El acuerdo puede caer si un miembro negocia en forma bilateral con una economía de "no-mercado", como las de China y Venezuela.

Aunque no entrará en vigencia posiblemente hasta el año que viene, el artículo 32.10 del acuerdo alcanzado en su totalidad el fin de semana pasado cuando se vencían todos los plazos pautados y que reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o en inglés más conocido como NAFTA), indica que si alguno de los países miembro intenta un acuerdo bilateral con un país cuya economía sea considerada de «no-mercado», los otros están en condiciones de hacer caer el tratado tripartito, aunque se concede la posibilidad de que aquel posible convenio pueda ser revisado por las partes.
Si bien el texto no especifica un país en particular, los analistas económicos coinciden en que es China el principal objetivo del 32.10. Pese a sus insistentes demandas, tanto EE UU como la Unión Europea se han negado a calificar a la economía china como de mercado, calificación que por cierto reduciría la capacidad de Washington y Bruselas de imponer sanciones comerciales a Beijing. Washington viene imponiendo a China tarifas compensatorias por un valor de 250 mil millones de dólares. Además, desde su campaña como candidato, Trump prometió reducir el déficit comercial con el gigante asiático, calculado en unos 376 mil millones de dólares anuales. La categoría de «no-mercado» alcanzaría en la región a la economía venezolana, de fuerte intervención estatal, aunque no hay nada dicho hasta ahora y es posible que Trump, pese a las amenazas permanentes, interfiera en el intercambio petrolero con ese país. La cláusula, a la vista de sus firmantes, tiende a proteger la economía libre porque acuerdos con países con intervención estatal «limitarían la competencia equitativa».
Hasta ahora, el próximo gobierno de México no reniega de esta restricción. La futura ministra de Economía, Graciela Márquez, señaló que esto no significa un riesgo, ya que el país tiene «diversos mecanismos para continuar su relación comercial con países como China». México fue el primero en firmar el nuevo tratado, en agosto pasado. Trump presionó para llegar con los plazos hasta antes de la toma de posesión del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, programada para el 1 de diciembre próximo. La inclusión de Canadá peligró hasta último momento, y fue una demanda de legisladores oficialistas y opositores. El Estado mexicano también intervino para mediar entre los representantes de Justin Trudeau y Trump.
Después de un año de negociaciones y de criticar severamente al TLCAN por no ser lo suficientemente «beneficioso para EE UU», el nuevo tratado establece por ejemplo que Estados Unidos podrá incrementar las exportaciones de lácteos a Canadá. También que al menos el 75 % de las partes de los automóviles deben ser fabricadas en Norteamérica, frente al 62,5 que establece el TLCAN. Además, entre el 40% y el 45 % del vehículo tendrá que ser producido por trabajadores que ganan como mínimo 16 dólares la hora.
Estados Unidos también cedió algo, para eliminar un sistema de resolución de disputas independiente sobre aranceles; mantenerlo fue una gran concesión y algo diferente a lo que había acordado con México.
Los países también llegaron a un arreglo que protegerá a Canadá de los aranceles sobre los automóviles que Trump venía esgrimiendo permanentemente, lo que pareció ser un gran alivio para su vecino del norte, aunque no quedó clara la extensión de dichas protecciones.
Canadá tampoco obtuvo garantías de parte de Trump de que eliminaría los aranceles al aluminio y al acero que impuso hace unos meses. «
Ahora en el Capitolio
A pesar de haber sido suscrito por los tres países, el nuevo tratado tripartito entre EE UU, México y Canadá, USMCA, deberá ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump lo calificó de «maravilloso acuerdo» luego de obtener la firma de Canadá, pero después mencionó que temía que en el tratamiento se colara «la campaña de 2020». Para que el triunfo sea completo, el gobierno de Trump necesita que el actual Congreso —controlado aún por los republicanos— vote el tratado antes del posible cambio después de las elecciones intermedias de noviembre. De hecho, la prensa local considera que la presión presidencial para la firma tenía que ver con la especulación de que ello traccionara votos para mantener la mayoría en las cámaras. No obstante, legisladores estadounidenses dijeron que no esperan que el Congreso trate el acuerdo hasta principios del año que viene.
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