Una cuidada puesta en escena para relanzar la gestión

Como si fuera un discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, Macri utilizará el atril central del CCK con el fin de reeditar la foto que protagonizó cuando asumió, pero ante un auditorio integrado por los invitados que eligió la Casa Rosada para construir un «marco de institucionalidad». Fueron invitados los gobernadores de las 24 provincias, los ministros de la Corte Suprema, las principales autoridades del Congreso, los jefes de los bloques parlamentarios oficialistas y opositores, los representantes de las centrales sindicales, los rectores de Universidades nacionales y hasta referentes de todos los credos, además de unos 50 empresarios. Muchos de ellos son ahora habitués del CCK, desde que Cambiemos lo eligió como el telón preferido para la realización de eventos de aspiración internacional, como el Foro de Inversiones de 2016, que el gobierno bautizó «Mini Davos», o la cena de bienvenida para el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama en marzo del mismo año. En la vieja, pero remozada, casa matriz del Correo está también prevista la realización de la próxima ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre el 10 y 13 de diciembre, y la Cumbre del G-20, en 2018.

Mensaje y destinatarios

Ante el auditorio de invitados, pero con el ojo puesto en las cámaras y en los medios acreditados, el presidente desmenuzará un mensaje que tendrá definiciones para los «próximos seis meses», es decir, para lo que resta de este año y los cuatro primeros meses de 2018. Para ese tramo, según explicaron en Balcarce 50, el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso. «El lunes hablaremos del marco general, de las herramientas, y de cómo hacerlo, lo analizaremos con los gobernadores, en las dos Cámaras legislativas y con los empresarios y sindicalistas», explicaron funcionarios del Ministerio del Interior y también de la Jefatura de Gabinete. Por eso, este lunes, Macri no especificará detalles, pero aludirá a la agenda de leyes y negociaciones que impulsará, especialmente, en la reunión con los mandatarios provinciales, convocada para el jueves 9.

Esa fecha, admiten cerca del presidente, es la parada más importante del recorrido que Macri intentará relanzar este lunes. El menú que barajan los funcionarios que le preparan el discurso, incluye definiciones actualizadas del manual de campaña de Cambiemos. El jefe del Estado volverá a insistir con la búsqueda de «pobreza cero» y en la generación de puestos de empleo genuino, aunque sumará la necesidad de austeridad fiscal, consenso para «definir a la inflación como una amenaza para la economía». Ninguno de los funcionarios consultados se animó a vaticinar si Macri se referirá al altísimo nivel de endeudamiento externo, pero una fuente de Hacienda confió que si lo hace, «será en la misma línea de la conferencia de prensa que dio luego de las elecciones: mientras haya inflación y crecimiento del gasto público habrá endeudamiento». 

En materia de «reformas institucionales» el mensaje incluirá una nueva ofensiva para cambiar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y acotar el mandato de su titular, Alejandra Gils Carbó, elegida por Macri como una de sus principales antagonistas dentro del Poder Judicial. También remarcará la necesidad de avanzar en una reforma electoral que, entre otros puntos, incluye la utilización a nivel nacional de la boleta única electrónica, que ya fue experimentada en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa quedó frenada en Diputados a partir de las críticas de la oposición por la supuesta falta de seguridad en el sufragio y por la premura del oficialismo en aplicarla, casi a libro cerrado.

Política y trabajo

Macri también hablará de los costos de la política. Les pedirá a las provincias la reducción de los gastos «superfluos», como las erogaciones públicas para financiar legislaturas y Concejos Deliberantes, en una línea similar a los recortes que impulsa la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para la Legislatura de su distrito. Será un recurso discursivo para apuntalar las múltiples significaciones que este lunes le dará el presidente a la idea de ajuste, pero sin reiterar mucho esa palabra.

El menú de recortes presupuestarios para cada provincia buscará obtener, antes de fin de año, una reforma fiscal federal, que incluya la reducción de impuestos locales, como los ingresos brutos, y acuerdos para avanzar en amnistías previsionales y fiscales para las empresas, con el fin de «abaratar los costos laborales». Se trata de uno de los eufemismos que admite el gobierno para asumir la existencia un plan de reforma laboral que comprende cambios en los convenios colectivos de trabajo, negociaciones por sector, adhesión de todas las provincias a la nueva ley de riesgos laborales, perdones impositivos para las empresas y cambios legislativos de alcance federal para reducir «la litigiosidad laboral».

Aunque posiblemente no los mencione, una parte del mensaje estará concentrado en los sindicalistas y en los empresarios presentes, convocados para que asistan a una presentación edulcorada de flexibilización laboral, que la Casa Rosada buscará cerrar para el año que viene en sectores clave de la economía, antes de las paritarias de 2018. 

«A los gobernadores les hablará de reforma tributaria y responsabilidad fiscal. De coparticipación posiblemente no», anticipó una fuente de la cartera de Interior que conduce Rogelio Frigerio, uno de los pocos habilitados para incrementar la expectativa de la puesta en escena de este lunes. «Serán acuerdos básicos de gobernabilidad, que tienen que quedar afuera de la agenda político-partidaria. Uno de ellos será ser constantes en el camino hacia el equilibrio fiscal», anticipó ayer el ministro. El funcionario se negó a confirmar la presentación de una reforma impositiva, aunque en la Cámara de Diputados el oficialismo ya adelantó que, el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados y senadores, Macri enviará un paquete de leyes para impulsar una reforma fiscal. El borrador ya está diseñado, pero todavía tiene que pasar por el cedazo de los gobernadores, que ya anunciaron su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema le dé la razón a Vidal: en agosto, la gobernadora presentó una demanda para recuperar 50 mil millones del Fondo del Conurbano y obtener la inconstitucionalidad del tope de 650 millones que rige desde hace 15 años, para repartir el 10% del Impuesto a las Ganancias.

Disputa de recursos

Tanto en Interior, como en Hacienda, reconocen que la disputa por la coparticipación con los gobernadores es una llave para que los anuncios presidenciales de este lunes tengan «viabilidad» en las sesiones extraordinarias que programa el Ejecutivo para diciembre, enero y hasta febrero. Pero el lanzamiento de acuerdos para el ajuste tiene su trastienda política, especialmente en el Fondo del Conurbano y sus 50 mil millones por año, para apuntalar la administración de Vidal en sus próximos dos años de gestión. Detrás de la directiva presidencial para mantener una «actitud humilde» después del resultado de las elecciones, los planes para 2019 incluyen un intento del PRO para impulsar la reelección de Macri, sin descuidar las «retaguardias estratégicas» de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, donde el futuro de Vidal depende de la asistencia nacional y del enroque político que Cambiemos intentará efectuar desde mañana. «