La idea comenzó a madurar en Comodoro Py después del fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del empresario Lázaro Báez y le ordenó al juez Sebastián Casanello avanzar sobre una hipótesis: que la fortuna que posee proviene de las concesiones de obra pública que obtuvo, no por su capacidad de construcción, desarrollo, precio y cumplimiento, sino por sus relaciones políticas y personales con los Kirchner.
La Cámara Federal le ordenó a Casanello responder a una afirmación que repiten denunciantes como Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, entre otros: «Lázaro es Kirchner.» A partir de allí, comenzó a surgir la idea de una comisión de fiscales que trabaje en conjunto. ¿Cómo se pensó?
Jueces federales de primera instancia se alarmaron por el contenido del fallo que firmaron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. Sostienen que quien delimita el objeto procesal (lo que se tiene que investigar) son los fiscales, pero en el Caso Báez, fue la Cámara la que amplió el espectro hasta CFK. La resolución señala que hay causas que parecen tener un punto en común y un hilo que las enhebra, pero tramitan separadas: Hotesur, Los Sauces, Plan Federal de Viviendas, enriquecimiento ilícito, Sueños Compartidos, y sigue la lista.
Un principio del derecho que rige en la Argentina es el ne bis in ídem. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Ni tampoco investigado simultáneamente por dos o más jueces por un mismo hecho. Si lo que se investiga, en términos generales, es una serie de hechos aparentemente inconexos entre sí pero que confluyen todos una presunta matriz de corrupción, hasta tanto no se demuestre fehacientemente que cada caso forma parte de una misma trama, los expedientes discurren por separado.
El ex presidente Carlos Menem fue condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Pero además tuvo y tiene otras causas: el supuesto pago de coimas en la privatización del control del espacio radioeléctrico (la causa «Thales Spectrum»), el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA, el pago de sobresueldos a sus funcionarios durante su gobierno, la supuesta «omisión maliciosa» de una cuenta en Suiza, el pago de coimas por el contrato con la multinacional Siemens para la renovación de los DNI y la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural a precio vil. Cada causa se investigó (y aún se investiga) por separado. Por eso (acaso gracias a eso) el ex jefe del Estado sólo estuvo preso por un rato en 2001.
Nunca con Menem un tribunal les recomendó a los jueces que se reunieran para intercambiar información y prueba entrecruzada para avanzar en las causas en las que estaba imputado. Con Cristina Fernández sí.
«El Tribunal, desde su función ordenatoria de la instrucción, habrá de encomendar la constitución periódica de reuniones entre los agentes públicos que integran los equipos mencionados, en aras de compartir la información mutuamente pertinente, incorporarla con inmediatez y al mismo tiempo sugerir a los directores de los procesos los cursos de acción que luzcan conducentes para lograr sus cometidos, evitando la dispersión y la repetición», aconsejó la Cámara Federal.
En ninguna parte de la legislación procesal penal están previstas esas reuniones. Cierto es que tampoco están prohibidas. Los jueces no acostumbran a reunirse más que para acontecimientos sociales en los que tertulian sobre múltiples temas, entre ellos sus causas, aunque en tonos informales. Esas charlas no quedan incorporadas a los expedientes. Si ello ocurriera, la mayoría de los jueces no podrían continuar al frente ni de esas, ni de ninguna otra investigación.
Quienes sí pueden interactuar y colaborar entre sí son los fiscales. De hecho, en la causa Nisman, la procuradora general Alejandra Gils Carbó le había ofrecido algo así a la ex fiscal Viviana Fein, lo reiteró cuando la causa estuvo delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano, y lo hizo nuevamente cuando volvió a la Justicia Penal ordinaria y comenzó a intervenir Carlos Vasser por el Ministerio Público.
El juez Casanello se insinúa como la punta de lanza para la conformación de una comisión de fiscales que investigue a la ex presidenta. Fue a él a quien la Cámara le ordenó que avanzara contra la ex mandataria.
Es Casanello quien, apegado estrictamente a lo que dice el Código Procesal, evalúa delegarle «su» investigación a Guillermo Marijuan y sugerir en esa resolución que se conforme un equipo de fiscales integrado por los que intervienen en cada una de las causas por supuestos hechos de corrupción que salpican a la ex presidenta, para que avancen todos juntos.
Si la idea prosperara (lo cual todavía está por verse), la comisión debería estar integrada por Marijuan, Taiano, Gerardo Pollicita, Carlos Rívolo y, eventualmente, Carlos Stornelli. «
Los hijos de Lázaro Báez
Todo indica que en menos de dos semanas Casanello procesará a los hijos de Báez y ampliará la acusación contra el empresario santacruceño hoy detenido, por el hallazgo de las supuestas cuentas en Suiza. El juez ya tiene los argumentos para refutar las objeciones a la validez de la prueba aportada por la UIF. Hay una cuestión casi semántica de por medio, que dilucidará las diferencias entre validez y valor probatorio. Y, en todo caso, si la objeción de las defensas de los Báez persiste, para ello está la Cámara, y eventualmente el tribunal oral que celebre el juicio en un futuro impreciso.
