Un plan que viola derechos

A sólo seis meses de la asunción de Mauricio Macri, el gobierno nacional ya generó un impacto negativo en la vigencia de los Derechos Humanos en Argentina. Así lo aseguró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al presentar su informe anual, que incluyó un duro cuestionamiento a las primeras medidas de la gestión macrista, como el freno a las causas por las responsabilidades civiles en dictadura, la limitación a la protesta social, la detención de Milagro Sala y, como telón de fondo, una política económica que profundiza las desigualdades sociales.

«Desde el gobierno se puso en práctica una serie de decisiones políticas que implican explícitamente violaciones a los Derechos Humanos, los despidos pero también algunas medidas que por simple decreto implicaron gigantescas transferencias de ingresos de unos sectores de la sociedad a otros, el desmantelamiento de una serie de programas de protección social y una reanudación de la política de endeudamiento externo», resumió el presidente del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, durante el acto que reunió a organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas y sociales en el Centro Cultural Caras y Caretas.

El informe, una radiografía de la situación actual de los Derechos Humanos, recorre los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández y los primeros del macrismo. Junto a Verbitsky y el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, disertaron Daniel Catalano, secretario general ATE-Capital; Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; Narce Santibañez, del Centro Prodh de México; y Juan Gabriel Tokatlian, de la Universidad Torcuato Di Tella.
Durante la presentación y ante una sala colmada, los invitados repasaron los temas centrales de la investigación. El cierre estuvo a cargo de Vebitsky, quien finalizó con un análisis político de la situación actual.

A 40 años del último golpe de Estado cívico-militar, que realizó violaciones masivas, sistemáticas y deliberadas de los derechos fundamentales, el periodista advirtió sobre una nueva etapa. «La novedad de este año es que de nuevo hay una política de violación de Derechos Humanos que responde a un plan de gobierno. Un plan de gobierno que esta vez se produce dentro de la legalidad vigente y que utiliza todos los resquicios que esa legalidad permite», sostuvo. Y agregó: «Algunos de los aspectos regresivos son posibles porque en el proceso anterior hubo cosas que no se hicieron, cosas que se hicieron mal y que dan pie para esta regresión.»

Entre esas violaciones, el organismo enumeró la declaración de emergencia nacional en seguridad, el protocolo que busca limitar la protesta social, la detención arbitraria e ilegítima de Sala y el desmantelamiento de áreas de trabajo que participaban en la investigación de la complicidad empresarial con los crímenes de lesa humanidad.

Sobre el último punto, Verbitsky recordó que a partir de una investigación del CELS se creó una comisión bicameral para investigar los crímenes económicos de la dictadura pero que, a seis meses de su promulgación, aún no se constituyó. «Hay un interés muy notorio de parte del actual gobierno de que esta investigación no avance y de no sostener aquellas áreas del Estado que participaban de la investigación y aportaban elementos a la Justicia», analizó el periodista.

A esos problemas, se suman las políticas económicas del macrismo que el CELS define como una «reconfiguración del modelo económico-social», y que para el organismo generan un retroceso en cuanto a derechos sociales. Como consecuencia de estas políticas, entre las que menciona la reducción de retenciones, el endeudamiento internacional, los límites al acceso a la cobertura previsional y el aumento de las tarifas de los servicios, «en los primeros meses se verificó una transferencia de ingresos que desplazó hacia la pobreza a más de un millón de personas». «

MEDIDAS PRO

– Desmantelamiento de áreas del Estado que participaban de la investigación de la complicidad empresarial con los crímenes de lesa humanidad
– La detención arbitraria e ilegítima de Milagro Sala.
– Políticas económicas que generaron una transferencia de ingresos que desplazó hacia la pobreza a más de un millón de personas.
– Retroceso en las reformas iniciadas en las agencias de inteligencia
– El alineamiento con la política antidrogas estadounidense y la asignación de nuevas funciones a las Fuerzas Armadas.