérselo contado nunca, su padre supuestamente había vendido el paquete accionario. Supone que en algún momento de todo ese teje y maneje, a La Nación ingresaron aportes de capital y fuerte influencia en la línea editorial de un ex presidente argentino de este siglo.
El dinero obtenido por esa supuesta venta no apareció; las constancias bancarias de esa operación, tampoco. El acceso de Esmeralda Mitre al diario nunca se produjo.
Hasta ahora, todas las instancias judiciales sostuvieron que no se detectó delito en la secuencia que terminó en la transferencia de las acciones al grupo empresario encabezado -en los papeles- por Federico Spínola, ciudadano suizo que invoca que posee el título nobiliario de “marqués” y tiene residencia en Mónaco.
El expediente está a un paso de cerrarse definitivamente considerando que Spínola y los otros denunciados (los abogados Mariano Gagliardo padre y su hijo homónimo y los empresarios Fernando Carregal y Omar Schelegueda) no cometieron delito alguno.
Los Gagliardo eran los abogados de Bartolomé Mitre. Esmeralda Mitre los denunció por los presuntos delitos de “estafa y defraudación fiduciaria realizados para disminuir los derechos” que –sostiene- le corresponden en la sucesión de su padre. El empresario Spínola afronta también una denuncia por presunto “lavado de activos” ante el juzgado federal de Julián Ercolini. Nunca fue llamado a declarar y la investigación está virtualmente paralizada.
Los abogados de Esmeralda Mitre, Gabriel Len y Daniel Llermanos, presentaron el jueves pasado ante la Cámara del Crimen un escrito en el que explicaron que «con fecha 31 de Julio de 2024, la Calígrafa Pública María Florencia Liva realizó un examen pericial respecto de algunos de los documentos sospechados de fraudulentos en estos autos». El peritaje también fue informado a la Cámara de Casación advirtiendo que ignorar esa prueba implicaría el delito de “denegación de justicia”.
La experticia se basó sobre una serie de documentos públicos y privados que contienen firmas atribuidas a Mitre padre, entre ellas dos que son indubitablemente de él: la de su Documento Nacional de Identidad y la “solicitud de inscripción y/o transferencia del Stud Book Argentino -Jockey Club Argentino, certificada en el Banco de Galicia”.
«La especialista tomó como material de cotejo las firmas de Bartolomé Luis Mitre, obrantes en las copias digitalizadas del DNI y la declaración jurada del stud. (…) La conclusión del estudio es categórica: Las firmas desarrolladas en los documentos mencionados en el objeto de peritación no se corresponden morfológicamente con el patrimonio gráfico del Sr. Bartolomé Luis Mitre».
«La prueba pericial aportada en este acto importa dotar de indisputable verosimilitud a los delitos denunciados y no investigados pues queda claro que los denunciados engañaron al Poder Judicial induciendo a los Magistrados a sobreseer mediante el empleo de instrumentos falsificados», sostuvieron los abogados de la heredera. Por esa razón pidieron, además, la «suspensión del trámite del recurso a las resultas del planteo efectuado en las instancias precedentes”. Es decir que los jueces frenen todo hasta corroborar si la supuesta venta de Bartolomé Mitre en vida fue o no fraudulenta.
Hasta ahora, los denunciados fueron sobreseídos porque los jueces consideraron que “no se advierte que la conducta endilgada constituya una acción típica. Por el contrario, se cuenta con la documentación que acredita la transferencia de las acciones que Bartolomé Mitre poseía en KMB S.A».
Esa documentación y, específicamente, las firmas atribuidas a Bartolomé Mitre, es lo que ahora aparece severamente cuestionado por el peritaje grafológico.
Bartolomé Mitre había constituido juntamente con su hermana, María Elena del Rosario Mitre, la sociedad anónima denominada KMB S.A. Tras su muerte, el estudio Gagliardo informó a los herederos que el fallecido “habría vendido su total participación accionaria en KMB”.
El suizo-monegasco Spínola aparece como titular de KMB S.A., la empresa que le habría comprado a Bartolomé Mitre a través de dos fideicomisos que, efectivamente, había constituido el padre de Esmeralda: BLM New York Trust I y II. BLM son las iniciales de Bartolomé Luis Mitre.
Spínola afirma que es dueño del 21 por ciento de la titularidad de S.A. La Nación y ejerce esa representación: percibió dividendos, designó directores y funcionarios rentados, pero según afirma Esmeralda Mitre “jamás acreditó haber realizado pagos que justifiquen el carácter invocado. No existen constancias instrumentales de la existencia de la compra del paquete accionario, ni transferencias bancarias, ni tampoco se verifica mediante documentación alguna que le hayan vendido siquiera una mínima cuota social. (…) Jamás visitó las instalaciones del Grupo ni compareció a ninguna de las asambleas de accionistas”.
La Inspección General de Justicia (IGJ), durante el gobierno de Alberto Fernández, determinó que, ante esas irregularidades y falta de documentación respaldatoria, Esmeralda Mitre debe ser reconocida como accionista por derecho hereditario de un porcentaje de la sociedad que controla el multimedios La Nación. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al gobierno, de aquella IGJ no quedan ni las cenizas.«
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Estos tipos fuman bajo el agua, juegan a la mancha con los aviones y así podría seguir toda la noche, es muy posible que la hija tenga razón que la "pasaron al cuarto"