Durante la Expo Cannabis Argentina, Carolina Gaillard (FdT) habló del proyecto de ley que presentó para modificar la ley 23.737 con el fin de despenalizar el consumo personal de todas las sustancias. Se busca pasar de un abordaje prohibicionista-abstencionista a uno que se construya desde la salud pública.
«Es necesario capacitar a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial para redireccionar la persecución hacia el narcotráfico y el crimen organizado, y no hacia los usuarios y consumidores. Desde nuestra perspectiva, despenalizar el consumo personal y adulto de droga no es alentar el consumo: es legislar sobre una problemática que existe en todo nuestro territorio”, advirtió.
Y consideró que “debemos enfocar los recursos en combatir el narcotráfico y el delito complejo, y brindar atención de salud a los usuarios que así lo requieran, evitando causas, procesos judiciales y condenas a usuarios -con consumos problemáticos o no- y pequeños vendedores”.
Los principales puntos del proyecto
La diputada Gaillard presentó este año el proyecto de ley por expediente 5167-D-2021, que plantea una modificación a la ley 23.737, conocida como “ley de drogas” -promulgada en 1989- para eliminar la figura de “tenencia simple” y despenalizar el consumo personal de todas las sustancias, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La diputada declaró a Industria Cannabis que “la guerra contra las drogas fracasó” al igual que el prohibicionismo. Como contrapartida, propuso “armonizar” la reforma de la ley de estupefacientes con “la protección de la salud pública y en particular con nuestra ley de Salud Mental”.
Para ello, es necesario que la persecución penal “se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”.
El texto del proyecto es producto de un trabajo conjunto con especialistas y organizaciones de la sociedad civil y se encuentra línea con la normativa que ya aprobaron numerosos países que despenalizaron el consumo personal de todas las sustancias como México, Portugal, España, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Bélgica, Holanda y el estado de Oregon, en EE.UU.
Un estatus jurídico especial para el cannabis
La modificación de la ley de estupefacientes también propone ajustar la política de drogas con relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico que comprenda su dimensión medicinal, terapéutica y paliativa, reconocida por Ley 27.350 de cannabis medicinal. De esta forma, se podrá garantizar que los usuarios medicinales y quienes cultiven no sean perseguidos ni confiscados. En este sentido, el texto propone la despenalización de la siembra y cultivo de cannabis para uso personal cuando la persona posea hasta 40 gramos de flores y/o semillas y la cosecha o cultivo de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo.
“Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad -con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país-, obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado”, aseguró”, aseguró la legisladora.
Selectividad en clave de vulnerabilidad
El proyecto de ley destaca que “en cuanto a las penas previstas para la venta de estupefacientes sin diferenciación de responsabilidades en la jerarquía organizativa del delito, el alto índice de personas privadas de la libertad por narcomenudeo demuestra que la persecución se ha enfocado también en los eslabones más débiles dentro de las conductas que trascienden la esfera privada pues se orientan la comercialización ilegal de estupefacientes”.
En los fundamentos, afirma que si se filtra por nivel de instrucción de la población total criminalizada por estupefacientes, 506 no tienen ningún nivel de instrucción, 3279 no completaron su instrucción primaria y 3748 no han terminado sus estudios secundarios, esto es, más de la mitad de la población privada de su libertad por infracción a la ley de estupefacientes no concluyó su instrucción básica. Mientras que, del total de 14.936 detenidos, 5679 se encontraban sin ocupación al ser detenidos y 6334 con ocupaciones a tiempo parcial. Y del total de mujeres (4413) y personas trans (113) privadas de la libertad, sólo 252 mujeres y 3 persona trans, contaban con un trabajo de tiempo completo.
Gaillard concluyó: “Hoy las cárceles están llenas de personas detenidas por tenencia para consumo, o por venta en pequeña escala, principalmente mujeres jóvenes de bajos recursos, mientras la producción y la comercialización ilegal de droga continúa en aumento”.
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