Una compra de aviones pone en el ojo de la tormenta al pediatra ministro de Defensa de Uruguay

Desde el jefe del estado mayor de la marina de guerra, nada menos, que renunció en agosto pasado “asqueado”, según se supo, por negociados que no obstante, y por esos asuntitos de la disciplina militar, nunca denunció, hasta los más renombrados portales especializados en temas militares, todos coinciden en una lapidaria sentencia: el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou perdió credibilidad global desde que pasó a ser identificado como receptor de cuanta chatarra militar está pronta para el desguace en hangares, astilleros o dársenas de las fuerzas armadas de algún país occidental. Eso sí, así como acepta materiales inútiles de regalo, por otros de dudoso valor operativo paga con jugosas partidas de dólares cash.

El responsable de los desaguisados que tienen a Lacalle en el ojo del huracán –las lanchas patrulleras elegidas para custodiar las aguas internacionales pero que sólo son buenas para la pesca, aviones made in USA comprados para proteger los cielos orientales pero que resultaron ser de entrenamiento y no de combate, los Hércules C-130 de medio siglo de vida que desde que llegaron de España han pasado más tiempo en reparación que en aptitud de vuelo, y otras tantas rarezas más– es Javier García, un médico pediatra que aspiraba a ser ministro de Salud Pública pero al que en la repartija le tocó Defensa como premio por su efectiva labor proselitista liderando el sector que más votos aportó a la elección de Lacalle.

Más allá de otras compras –la ropa de abrigo con la que se congelan en la Antártida, el calzado todo terreno inepto para suelos húmedos–, la lista de los souvenirs de García había empezado a crecer en 2021, cuando ató con el ejército de España un negocio por dos viejos aviones multiuso fabricados por la norteamericana Lockeed Martin en 1975. Muchos dijeron que el precio pactado –26 millones de dólares– era excesivo. Otros, que esas operaciones se hacen con repuestos en mano y garantía del Estado vendedor, algo que no se dio en el caso de los Hércules. Los críticos se mofaron… y denunciaron. Muchos vueltos habrán quedado por el camino, tantos como los que obligaron a uno de los aparatos a hacer escala técnica en el brasileño Recife, cuando lejos estaba aún de su arribo a Montevideo.

En la lista se incluye, por orden de irregularidad, el ATF-67-Lautaro, un barco de guerra de la armada chilena botado en 1973 y retirado de servicio en 2022, tras 15 vueltas alrededor del mundo. Para reforzar la vigilancia atlántica, ese mismo año zarparon hacia el Río de la Plata, desde el puerto norteamericano de Baltimore, tres guardacostas donados por Estados Unidos. Desde noviembre del año pasado hacen el ida y vuelta por el río Uruguay,  de Paysandú a Montevideo, porque son unidades fluviales inservibles para la navegación de ultramar. El último traspié es de abril pasado, cuando se cerró una operación para la compra de 12 aviones norteamericanos para blindar el espacio aéreo ante la creciente actividad de las avionetas del narcotráfico. De los 12, dos están destinados al desguace, para obtener repuestos. Además, no son aviones de combate sino de entrenamiento.