Una nueva «mesa chica» neutraliza el rol de Bullrich en el manejo del caso

¿Qué sucedió para que la titular de la cartera de Seguridad dejara de defender con virulencia a Gendarmería y eligiera aportar información a la causa sobre la responsabilidad individual de un grupo de uniformados que había elegido proteger? Es la misma pregunta que se hacen dentro de la Casa Rosada los funcionarios que hace 15 días reconocen en reserva que no tiene cómo explicar qué hacía el jefe de asesores de Bullrich Pablo Noceti antes, durante y después de la represión de Gendarmería que la cartera de Seguridad eludió indagar durante más de un mes. 

«Hay cierta incomodidad por el sobregiro de Patricia. Curiosamente, después de negar el papel de Gendarmería durante un mes, ahora somos nosotros los que más información estamos aportando a la causa, incluso sobre el grupito de gendarmes», se lamentó un hombre del gobierno que fue testigo de las críticas de algunos ministros por ese cambio, pero «sin romper lanzas». La orden presidencial es cerrar filas sobre el caso y no mostrar fisuras. Como suele hacerlo desde que asumió la jefatura de Gobierno a fines de 2007, Macri constituye «mesas especiales» de consulta ante situaciones críticas. Para el caso Maldonado cuenta con una «mesa chica» que comparten Peña, Bullrich, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el titular de la AFI Gustavo Arribas. Peña y Garavano cuentan en la Rosada, ya pusieron el grito en el cielo por el «sobregiro» que ahora deben defender en público, mientras que el jefe de la estructura de espionaje que depende de la Presidencia interviene en forma activa para mitigar la presunta «falla estructural» que lamentan los escuderos presidenciales. «No teníamos información en el comienzo de esto y si la hubo, pasó por Patricia, que le creyó demasiado a Gendarmería», se quejó una fuente del Ministerio de Justicia para alivianar la bronca que le deparan a la ministra.

La misma fuente reconoce, a regañadientes, que el jefe de la AFI mantiene informado al jefe del Estado en la residencia de Olivos, casi con la misma y febril rutina con la que Macri llama a Bullrich todos los días para que lo mantenga al tanto. Ni la «mesa especial», ni los reportes del jefe de los espías son, por ahora, indicios que impliquen la partida de «Pato», pero ponen en duda el presunto monopolio inicial de información que habría detentado la funcionaria. «Ella está firme en el puesto, pero así como fue ratificada, también fue advertida para que cierre filas en su propio ministerio y deje de pelearse», agregó la fuente, en alusión a la guerra abierta que protagoniza Bullrich con su segundo, el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. Este funcionario fue elípticamente esmerilado por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuando respaldó por los medios a la ministra y habló de una alianza entre el kirchnerismo y el narcotráfico para debilitar a la jefa de la cartera. También apuntó al subsecretario del Delito Organizado y Complejo Juan Patricio Furlong, a quien «Lilita» señaló como «socio» de Burzaco en los negocios privados de seguridad que tendrían ambos, desde que el actual secretario de Seguridad fue designado al frente de la ex Policía Metropolitana en 2009, por decisión del entonces alcalde Macri. 

Furlong tiene bajo su férula a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), cuya jefatura sigue vacante y, a pesar de que Lilita se adjudica haberlo echado del cargo, el funcionario sigue en funciones hasta nuevo aviso. La bravata pública de Lilita fue el disparador de la advertencia presidencial para que Bullrich cierre filas con Burzaco. Dos días después de las declaraciones de la chaqueña, la ministra y su segundo forzaron un diálogo ameno en el Salón Blanco ante la prensa acreditada a la visita de Netanyahu para mostrar una imagen de unidad, pero en la realidad cotidiana, la guerra entre ambos también llega a las fuerzas de seguridad federales, cuyos jefes uniformados mantienen interlocuciones paralelas con ambos jefes civiles. Burzaco tiene dentro de su organigrama a las cabezas de la nueva Policía Federal, Néstor Roncaglia; de la Gendarmería, Gerardo Otero; de la Prefectura, Eduardo Scarzello y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich. Los cuatro deben responder a Burzaco, una jerarquía que Bullrich no tolera, mientras que los dos primeros son parte de una histórica disputa interna que ahora crujió con el caso Maldonado. La grieta no tendría que ver con la veracidad de los hechos, sino con la carrera de embolsados entre Gendarmería y la Federal para proveer información al mando civil sobre el particular. El tráfico anticipado, y privilegiado de pericias e información reservada no sólo pasa por Burzaco, sino también por Bulllrich, pero a través de su asesor de máxima confianza Noceti, que hace valer ante los uniformados su rol de emisario «de la ministra». En tribunales recuerdan que Noceti nunca se caracterizó por su genio legal, sino por la fidelidad a Bullrich que ejercitó cuando la actual ministra era diputada nacional. 

Su rol dentro del organigrama fracturado de la cartera de Seguridad fue cumplir funciones como «el anti Burzaco», o «el secretario de Seguridad paralelo», que ejercía una influencia de proximidad y cercanía que el atildado ex rugbier no puso en práctica. Para Bullrich, su vice debía ejercer las tareas territoriales que detentó el exsecretario Sergio Berni, un paradigma opuesto al rol «académico y profesional» de Burzaco. 

En Esquel fuentes judiciales confirmaron a Tiempo que el asesor Noceti ya suma dos años de presiones en juzgados locales y federales para promover desalojos y detenciones contra poblaciones mapuches, a cualquier precio y bajo el generoso auspicio de la multinacional Benetton «