Un simulacro de despenalización, la jugada oficial para atajar la marea verde que no se detendrá

Pocas horas habían pasado de la fallida votación en el Senado cuando el gobierno nacional comenzó a promocionar su propuesta para la problemática del aborto clandestino: incorporarla al proyecto de nuevo Código Penal, pero sin despenalizar la práctica, sino apenas abriendo la puerta para que cada jueza o juez lo haga, caso por caso. Si bien la iniciativa es criticada por insuficiente, la movida oficial vuelve a abrir una instancia de discusión para incorporar cambios tendientes, primero, hacia una despenalización efectiva, para luego volver a dar la pelea por incorporar la interrupción voluntaria del embarazo al sistema de salud pública.

El gobierno esperó a que finalizara el debate parlamentario para promocionar la iniciativa de Mariano Borinksy, presidente de la comisión de reforma del Código Penal, integrada por 12 miembros que, según afirmaron, trabajaron entre marzo de 2017 y junio de este año para presentar su propuesta este 21 de agosto.

El anteproyecto de reforma establece que «se impondrá prisión de uno a tres años a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare», aunque «se prevé la posibilidad de que el juez disponga que la pena de prisión –que podrá ser de 1 a 3 años– se deje en suspenso o que la exima de ella, teniendo en cuenta los motivos que la impulsaron a cometer el hecho y su naturaleza, su actitud posterior y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad». De esta manera, se reduciría la escala penal –hoy es de 1 a 4 años de prisión– y, si se impone alguna sanción, podría quedar en suspenso. En tanto, el texto introduce la figura jurídica de «persona por nacer», penaliza a los médicos y les da a los magistrados la discrecionalidad de eximir de pena a las mujeres que quieran abortar.

Para Luciana Sánchez, abogada lesbiana y feminista de la Línea Aborto Más Información Menos Riesgo, «el contenido de ese artículo es horrible, está condicionado por la votación que no se dio, pero es una oportunidad para continuar la discusión». 

«En el Congreso vamos a poder discutir de nuevo –señala Sánchez–. Se va a poner en marcha otra vez la maquinaria política, las diputadas van a volver a discutir y los senadores también. Y va a ser un debate muy diferente al que se dio hasta ahora, porque hasta el momento muchos no se habían pronunciado nunca sobre el tema. Ahora ya sabemos cómo piensan. Ya fuimos sacando argumentos falsos. En el próximo debate, cuestiones como la del preservativo y la porcelana ya no deberían volver a escucharse. Es una oportunidad más para profundizar el debate y la democracia».

La abogada sostiene que la discusión en el marco del Código Penal es una oportunidad para lograr la despenalización del aborto hasta la semana 14 y después por causales, «que es lo principal del proyecto IVE». «Ahora hay que concentrar los argumentos en que las mujeres no tienen que ir presas, y en una eventual reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incorpore la prescripción de pastillas abortivas».

En tanto, desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito señalaron: «Nosotras luchamos por la despenalización y legalización del aborto. Lo entendemos un derecho y debe ser garantizado por el Plan Médico Obligatorio en el sistema médico público y privado. Porque es la única garantía del acceso igualitario a la salud. La propuesta de reforma que incluye la despenalización se queda por la mitad. Las que mueren por no acceder a abortos seguros son las más pobres. Para eso necesitamos la legalización». Laura Canteros, de la Campaña, sostuvo que en el marco del próximo Encuentro Nacional de Mujeres que tendrá lugar en octubre, en Chubut, habrá un plenario en el que se evaluará la estrategia a seguir.

Por su parte, el senador chubutense Alfredo Luenzo sostuvo en diálogo con Tiempo que «revisar sólo el Código Penal a muchos les va a resultar un alivio, y si bien han votado en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, después de toda esta repercusión, se van a sentir habilitados para modificar sólo el Código, porque los saca de una discusión más amplia y profunda, que podremos dar el año que viene sobre políticas sanitarias y de educación».

«No fue una derrota –puntualizó el peronista–. Hay un triunfo cultural que es innegable. Por eso el mismo Ejecutivo reacciona con la reforma del Código. Es un paso adelante. No es el deseado, porque no alcanza, pero por lo menos vamos a pelear por sacar del ámbito de la criminalización a las mujeres».

En tanto, la tucumana y también peronista Beatriz Mirkin sostuvo que podría llegar a estar de acuerdo con la despenalización que implica la propuesta del Ejecutivo pero «si se permitiera el acercamiento de las áreas de salud y educación a la cuestión». «Si van a bajar un año la penalización para que nada cambie, va a seguir siendo delito. Lo que hacen hoy los jueces que están en contra es demorar su decisión en los casos de aborto no punible según la ley vigente, para impedir su realización. Son los mismos jueces que deberían decidir sobre la penalización», criticó.

La última frase que se oyó en la transmisión oficial de la sesión del Senado, a eso de las 3 de la mañana del jueves, fue la de su presidenta Gabriela Michetti, que festejó la continuidad de la clandestinidad del aborto en la Argentina con un «vamos todavía». Más allá de haber dejado de lado la neutralidad que le impone su función como titular del cuerpo y de la torpeza en el manejo del micrófono, Michetti ya sabía que esa victoria era efímera y amarga.

El debate terminó en el Congreso, por ahora, pero engrosó de manera masiva la voluntad militante de la marea verde que seguirá buscado y encontrando los caminos para que el aborto legal, seguro y gratuito sea un derecho en la Argentina. «

La hipocresía de los que pidieron educación sexual

Con Esteban Bullrich a la cabeza, los senadores oficialistas que rechazaron el proyecto de IVE justificaron su decisión en «defender las dos vidas» y en fortalecer la educación sexual y los programas de procreación responsable del Estado. Sin embargo, el gobierno inició desde diciembre de 2015 un vaciamiento de las áreas, tanto en Salud como en Educación, donde Bullrich fue ministro hasta el año pasado.

Como ejemplos, los dos datos estadísticos más flagrantes. El programa «Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable», del Ministerio de Salud, repartió en 2016 apenas el 10% de los preservativos previstos. Y el Programa Nacional de Salud Sexual Integral, de Educación, capacitó en la temática durante 2016 a sólo 200 docentes, y a 1050 el año pasado. En 2015 habían recibido capacitación 55 mil.