Un reclamo por tierras aborígenes en Salta llegó por primera vez a la Corte Interamericana

Más de noventa comunidades originarias de Salta, reunidas en la Asociación Lhaka Honhat, fueron representadas por su coordinador, el cacique Francisco Pérez, de 72 años, y por Rogelio Segundo, también dirigente de esa organización, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Pérez declaró frente a los jueces sobre la historia del conflicto y el reclamo por la titulación de tierras que las comunidades ocupan desde tiempos ancestrales.

Desde que las comunidades wichí, toba, chorote, nivaclé y tapy’ del Departamento Rivadavia se unieron, en los años sesenta por primera vez, comenzaron a reclamar por un título único sin subdivisiones internas a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 de ese departamento, unas 400 mil hectáreas en total. Ese territorio fue reconocido por varios decretos y normativas, sin embargo el Estado no han culminado la demarcación, que divide su territorio del de los criollos de la zona, muchos de los cuales continúan viviendo en el territorio con sus animales y alambrados, ni tampoco ha entregado ningún título hasta la actualidad. Y se muestra reacio a que sea un título único a nombre de las comunidades.

“Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Asociación Lhaka Honhat hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó el caso a la Corte (CIDH). En 2012, la Comisión dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades por parte del Estado y dispuso las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado a la CIDH”, informaron desde el CELS

En la audiencia realizada el jueves 14 y que se transmitió en vivo, Francisco Pérez se preguntó “¿Cómo hacemos entender a los blancos que nosotros tenemos otra forma de vida? Nosotros desconocemos la comunidad privada, nosotros tenemos otras tradiciones”.

Por parte del Estado participó la Dra. Pamela Caletti, fiscal de Salta, quien tomó una actitud beligerante escondida en un tono amistoso. A lo largo de su interrogatorio intentó socavar la credibilidad y representatividad de los caciques. A tal punto que el representante legal del CELS pidió la palabra y se mostró sorprendido por el cuestionario que llevaba adelante la fiscal y tuvo que objetarlas por improcedentes. El cacique, sin embargo, dejó aclarado que “Lakha Honhat representa a todas las comunidades indígenas» y que “las preguntas (de la fiscal) ya están fuera del interés (del caso), nosotros venimos hasta aquí y las preguntas tienen que ser del interés”.

El dirigente wichí explicó que desconocen la propiedad privada, porque “si una comunidad tiene que separar su territorio no habrá mucho respeto, casi todos rechazaron la otra forma de título. Nosotros aprobamos siempre el título único para todas las comunidades”.

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Luego de la fiscal Caletti, los jueces de la CIDH hicieron preguntas aclaratorias a Pérez sobre la organización y sobre la relación con los criollos y sobre cuál era su expectativa respecto de la CIDH.

Pérez explicó cada punto: “El problema con los criollos es difícil. Conocemos algunos, somos amigos, pero somos diferentes. Nosotros teníamos libertad de caminar y buscar nuestro sustento, pero ahora cada cinco kilómetros hay un alambrado que no nos deja pasar. Antes de esto, no teníamos desnutrición, no teníamos dolores de huesos. Ahora tenemos muchas enfermedades y desnutrición. Queremos seguir comiendo los alimentos naturales que acostumbrábamos”.

Además, el coordinador de Asociación Lhaka Honhat expresó: “No hay otra oficina que nos pueda solucionar nuestro problema (por eso están testimoniando ante la CIDH). No entiendo por qué el gobierno tarda tanto en entregar los títulos. Hay informes hechos, el gobierno sabe, pero hasta ahora no tenemos respuesta positiva de nuestro gobierno. Ya no sabemos qué hacer para que nos empiecen a contestar. Esto no puede seguir así. Ya hay muchos muertos”.

En una segunda instancia testimonió otro dirigente de la organización Lhaka Honhat, Rogelio Segundo, hizo hincapié en la degradación del suelo producto de la tala ilegal y la pasividad del Estado que no acciona para frenarla. Asimismo, recalcó el problema de los alambrados y del problema de los animales de los criollos sueltos en su territorio, que contamina sus alimentos. “Muchísimos alambrados a lo largo de los últimos nueve años se han instalado, porque muchos criollos ya no creen en este proceso y están instalando sus alambrados y eso nos perjudica tanto”.

Respecto de la tala de madera, dijo que han intentado frenarla y que se lo han pedido al gobierno, pero que no ha hecho nada al respecto: “Ahora nos inundamos, y eso trae muchos problemas con las comunidades”.   

También, Segundo les habló directamente a los jueces para que “le pidan al gobierno argentino que delimite y que titularice. Hasta ahí llega el trabajo del gobierno. De ahí para adentro, lo solucionamos nosotros según nuestras leyes, costumbres y cultura de las 91 comunidades”.

En 2007, la organización alcanzó un acuerdo para dividir las tierras con los criollos. Las comunidades recibirían 400 mil hectáreas y 243 mil serían para las familias criollas. El acuerdo fue avalado por el Estado, pero pasan los años y como no realiza la demarcación entre las tierras de las comunidades y de los criollos, y no se ocupa de trasladar a las familias criollas ni actúa respecto del problema del ganado y los alambrados, el problema continúa. Como explicó Francisco Pérez, el Estado no quiere la titulación única porque le conviene que estén todos divididos.

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