Una investigación contra supuestos terroristas, sin imputados por terrorismo

El juez federal porteño Sebastián Ramos resolverá antes de que termine la semana la situación procesal de Axel Ezequiel, de 25 años de edad, y de Kevin Gamal Abraham Salomon, de 23, ambos detenidos desde hace casi dos semanas por su supuesta vinculación con la organización, legal en Líbano pero considerada «terrorista» por Estados Unidos. Pero ninguno de los dos está acusado por terrorismo.

El artículo 41 «quinquies» del Código Penal establece un agravamiento de las penas de cualquier delito «cuando hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». Ese artículo no figura en la imputación contra los hermanos Abraham Salomon. Cuando el abogado Ismael Jalil pidió sus excarcelaciones, el juez Ramos calificó provisoriamente los delitos por los que le rechazó la libertad. Y allí no figura el artículo que habla de «terrorismo».

Los hermanos están detenidos porque en la casa de uno de ellos fueron halladas armas y municiones. Entre los elementos secuestrados figuran un rifle de aire comprimido y una escopeta tipo Mauser; según la familia de los encarcelados, pertenecieron al bisabuelo de ambos y, de hecho, estaban guardadas como «objetos de valor» en la habitación de la abuela, la hija del fallecido dueño original.

Uno de los hermanos, Axel, ni siquiera vive en la finca de la calle Chivilcoy 467. Es comerciante de artículos de limpieza sueltos y posee un pequeño local al frente de su vivienda. Según el abogado Jalil, «uno de sus principales clientes a domicilio es la escuela judía de la calle Bahía Blanca, ubicada a la vuelta». El supuesto terrorista lleva personalmente elementos químicos a una escuela del credo hebreo con frecuencia casi diaria.

Las armas (también había de puño y otros objetos contundentes, como un bate de béisbol) no están registradas a nombre de los hermanos.

El juez Ramos está constatando todo lo relativo al armamento. Hasta tanto ello ocurra, los dos seguirán presos. De hecho, están acusados por «tenencia de armas de fuego y acopio de municiones», una composición de delitos que contempla penas de hasta diez años de cárcel.

Hassan Adnan Hamze, argentino pero con familiares libaneses y primo de los dos detenidos, quien esta semana saltó a la opinión pública porque quedó involucrado en la investigación tras pedir un kilo de helado por delivery, sí aparece mencionado en una causa en la que supuestamente se investiga terrorismo.

En su caso, el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina le notificó a su defensa sobre la existencia de esa investigación. La descripción sí incluye la figura de «terrorismo» y también la contemplada en el artículo 189 bis del Código: «el que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a 15 años».

En el allanamiento a la casa de Hamze, en la calle Emilio Lamarca al 400, no fueron hallados ninguno de los elementos a los que hace alusión el artículo invocado por el juez. Hamze tampoco está formalmente acusado de terrorismo. Uno de los elementos que lo convierten en potencial sospechoso son sus viajes a El Líbano. Del último de ellos, Hamze regresó con dos objetivos cumplidos, según explicó su abogado: vio a su abuelo, de 92 años de edad, y con un implante dental que había ido a hacerse.

 «Tareas de inteligencia» como las que permitieron detectar el pedido de helado hicieron surgir los nombres de otras tres personas de la comunidad libanesa. Ante ese escenario, el viernes el abogado Jalil presentó un escrito ante el juzgado poniendo a los tres a disposición de la investigación.

También el viernes fueron presentados ante el juez Ramos los contratos de locación que el padre de los hermanos Abraham Salomon, como propietario, celebró con al menos cinco inquilinos. Ello tuvo por objetivo mostrar «solvencia económica» de la familia para justificar viajes a El Líbano. «