La diputada provincial de Unión por la Patria, Ana Luz Balor, presentó una iniciativa para incorporar la figura del sobreendeudamiento en la Ley de Defensa del Consumidor. La propuesta frena los embargos por 90 días y habilita protocolo especial.

El proyecto fue presentado por la diputada provincial de Unión por la Patria, Ana Luz Balor, y plantea una modificación a la Ley 13.133 con el objetivo de reconocer formalmente a quienes entraron en una espiral de endeudamiento y ofrecerles un procedimiento específico de protección.
El artículo 1° incorpora en la norma y en el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios el concepto de «sobreendeudamiento» y establece «un protocolo administrativo especial para su prevención y solución», además de facultar a la Justicia de Faltas municipal para entender en el asunto.
La iniciativa define el fenómeno de sobreendeudamiento como una situación en la que el consumidor no puede afrontar sus compromisos financieros. En ese sentido, el artículo 2° establece que se trata de casos en los que una persona queda «colocada en situación de sobreendeudamiento, entendiéndose por tal la imposibilidad de afrontar, con el producto de sus ingresos regulares, el cumplimiento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad, contraídas con destino final, cuando esta circunstancia comprometa el acceso y el goce de bienes esenciales afectando en forma directa la economía familiar, su salud psicofísica, y/o su proyecto de vida».
La clave del proyecto es la creación de una instancia de mediación obligatoria que permita renegociar las deudas. Esa instancia, además, suspende por 90 días las acciones judiciales, incluyendo embargos o ejecuciones. La diputada explicó que la iniciativa apunta a dar una salida concreta a familias atrapadas en una cadena de préstamos.
«Se plantea la creación de la figura del sobreendeudamiento para aquellas personas que ya han entrado en una espiral de deudas, de tomar una deuda tras otra, ya sea una para saldar la otra o sencillamente porque no pueden llegar a fin de mes y tienen que utilizar esos créditos, esos préstamos para bienes y servicios, para alimentos, que esto es lo más preocupante», señaló Balor en diálogo con Tiempo.
La legisladora remarcó que la situación no está vinculada a consumos de lujo sino a vivir el día a día. «No estamos hablando de gastos suntuosos, sino de aquellas deudas que hacen prácticamente poder vivir o sobrevivir. Entonces el peligro que esto conlleva, más allá de la deuda, es que afecta la salud psicofísica de las familias que están en esta situación», consideró.
El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo pueda otorgar facultades a las oficinas municipales de Defensa del Consumidor y a la Justicia de Faltas para intervenir como mediadores entre acreedores y deudores. «Lo más importante también de esta instancia, en donde se genera una audiencia de negociación para reestructurar la deuda, es que suspende por 90 días aquellas actuaciones judiciales que signifiquen un embargo, una confiscación de bienes»”, explicó la diputada.
Durante esa instancia se evaluarán las condiciones en que se otorgó el crédito y la conducta de ambas partes. «La idea es, por un lado, analizar si tanto el prestador como el acreedor tomaron o dieron el préstamo de buena fe, si no hubo algún abuso», indicó Balor, quien advirtió sobre el crecimiento de préstamos otorgados en condiciones desventajosas.
La mediación podría derivar en distintas soluciones, como quitas, reducción de intereses o planes de pago más largos. «Se pueda llegar a un acuerdo, quita de intereses, una reestructuración de la deuda, que haya quita de capital o más cuotas. Eso lo verá, en cada caso particular, lo verán entre las partes», señaló.
La iniciativa también incorpora la educación financiera como contenido obligatorio en la enseñanza formal, con el objetivo de prevenir situaciones de endeudamiento futuro. Para Balor es importante que los estudiantes puedan ir aprendiendo, desde jóvenes, «cómo son estas instancias, y a qué se refieren determinadas terminologías que se usan en los contratos y en general se dan en estos créditos».
Para la diputada, el contexto económico vuelve urgente el tratamiento del proyecto en la Legislatura bonaerense. «Creemos que es fundamental, es un año muy difícil, la capacidad de compra de la gente cada vez es menor y encima arrancando el año, con el inicio de clases, hay más de 20 millones de argentinos que están endeudados, así que nos parece un tema fundamental que hay que abordar en este momento», afirmó.
El proyecto deberá ser tratado ahora en las comisiones de Derecho del Consumidor, Asuntos Municipales y Legislación antes de llegar al recinto.
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