Marcela Monti respondió así al amparo presentado por la diputada Myriam Bregman. “No hay una afectación al derecho a la participación y al patrimonio de los usuarios del servicio del subte”, opinó, y deslizó que el pasaje debería costar incluso 102 pesos más de los 757 pesos objetados.
Nuevamente en el centro de la escena, la fiscal Marcela Monti consideró, en un dictamen presentado en el marco del amparo impulsado por la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, que “la suspensión (del aumento) podría ocasionar perjuicios concretos al erario público y a la seguridad operacional del servicio”.
El expediente, en el que también interviene el titular de la ONG Observatorio del Derecho de la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, está en “autos para sentencia”. La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori prevé tomar una decisión en los primeros días de esta semana.
Los amparos contra el tarifazo incluyen un pedido de medida cautelar que le ponga freno al primer salto, que llevó el pasaje de 125 a 574 pesos, y los que se aproximan, que terminarán en agosto con un precio de casi 800 pesos. Según la fiscal Monti, debería rechazar el planteo.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa que opera los subtes también pidieron el rechazo de la cautelar. Según ellos, Bregman y el Observatorio “pretenden obstaculizar un obrar de la Administración, sin reparar los enormes perjuicios que acarrearía para la calidad del servicio, los usuarios del subte y la ciudadanía en general”.
“El único fin que se persigue es suspender el aumento de la tarifa a cualquier costo e invocando cualquier excusa, sin reparar en que cada día de suspensión impacta negativamente sobre el erario público”.
La fiscal coincidió con esa postura. Y para ello, refutó los argumentos de los amparistas, quienes argumentaron que se había soslayado la intervención de los pasajeros del subte, sobre cuyos hombros recaería todo el peso del tarifazo.
Para la fiscal Monti, “no hay una afectación al derecho a la participación y al patrimonio de los usuarios del servicio del subte”. Además, consideró que “no todos los costos de explotación son cubiertos proporcionalmente por cada usuario”. Para ello, incluso, deslizó que el pasaje debería costar incluso 102 pesos más que lo que valdrá cuando se complete el incremento escalonado.
La fiscal señaló que “la tarifa técnica aprobada por la resolución cuestionada asciende a 859,07 pesos”, en tanto que “la tarifa al usuario será de 757 pesos a partir del 1 de agosto de 2024”.
“Teniendo en consideración los subsidios que son luego aportados por el Estado local —destinados a cubrir, entre otras cuestiones, trabajos por desasbestización (retirar el asbesto de los coches, ndr) —, la tarifa a la que acceden los usuarios es sustancialmente menor a la tarifa técnica”. Ese “sustancialmente menor” son los 102,07 pesos de diferencia desde agosto.
El dictamen, de 30 páginas –al que accedió Tiempo- resalta la bondad de la empresa y el gobierno porteño: “los cuadros tarifarios vigentes prevén un tratamiento preferencial para los consumidores considerados hipervulnerables que integren sectores socioeconómicamente marginados y/o merezcan una tutela especial en virtud de sus propias características”.
En ese contexto, destaca que “los cuadros tarifarios aprobados prevén una tarifa social que es sustancialmente menor a la general, a la que podrán acceder los beneficiarios de los planes sociales Programa de Ciudadanía Porteña y Jefes y Jefas de Hogar; las personas en situación de desempleo crónico o recurrente; quienes acrediten fehacientemente poseer ingresos familiares que se encuentren por debajo de la canasta básica familiar que publica el INDEC; las personas en situación de indigencia; los beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón; los ex combatientes de Malvinas y todos aquellos grupos identificados por normas vigentes de la Ciudad de Buenos Aires con necesidades especiales/ en situación de alta vulnerabilidad social”.
El dictamen no aclara si para acceder a esa tarifa preferencial (más barata) será necesario obtener un carnet de pobre.
La fiscal Monti se había pronunciado, en su anterior aparición recogida por los medios de comunicación, por impedirle a Roger Waters cualquier alusión sobre el conflicto en Medio Oriente. El cantante tiene una postura pública sobre la situación y fue denunciado por la DAIA, (incluso pidió la cancelación de los shows) que considera que sus expresiones en otros recitales en distintos escenarios del mundo tienen un contenido antijudío.
Monti se opuso a la suspensión de los conciertos. Y el juez Guillermo Scheibler los autorizó haciendo hincapié en “la libre expresión artística” y rechazando “toda censura”.
“Dicha medida (la cancelación de los espectáculos) vulneraría el ejercicio de libertad de expresión e importaría un acto de censura previa por vía judicial”, resumió el juez.
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