Un plan rodeado de contradicciones que encendió las alarmas

El 12 de diciembre pasado, en un acto encabezado por el presidente Mauricio Macri en el Museo de la Casa Rosada, el Gobierno presentó su Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Los detalles se conocieron esa misma jornada, con la publicación del programa en el Boletín Nacional.

El plan contiene un conjunto de iniciativas basadas en cinco ejes temáticos: inclusión, no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a derechos y cultura cívica y compromiso con los Derechos Humanos. 

Por los antecedentes del presidente Mauricio Macri en la materia -nunca exhibió particular interés sobre las problemática-, la presentación encendió las alarmas en los organismos de Derechos Humanos. Una mirada exhaustiva del plan mostró que había razones para la sospecha.

“El plan es contradictorio y desproporcionado respecto de acciones del gobierno que tienen una orientación opuesta”, explicaron desde el CELS. “En algunas cuestiones -detallaron-, el plan propone medidas que, además de divergentes con la práctica del Poder Ejecutivo, resultan meramente formales o insignificantes. Seguramente en los ejes sobre seguridad pública y violencia institucional se ve con mayor claridad el carácter contradictorio entre lo que dice el plan y lo que hace el gobierno.” 

A pedido de Tiempo, el organismo elaboró un resumen de los detalles que observan con preocupación. A saber:

 Las áreas del Estado están representadas sin ninguna proporción con su capacidad, presupuesto ni por su capacidad de intervenir sobre el ejercicio de derechos humanos.

 Ignora y omite problemáticas centrales de la situación de derechos humanos en el país, así como programas y políticas de relevancia respecto de aquellos problemas.

 Tiene un importante déficit metodológico y de consistencia interna. Por ejemplo, en muchos casos no hay concordancia entre los objetivos y sus acciones. 

 Las instancias de participación que se propusieron hasta ahora en la formulación del plan fueron meramente formales, no fueron oportunidades de trabajo conjunto ni incorporaron la perspectiva de los actores que trabajan sobre estos problemas desde afuera del Estado. 

Para el CELS, sin embargo, el programa representa “una oportunidad para articular una agenda de derechos humanos en forma transversal y una obligación internacional del Estado que se encontraba incumplida, y por eso consideramos que es importante que los actores que trabajamos sobre estas problemáticas miremos atentamente los compromisos que asume el Estado en materia de Derechos Humanos a través del plan”.

La precaución del organismo responde a la distancia que mantiene el Gobierno entre letra y acción. Un caso: poco después de presentar su plan, el propio presidente invitó a su despacho, respaldó y abrazó al policía Luis Chocobar, procesado por haber disparado por la espalda a un joven que huía, se presume, luego de asaltar a un turista.

Para los organismos, la defensa cerrada del Gobierno a Chocobar se contrapone con lo expresado en el Plan respecto de los objetivos de “Adoptar políticas de seguridad pública basadas en la promoción y protección de los derechos humanos” y de “Adoptar políticas para combatir y eliminar la violencia institucional”. Por el contrario, tanto en el caso del policía como en el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, la respuesta del gobierno nacional ante casos graves de violencia institucional se caracterizó por la convalidación acrítica de la versión de las fuerzas de seguridad. De hecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respaldó en bloque a “las fuerzas” y se negó a investigarlas. O lo hizo de forma muy limitada y sin consecuencias. 

Lejos de proteger un derecho humano básico como el de la protesta, luego de la presentación del plan se intensificó la represión del conflicto social y los procesos de estigmatización y criminalización de distintos actores sociales.

Respecto de las política de Memoria, Verdad y Justicia, el documento oficial asegura que el gobierno respaldará los juicios en marcha. Pero en los hechos esas políticas se han desmantelado o debilitado con la reducción o parálisis de áreas de investigación especializadas que prestaban servicios esenciales a la justicia.

En la misma situación de abandono se encuentra la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar, que fue creada por Ley 27.217 y aún está pendiente de conformación. Su tarea, en el actual contexto, es de alta sensibilidad: hasta donde se sabe, es probable que el apellido Macri aparezca entre los beneficiarios económicos de las políticas aplicadas por la dictadura cívico-militar.

En las vísperas de un nuevo aniversario del golpe, el Estado macrista exhibió una nueva contradicción. Si bien en el eje 3 del Plan Nacional se hace mención expresa a la continuidad de los procesos en marcha, el Gobierno -a través de un informe del Servicio Penitenciario- sugirió excarcelar a 96 genocidas. Otra señal que coloca al ampuloso Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos en la vía de la letra muerta.  «