Un plan para que el parto humanizado sea una realidad en provincia de Buenos Aires

El 10 de septiembre, la Legislatura bonaerense adhirió a la Ley nacional de Parto Humanizado, y ahora el gobierno trabaja en un plan integral para cambiar el sistema de atención de salud, y lograr que se garanticen esos derechos en los hospitales y clínicas de la provincia. Cómo es el largo camino para modificar prácticas naturalizadas en los equipos médicos y en la sociedad, y respetar los tiempos de la mujer y del bebé por nacer.

¿Qué es el “parto respetado” o “parto humanizado”? Es el respeto por los derechos de madres, padres e hijos antes, durante y después del nacimiento. La Ley nacional 25.929, a la que adhirió la provincia de Buenos Aires, establece que toda mujer tiene derecho al parto natural y respetuoso en sus tiempos biológicos, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación sin justas causas, como también a estar acompañada por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y el período de posparto. También debe ser informada sobre las distintas intervenciones médicas para poder decidir libremente, se deben respetar su intimidad y sus pautas culturales.

Tras la adhesión, el gobierno comenzó a trabajar en el Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado que fue presentado como proyecto de ley por la diputada del Frente de Todos, Mariana Larroque, y que ya está siendo trabajado en comisiones en la Cámara baja, pero también en foros interdisciplinarios en cada región sanitaria con autoridades sanitarias y del Ministerio de las Mujeres, equipos de salud, colegios profesionales, colectivos de mujeres y la comunidad en general.

El objetivo del plan, que será aplicado por el Ministerio de Salud, es brindar asistencia y capacitación a los equipos médicos, generar nuevos protocolos, adecuar las salas de preparto y parto, y desarrollar una campaña de difusión. Lo que se busca es cambiar una lógica institucional instalada en hospitales y clínicas.

“El cumplimiento de la Ley es muy bajo, tanto en el sector público como privado”, señala a este diario Larroque, quien también impulsó la ley de adhesión, y sostiene que debe darse un doble abordaje: “Por un lado, en lo que tiene que ver con la información sobre los derechos y las alternativas que tienen las mujeres en el embarazo, parto y posparto, y por otro lado, hay que trabajar con el sistema de salud, con el modelo de atención, con eso de generar intervenciones en pos de evitar futuros riesgos y terminar provocándolos”.

¿Cuáles son los obstáculos que hoy existen para que se aplique la ley? La directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, coincide con la legisladora en que la clave está en cambiar el modelo de atención del parto y aclara que “aunque los equipos de salud, en la mayoría de los casos, están bien formados y tienen buena voluntad de trabajo, se han formado en un modelo de sobreintervención de atención del parto, que es la contracara del parto respetado».

La sobreintervención, explica Balaña, tiene en el centro de la escena al equipo médico y no a la paciente embarazada, y eso se visualiza en la toma de decisiones sin consultar, y también en las prácticas que se usan de manera rutinaria y naturalizada como las cesáreas, la episiotomía o los remedios para inducir el parto, entre otras cosas. “Poner en el centro a la mujer es acompañamiento, es no decidir por la otra persona, no dar por hecho que no va a querer transitar unos u otros riesgos, sino darle información, consultarla, explicarle cuál es la modalidad de acompañamiento de la institución”, explica.

Las estadísticas del Sistema Informático Perinatal permiten tener un panorama de lo que ocurre en las maternidades. El promedio de cesáreas a nivel provincial es del 35%, un índice que se sostiene en los últimos 10 años, aunque ese valor llega hasta el 80% en el interior bonaerense. Balaña aclara que la OMS advierte que, por encima de un 15%, son “innecesarias” y precisa que mientras en el Conurbano hay maternidades con un 29% de cesáreas, en la mayoría de los distritos de interior es de entre el 60 y el 80 por ciento. Entran en juego muchos factores: desde los recursos humanos hasta la disponibilidad de anestesia, y por eso es clave dar la discusión sobre el parto respetado de manera regional para poder abordar las causas.

La episiotomía es una práctica que se lleva adelante en el 50% de los partos y es otro ejemplo que toma la funcionaria. «Es una práctica instalada y que se hace sistemáticamente a todas las mujeres en su primer parto para prevenir un desgarro, pero la OMS justamente la desaconseja y la reserva sólo para casos puntuales porque si se respeta el tiempo de parir, y no se lo acelera químicamente, el periné y los genitales se van preparando para parir, sin necesidad de hacer un corte que además demostró generar más desgarros de los que previene», dice Balaña. Y acota: «Es importante medir los tiempos en los cuales se usan estas prácticas y no usarlas de rutina en todas las personas».

Otros números que muestran cuánto falta para que se cumpla la Ley: el 56% de las mujeres entran a parir acompañadas, el 44% restante, no. Sólo el 40% de los embarazos son controlados desde el primer trimestre, mientras que el 70% de las mujeres que van a parir no buscaban ese embarazo y casi el 60% no estaba usando ningún método anticonceptivo.

Las estadísticas también dejan en evidencia la falta de información, que es el otro eje que incluirá el plan estratégico con una campaña de difusión de derechos, de buen trato y de prevención para evitar la violencia obstétrica.  «

Protocolo para las cárceles

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual está trabajando en un protocolo para cárceles y comisarías que se enmarca en la Ley de Parto Respetado.

“Estamos generando algunas políticas para poblaciones específicas como mujeres gestantes en situación de encierro, en cárceles y comisarías. Estamos a punto de sacar un protocolo especial para atención de estos casos junto al Ministerio de Justicia”, explicó a Tiempo, Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de esa cartera.

Entre los planes del área también están generar un canal único de denuncias de violencia obstétrica -que hoy se canalizan a través de la línea 144, la Defensoría del Pueblo y los centros de salud- y una campaña contra las violencias no punibles como el maltrato.