Una apuesta a la espectacularidad y las medidas de alto impacto

Antes de la última declaración del chofer Oscar Centeno,  que confesó la quema de los ocho cuadernos originales con el detalle de las presuntas coimas pagadas durante el kirchnerismo, el fiscal federal Carlos Stornelli ya sabía que nunca contaría con las pruebas del escándalo. Lo admitía en privado, mientras insistía con firmeza los tres meses de trabajo de los hechos relatados mediante el entrecruzamiento y confirmación de los supuestos pagos, con los empresarios involucrados. Desde que el caso fue revelado por el diario La Nación, el fiscal rompió el silencio y comenzó una fuga hacia adelante para reconstruir en tiempo real la prueba original que no tiene. Todas las medidas que ordenó, hasta ahora, están centradas en fotocopias de los ocho cuadernos y en fotos digitales que, posiblemente, sean impugnados por los abogados defensores de los detenidos y también de los sospechados.

Hasta que los cuestionamientos a la legitimidad de los documentos lleguen al expediente y se desate una dura puja procesal, Stornelli trabajará en el terreno mediático para otorgarle al caso la veracidad y firmeza que las fotocopias todavía no tienen. Quizás por eso el funcionario judicial, y añejo conocido del presidente Mauricio Macri, retomó un protagonismo en la prensa que no tenía desde hacía tiempo y se zambulló en distintos escenarios públicos, como la cena por el 40° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), realizada el jueves en el predio de la Sociedad Rural Argentina, para conmemorar la creación (durante la última dictadura) del think thank que preside el ex canciller de la Alianza, Adalberto Rodríguez Giavarini. Desde la llegada de Cambiemos al poder, el CARI es una fuente de consulta para el aparato diplomático del Gobierno y un escenario influyente de relaciones políticas con la Casa Rosada, que Stornelli aprovechó como un pez en el agua 48 horas después de la primera nota periodística sobre el caso. El fiscal dialogó con los empresarios y diplomáticos invitados con el mismo empeño que pone para hablar con la prensa desde que el expediente tomó estado público.

Cerca del fiscal admiten que el principal objetivo en el corto plazo está centrado en el juez federal Claudio Bonadio, para que «adopte medidas de alto impacto y que tengan cierta espectacularidad», en referencia a más detenciones  de empresarios y a nuevos allanamientos sobre las oficinas de las personas y empresas mencionadas en las fotocopias. Hasta que se concreten las primeras impugnaciones de los detenidos, Bonadio ya ordenó allanamientos en las oficinas de Techint, Corporación América, Supercemento, UCSA, Grupo Roggio y Grupo Taselli, mientras que Stornelli pidió y obtuvo la detención de los empresarios Carlos Wagner de la contratista ESUCO (y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción), de Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería, de Armando Losón, del Grupo Albanesi, de Claudio Javier Glazman de la Sociedad Latinoamericana de Inversión y de Hector Javier Sánchez Caballero, del Grupo ODS y de IECSA, la constructora insignia del Grupo Macri que el patriarca del clan, Franco Macri le transfirió a su sobrino Angelo Calcalterra para preservar a su hijo Mauricio durante el inicio de su carrera política en 2007, cuando lanzó su candidatura como jefe de Gobierno porteño. Mientras avanzan las detenciones, desde el juzgado y la fiscalía se empeñarán por mantener la espectacularidad de los operativos, especialmente sobre los empresarios, que lucen horrorizados tras las rejas.

Stornelli, según dicen sus allegados, está convencido que en el caso de Sánchez Caballero las pesquisas podrían ir más arriba de su rol gerencial, y complicar al primo presidencial, que le vendió la empresa hace menos de un año al empresario energético Marcelo Mindlin, que la rebautizó como SACDE. En rigor, dentro de la reconstrucción de los hechos relatados en la fotocopias, la historiografía podría golpear las puertas del propio Franco, un originario cultor de la relación con Néstor Kirchner desde 2003.  La ruta de hechos que el chofer Centeno dice haber escrito en cuadernos que luego quemó arranca en 2005 y en esa etapa los interlocutores políticos del Grupo Macri eran Franco y su hijo más famoso. Todavía faltaban dos años para que Mauricio se postulara como jefe de Gobierno, aunque ya conocía a Stornelli que integró una comisión de seguridad en el Club Boca Juniors, junto al entonces juez Gu illermo Montenegro, entre otros miembros de la familia judicial.

En esa etapa prehistórica del PRO, había otro empresario clave en el entorno de Macri: su ex socio y amigo íntimo Nicolás Caputo, que también registró un crecimiento económico superlativo mediante los contratos ganados por Caputo Construcciones y SES SA, dos firmas de las que fue conminado a desprenderse desde 2016, con la misma firmeza con la que el clan Macri obligó a Calcaterra a entregarle IECSA a Mindlin. Curiosamente, desde las oficinas de Stornelli aseguran que «Caputo no aparece, pero si hay algún indicio, actuará con firmeza», dentro de la fuga hacia adelante que comparte con Bonadio. «