Una deuda de la democracia

El alto número de abortos que se realizan en la Argentina (se estima entre 370 mil y 520 mil por año) demuestra el poco o nulo efecto disuasivo que tuvo la penalización en la decisión de las mujeres de abortar. Por el contrario, sólo logró que los abortos sean clandestinos, que se practiquen en forma insegura y aumente la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes.Lo demuestran las estadísticas ofrecidas por el propio ministro de Salud en el Congreso. Aseguró Adolfo Rubinstein que en 2016 se contabilizaron 43 muertes de madres gestantes por abortos, un 17,6% de las muertes maternas. En 2013, últimas cifras disponibles, al menos 49 mil mujeres se internaron en hospitales públicos por problemas relacionados con el aborto. La cifra equivale a 135 mujeres por día. Dos de cada diez tenían 19 años o menos. En países que desde hace décadas avanzaron en la legalización, las mujeres casi nunca mueren por un aborto. En la Argentina, sí.

El Estado argentino viola el derecho a la vida insistiendo en un régimen jurídico que penaliza las decisiones reproductivas de las mujeres.Penalizar el aborto es no confiar en su capacidad para tomar decisiones éticas y justas para sus propias vidas y sobre sus cuerpos. Es condenarlas a una ciudadanía de segunda. Para la ONU, eso es tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Los abortos realizados en condiciones de legalidad, con información, seguridad y calidad de atención no causan complicaciones ni enfermedades. Lo que enferma es la ilegalidad y la precariedad. Evitar la mayoría de las muertes maternas por esta causa es posible: el primer camino es legalizar del aborto. Por una maternidad elegida y deseada, no forzada. «