La síntesis del proyecto de ley del Presupuesto 2019 incluye una serie de pronósticos de dudoso cumplimiento empezando por una inflación del 23% para el próximo año y un tipo de cambio promedio de $ 41,05 por dólar cuando, en este momento, la divisa ya se comercializa a $40,20.
Sin embargo el documento establece un diagnóstico de la situación y la hoja de ruta de la política económica así como algunas valoraciones acerca de los pilares sobre los cuáles el gobierno pretende afrontar el próximo año.
De entrada, el proyecto asegura que los “shocks de 2018 no nos apartarán del rumbo elegido”. Los mismos son atribuidos a factores que habrían escapado al control del gobierno. Por un lado “la sequía más intensa de los últimos 50 años” y, por el otro, “la suba de tasas de interés más rápidas que lo esperado en Estados Unidos”. A este cuadro agregan el impacto de la causa de los cuadernos que afectaron los proyectos de obra pública bajo el modelo de la participación pública y privada (PPP). Todos estos shocks, para el gobierno, “llegaron cuando todavía no habíamos terminado de corregir los desequilibrios económicos heredados”.
De esa forma, ya en los fundamentos del proyecto buscan explicar los motivos por los cuales de un pronóstico de crecimiento del 3,5% para 2018, una inflación del 10% y un dólar promedio de $19 tal como se plasmó en el presupuesto vigente se recayó a previsiones de una recesión del 2,4%, una inflación del 42% y a un dólar a más de $40 para el mismo ejercicio.
Del texto de la norma vale la pena destacar algunos puntos:
- A pesar de las recurrentes intervenciones del BCRA, por un monto de casi 20 mil millones de dólares en 2018, el texto celebra la devaluación de la moneda. Considera que el dólar a $40 implica un tipo de cambio real más competitivo que permitirá expandir las exportaciones un 20,9% y reducir un 50% el déficit de cuenta corriente llevándolo a U$S 9.900 millones. De este modo apuesta a que sea el nuevo tipo de cambio la vía para superar los desequilibrios del sector externo y la escasez de dólares.
- Insiste en que la vía para recuperar el crecimiento debe ser “expandir la capacidad de la economía para producir” y que “esto se logra a través de la inversión”. Así omite el último informe oficial sobre uso de la capacidad instalada de la industria que arroja como resultado que hoy existe alrededor de un 40% del capital que se encuentra ocioso y que este escenario recesivo carece de atractivo para la inversión productiva. De hecho el mismo texto pronostica una caída en la inversión para 2019 del 9,7%.
- Establece como objetivo prioritario el logro del equilibrio fiscal llevando el déficit a niveles nulos en 2019 y a un superávit de un 1% en 2020.
- Para eso reconoce la necesidad de un esfuerzo fiscal equivalente al 3,1% del PBI comenzando por una reducción de los subsidios equivalente al 0,7% del PBI de los cuales el equivalente al 0,3% corresponden al rubro transporte que pasarán a la responsabilidad de las provincias. Estas tendrán que decidir si los trasladan a tarifas o los afrontan con los presupuestos provinciales.
- Establece el congelamiento de los ingresos de personal y los gastos y servicios en el Estado nacional. De este modo se pronostica una reducción del gasto del 7,7% en términos reales que equivalen a un ajuste de $210 mil millones.
- Por el lado de los ingresos estima un incremento equivalente al 1,1% del PBI como resultado de las retenciones a las exportaciones así como del 0,4% del PBI proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Además, entre otros impuestos, en un cuadro que reconocen recesivo, pronostica un crecimiento del 35% en la recaudación por IVA, 13 puntos por encima de la inflación cuando en 2018 reconocen esperar una caída del consumo privado de un 3,4% y vaticinan una retracción del 1,6% en 2019.
- La radiografía del ajuste está plasmada en el presupuesto del gasto público por finalidad. Allí se establece un incremento con relación al presupuesto vigente de un 27,4% (unos cinco puntos debajo de la inflación) pero con una distribución heterogénea. En primer lugar destaca el incremento del 48% en los fondos destinados al pago de los servicios de la deuda pública, muy por encima del resto de los ítems. Por caso, en el rubro de administración gubernamental el incremento pautado es de apenas un 8,5% que contrasta con el 30,6% de incremento para el sistema penal y del 27,9% para los servicios de inteligencia.
- El informe reconoce un incremento del peso de la deuda pública sobre el PBI que pasó de un 57,1% en 2017 hasta un 87,1% a fines de este año. Hacia adelante establece la necesidad de emitir en 2019, además de los U$S 11,7 mil millones de dólares pautados por el acuerdo con el FMI, U$S 2.500 millones provenientes de otras fuentes aún no establecidas así como refinanciar U$S 20,1 mil millones.
- Tal como lo recomienda el Banco Mundial y otros organismos internacionales en cuadros de fuerte ajuste, el presupuesto amplía las partidas para seguridad social (34%) y asistencia social (29,1%) como una vía de contención. Además postulan el relanzamiento de los planes Empalme como una forma de subsidiar la mano de obra para las empresas y reducir los costos laborales.
- A la hora de establecer la previsión de crecimiento (o el piso de la recesión) vaticina una inversión en infraestructura equivalente al 4,4% del PBI pero sobre la base de una reducción de la inversión proveniente del Estado Nacional a un 1% del PBI cuando en 2018 será del 1,6% sobre un total de 4,2% y en 2016 del 2,1% sobre un total del 3,9%. Le asigna a las provincias la responsabilidad de una inversión en infraestructura equivalente al 1,8% del PBI al igual que en 2017 cuando en 2018 alcanzará un 1,6% y en 2016 había sido de un 1,3%. Además apuesta a que las obras por PPP equivalgan a un 0,6% del PBI.
