Una Casa de la Cultura denuncia persecución policial

“No podemos naturalizar la presencia de un policía en la puerta de un espacio cultural”. Pablo es uno de los hombres y mujeres que hace más de 13 años le ponen el cuerpo a La Casa de la Cultura Compadres del Horizonte. Este espacio autogestionado e independiente de Parque Patricios, en el límite con Constitución –justo frente al Hospital Garrahan–, denuncia hostigamiento y persecución por parte del Gobierno de la Ciudad, que además de sostener una clausura que cumplirá diez años en pocos días, el 10 de agosto ordenó, mediante la Fiscalía de primera Instancia en lo Penal contravencional y de Faltas número 36, establecer una consigna policial en la puerta del espacio a fin de “identificar fehacientemente” a toda persona que ingrese o egrese del mismo.

Ubicado en Combate de los Pozos 1986, La Casa de la Cultura Compadres del Horizonte trabaja, desde 2002 y a diario, una gran cantidad de problemáticas barriales. “Laburamos con los pibes las problemáticas de la niñez y la juventud, con madres que tienen hijos con problemas de drogas, hacemos actividades relacionadas con el arte y el deporte popular, atendemos problemáticas de vivienda, de educación, alimentarias, de integración a discapacitados, de violencia familiar, tenemos un merendero y funciona un comedor que no lo subvenciona nadie”, enumera Lucía Conde las tareas que se reparten es el espacio cultural. “Es toda una labor social como las que hace un espacio comunitario en un barrio”, agrega la joven.

“Los que está pasando durante estos días en realidad viene pasando desde hace diez años y es una política de persecución y hostigamiento contra el espacio”, cuenta Blas, también integrante del colectivo. Es que el 27 de agosto de 2006, Compadres sufrió una clausura por parte del gobierno de la Ciudad, “que es ilegal e ilegítima porque fue clausurado como si fuera una casa de fiestas privadas, cosa que claramente no es, y porque además se hizo procedimentalmente de una manera irregular”, dice Blas que además contó que el espacio hizo su descargo en ese momento, pero “por desidia de esos funcionarios la clausura quedó, nunca se le dio de baja, y en los últimos años la política del gobierno de la Ciudad recrudeció contra todos los espacios culturales”.

“Nunca se nos permitió acceder a la causa de la clausura -dice Conde-, pese a que nosotros cumplimos con nuestra parte presentando todo que legalmente se nos requería. La causa fue archivada en 2008, nos enteramos recién este año y hasta hoy no hemos tenido noticias de que se haya expedido ningún juez al respecto. No reconocieron que no somos una casa de fiestas privadas sino que somos una organización sin fines de lucro, un grupo comunitario reconocido por la IGJ, que desde 2004 está en el registro de grupos comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires y que recibe un subsidio como tal”. Esa subvención, aclararon, no alcanza a cubrir ni el diez por ciento de los gastos de la organización (que además paga un alquiler mensual). “Somos un espacio autogestivo e independiente al que bancamos con nuestro bolsillo y con todas las actividades que podamos hacer para juntar unos pesos. Eso, el gobierno de la Ciudad lo entendió como fiestas privadas”, explicó Lucía.

Si bien la mujer explicó que durante el miércoles la consigna no estuvo, la orden de la Fiscalía decía que la presencia policial debía ser por 48 horas. Pero hubo un uniformado desde el 12 hasta el 16 de agosto a la mañana. “Yo firmé la notificación por una falta contravencional por violación de clausura. El oficial de la Comisaría 28 se fue pero a los diez minutos volvió diciéndonos que tenía orden de su superior de consignarse en la puerta y tomar los datos de todas las personas que entraran y salieran de la casa”, contó Lucía.

“Nos están iniciando una serie de causas contravencionales por violación de clausura de una causa archivada. Es muy irregular –continuó Conde– que el mismo Estado que nos brinda la mercadería para darles de merendar a los pibes del barrio, al mismo tiempo nos clausure. Esto responde a una política estatal de avance contra la organización. Un policía en la puerta, simbólicamente es muy fuerte. No estamos pudiendo desarrollar las actividades normalmente, porque no podemos permitir que les abran causas a las personas que entran y salen del espacio”.

Por lo pronto, Lucía contó que intentarán acceder al expediente, y seguirán haciendo algunas actividades del centro cultural en la calle. Pero tiene claro que la persecución que denuncian no es casual: “Esto no es aislado. Sabemos toda la avanzada que hay sobre las organizaciones populares en general y nos estamos uniendo con un montón de otros espacios que también están en conflicto en la Ciudad para dar una batalla en conjunto”.