Una marea de gente se volcó a la calle contra el negacionismo del gobierno

Ante el avance del negacionismo de Estado, la sociedad argentina salió en masa a defender la bandera de la memoria, la verdad y la justicia que se sostiene desde la vuelta de la democracia y que el gobierno de Javier Milei pone en riesgo. 

Una Plaza de Mayo colmada acompañó a las Madres, a las Abuelas, a sobrevivientes y familiares y gritó por los “30 mil detenidos desaparecidos, ahora y siempre”, como única respuesta a las provocaciones del Ejecutivo este lunes en las que cuestionó la cifra de víctimas del terrorismo de Estado y promovió la “memoria completa”.  

Por primera vez desde 2006, las organizaciones de derechos humanos realizaron una sola marcha y realizaron un acto conjunto frente a la Casa Rosada en lo que se cree que fue la mayor movilización de un 24 de marzo desde el regreso de la democracia. 

Muchas familias y personas sueltas se convocaron a 49 años del golpe cívico-militar. Además, llenaron las avenidas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales. Como ocurrió también el año pasado, la CGT participó institucionalmente de la marcha, al igual que las dos CTA. 

Sobre el escenario, sólo estuvieron Madres y Abuelas acompañando a quienes leyeron el documento consensuado: Estela de Carlotto, titular de Abuelas, Taty Almeida y Elia Espen, de Madres Línea Fundadora, y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

“Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. ¡Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel!”, sostuvo Taty al cierre del discurso, que fue firmado por todas las organizaciones, tanto las históricas, entre ellas como Abuelas, Madres, HIJOS, Familiares y APDH, como las que forman parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.  

La dirigente de Madres Línea Fundadora denunció también “el vaciamiento y desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los sitios de memoria y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el hostigamiento y precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos”, y exigió la “preservación de los Espacios para la Memoria y el cuidado de las pruebas materiales de la represión”. 

La primera en hacer uso de la palabra fue Elia Espen, quien leyó las consignas históricas del movimiento de derechos humanos. “A 49 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, seguimos exigiendo

¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!”, señaló. 

“Seguimos exigiendo que nos digan ¿dónde están?”, manifestó y reiteró el pedido de desclasificación de “todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983” para avanzar con las investigaciones de los responsables, para encontrar a los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados y conocer el destino de las personas desaparecidas. 

Carlotto se refirió a la búsqueda de nietos y nietas y reclamó que “el Estado debe garantizar la restitución de su identidad”.

“La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado”, explicó Estela.

La titular de Abuelas llamó a todas las personas que tengan información que se comuniquen con la institución así como quienes tengan dudas sobre su identidad. “En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos, hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos. Nunca es tarde”, cerró.

Pérez Esquivel cuestionó las políticas económicas del gobierno nacional y llamó a la “derogación del DNU 70/23, la corrupta Ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI”. Denunció “la situación social de pobreza en la que viven cada vez más familias, el cierre o vaciamiento de políticas de asistencia a los más vulnerados”, y exigió que se detenga la militarización de los territorios y se respeten los derechos de los pueblos indígenas.

Los organismos pidieron también la renuncia de Patricia Bullrich por la brutal represión a la protesta social que ordenó y cuestionaron una nueva toma de deuda con el FMI. “La deuda es con el pueblo, plata para jubilaciones, medicamentos, empleo, protección social, vivienda, salud y educación!”, manifestaron.