Una ONG ligada a Bullrich busca reabrir la causa en la que fue sobreseída Cristina

La causa por la denominada “ruta del dinero” que, al final –según el fiscal Guillermo Marijuán- no era “K”, aún no se terminó. Pese a que el representante del Ministerio Público consideró que no tenía elementos para acusar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; que las querellantes, UIF y AFIP, coincidieron con ese criterio y que el juez federal Sebastián Casanello dispuso el sobreseimiento “declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor que hubiera gozado”, la Cámara Federal porteña tiene la llave para mantener viva la causa. La decisión está en manos de los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Eduardo Farah.

La hipótesis sería disparatada si el escenario no fuera Comodoro Py, donde –como en la vieja serie televisiva “La Dimensión Desconocida”- todo es posible.

Cuando el sobreseimiento se encaminaba a adquirir fuerza de “cosa juzgada”, de la nada apareció una ignota asociación civil vinculada con Juntos por el Cambio, específicamente con la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich, y pidió ser aceptada como querellante para resistir el cierre de la causa.

Se trata de Bases Republicanas, cuya presidenta (en uso de licencia) es la diputada de Juntos por el Cambio y consejera de la Magistratura Jimena De la Torre. Entre sus fundadores y directivos aparece Pablo Nocetti, ex mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, de activa participación en los sucesos que rodearon a la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado y el asesinato del representante de la comunidad mapuche Rafael Nahuel.

La presentación está firmada por quien hoy ejerce la presidencia, Valeria Viola, hija de la exdirigente de la UCEDE en los 90 y funcionaria durante el gobierno de Carlos Menem, Adelina D’Alessio de Viola. El abogado que patrocina el pedido es Luis Cevasco, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, hoy protagonista de la Fundación Chocobar y codefensor del policía Luis Chocobar junto con Fernando Soto, asesor de Bullrich.

En los diez años de tramitación del expediente, Bases Republicanas jamás mostró interés por participar. No obstante, cuando Marijuán impulsó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, irrumpió queriendo convertirse en querellante, de la misma manera que mucho antes, cuando la causa estaba en pleno trámite, lo habían intentado Margarita Stolbizer y la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Ambos fueron rechazados, pero en el caso de Stolbizer –por su condición y antecedentes- fue invitada a intervenir como “amicus curiae” (terceros que sin ser parte del expediente pueden aportar ideas y conocimientos basados en su experiencia en el caso a tratar).

El juez Casanello rechazó a Bases Republicanas como querellante. “Obtura la posibilidad de que sea reconocida como acusadora la misma circunstancia que se lo impidiera a la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en los inicios de esta investigación: no se encuentra presente aquel plus respecto al común que la posicione como particularmente ofendida -y afectada de modo especial e individual- por los hechos investigadas en este expediente. (…) No se ha conferido la persecución penal a cualquier ciudadano, ni ésta se trata de un derecho de incidencia colectiva, habiendo rechazado la afirmación de que se halle en vigencia una suerte de acción popular”.

Bases Republicanas apeló el rechazo y Casanello concedió el recurso, de modo tal que habilitó la intervención de la Cámara al sólo efecto de resolver si la acepta o no como querellante.

¿Podría hacerlo? Uno de los tres jueces que deben resolverlo parece tener en claro que sería un disparate. En efecto, Eduardo Farah acaba de rechazar a otra asociación civil, Abogados por la Justicia Social (AJUS) como amicus curiae en la causa en la que se ¿investiga? el viaje de jueces, funcionarios porteños y ex agentes de inteligencia (“los Huemules) a escondidas al Lago Escondido en octubre del año pasado. “No hay en la causa un debate sobre un tema específico en que se requiera la opinión –para pluralizar, enriquecer o fortalecer soluciones- de un ente o persona con reconocida trayectoria y solvencia sobre cuestiones de trascendencia institucional. (…) La Asociación no es parte en la instrucción; su acceso a las evidencias y el aporte que pudiera efectuar se encuentra siempre supeditado a la evaluación que sobre su entidad y pertinencia efectúe el director del proceso”.

Si respetara su propio criterio, Farah debería rechazar a Bases Republicanas como querellante. Debería.

Los otros dos jueces, Bertuzzi y Llorens, son los padres de la “teoría del cuentapropismo” en el espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos. Ellos resolvieron que un grupo de espías (la mayoría de ellos expolicías de la Ciudad de Buenos Aires) contratados durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se complotaron para traicionar a sus jefes y hacer negocios personales sin que nadie se percatara de ello, en una estructura que probablemente sea la más férreamente vertical de toda la administración en cualquier gobierno.

Quien puede lo más, puede lo menos.

Hay un antecedente sobre la aceptación como querellante de una organización que no había participado desde el inicio en un expediente: la Causa Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán, el expediente que se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza.

La denuncia de Nisman había sido cerrada en dos oportunidades y parecía tener fuerza de cosa juzgada. Pero entonces apareció la DAIA aportando una grabación de una conversación privada de uno de sus directivos con el excanciller Héctor Timerman, que nada aportaba a la presentación de Nisman, ni conmovía los argumentos por los cuales la denuncia había sido desestimada. No obstante, la Cámara Federal de Casación –en un fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes se reunían en privado con Mauricio Macri, pero también por Ana María Figueroa- aceptó a la entidad judía como querellante, abrió el expediente cerrado y propició un zafarrancho que puso a exfuncionarios en prisión y causó la muerte del excanciller Timerman.

Cuando el expediente llegó a la etapa de juicio, el tribunal oral dictó el sobreseimiento de todos los imputados (el fallo fue apelado), pero el daño ya estaba hecho.

Es cierto que Bases Republicanas no es la DAIA. Pero Comodoro Py siempre es Comodoro Py. «