Es porque otorgará quitas de impuestos y otros beneficios a proyectos que ya habían sido anunciados o eran esperados para aumentar las exportaciones de petróleo y gas.

Lo más llamativo fue la inclusión de actividades que habían sido excluidas por la propia a administración de Javier Milei al momento de su sanción en junio de 2024. Ahora es posible incorporar al RIGI proyectos de exploración y perforación de yacimientos de petróleo y gas en tierra, como los que se llevan adelante en Vaca Muerta.
De esta forma, se incorpora la única fase de la cadena de producción de hidrocarburos que no estaba alcanzada por los cuantiosos beneficios impositivos, aduaneros y fiscales del RIGI. Los proyectos “upstream”, como se dice en la jerga del sector, involucran tareas de exploración, análisis de viabilidad y perforación para la
extracción.
En 2024, al momento de sancionar el régimen, el gobierno sostenía que esta fase no requería incentivos porque las empresas que deciden perforar lo hacen a partir de un análisis previo de rentabilidad. Ahora, sin mayor explicación ni debate cambió de posición y sostiene que esta medida busca “evitar las fragmentaciones artificiales de grandes proyectos”, es decir, de iniciativas que ya desarrollan infraestructuras como gasoductos u oleoductos para transportar el gas o el petróleo en camino a su exportación. El caso que se pone como principal beneficiario de esta ampliación es Argentina LNG, impulsado por YPF, ENI y XRG para exportar gas licuado desde el Golfo de San Matías.
La decisión se tomó entre bambalinas, sin grandes anuncios o conferencias de prensa y con apenas un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X. Especialistas advierten que falta ver la reglamentación para saber qué proyectos podrán adherir y cuáles no.
En disidencia con la decisión gubernamental, Carlos Freytes, investigador de FUNDAR, señaló: “Esta extensión le otorga beneficios a una actividad que ya viene desarrollando inversiones muy importantes y que vive un ‘boom’. Esto es contradictorio porque regímenes así se suelen aplicar cuando se busca promover inversiones que sin incentivos fiscales no se harían. En este caso, los planes de inversión ya están planificados y anunciados por las grandes empresas”.
Beneficios y realidad
Los datos del Instituto Mosconi muestran que la producción de petróleo aumentó 16,4% en enero de 2026 con respecto al mismo mes del año anterior. El motor de este desarrollo es el shale (hidrocarburo no convencional): la cuenca neuquina de Vaca Muerta arroja un 26,7% de crecimiento interanual y explica el 70% de la producción nacional.
En el primer mes del año el sector energético tuvo un superávit de 618 millones de dólares. En los últimos 12 meses las exportaciones de petróleo y gas crecieron 35,1 y 30% respectivamente en volumen. El sector al que el gobierno acaba de otorgar más incentivos ya estaba creciendo a una tasa del 34,7% interanual el año pasado. Los datos sugieren que no son necesarias más facilidades.
La menor inversión extranjera en años
Desde su sanción, 30 proyectos se han presentado para la adhesión al RIGI y 10 han sido aprobados. Minería, petróleo y gas son los sectores que concentran la mayor cantidad de iniciativas.
El Ministerio de Economía anunció que estos proyectos representan la inversión de 25.479 millones de dólares. Sin embargo, cabe advertir que este número no refleja la inversión actual. La consultora Paspartú, dirigida por Juan José Carbajales, analizó que el monto mínimo que el régimen efectivamente exige y controla en términos de inversión es de 11.730 millones de dólares, y el compromiso concreto para los primeros dos años es de apenas 5.639 millones; menos de un cuarto del número oficial.
Los datos del Banco Central muestran que, pese al RIGI, Argentina registró en los últimos 12 meses un déficit en Inversión Extranjera Directa (IED) por primera vez desde 2003. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 el saldo neto fue negativo en 1822 millones de dólares. La explicación está en la salida de multinacionales de sectores como consumo masivo, energía, telecomunicaciones y banca, cuya desinversión superó ampliamente lo que ingresó como IED.
Otra crítica al RIGI es la baja exigencia en términos de creación de empleo y contratación de proveedores locales. Para Freytes, esto es central: “El RIGI otorga demasiados beneficios a cambio de un solo requerimiento: el monto mínimo de inversión. Esta extensión solo traerá menos recaudación fiscal y menos ganancias para el Estado. Si la bandera del gobierno es el déficit cero, ¿de dónde saldrán los recursos que se le perdonan a las grandes empresas?”. «
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