Una pandemia leve, la clave para que se cumpla la fuerte caída del déficit fiscal en 2021

En un nuevo mojón de su sendero «market friendly», el equipo económico estudia caminos para que el déficit fiscal sea menor al previsto, tanto este año como el que viene. Para ello ratificó el corte de los programas de ayuda a quienes más sufrieron la pandemia, como el IFE y el ATP. El objetivo es que el rojo de 2021 quede por debajo del 4,5% del PBI anunciado en el Presupuesto.

Las señales buscan tranquilizar a los mercados y sobre todo al Fondo Monetario Internacional. Una misión del organismo arribará el martes al país para continuar negociando un nuevo programa que reemplace al stand by que caducó en 2018 y que permita postergar la devolución de los U$S 44 mil millones otorgados al gobierno de Mauricio Macri. Y se sabe que el capítulo fiscal estará bajo la lupa de los visitantes. El gobierno espera aprobar esta semana el Presupuesto que ya tiene media sanción de Diputados.

Fue el propio oficialismo el que puso sobre la mesa de discusión el cambio de la meta ya anunciada. El tema habría sido adelantado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a la cúpula de AEA durante la reunión que tuvo con esa entidad empresaria el último lunes. En su visita al Congreso, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, estimó que las cuentas de este año cerrarán con un rojo del 7% del PBI, un punto y medio menos de lo que se estimaba hace dos meses.

En la discusión parlamentaria, el senador Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, también dijo que el déficit de 4,5% del PBI previsto para el año que viene «se irá achicando». En todo caso, parece que el saldo primario negativo de $ 1,7 billones para 2021, que en un principio era presentado como el mínimo posible para evitar remezones sociales y el colapso de la economía, ahora incluye un colchón para negociar eventuales rebajas.

En realidad, el Presupuesto plantea un escenario sin necesidad de asistencia extraordinaria del Estado para los efectos negativos del Covid-19, salvo $ 13.698 millones para la compra de 22,4 millones de vacunas. Ese supuesto podía resultar lógico en septiembre, cuando se elevó el proyecto, pero ahora no parece que en ese rubro se pueda hacer borrón y cuenta nueva dentro de apenas ocho semanas. Menos cuando el Indec afirma que la pobreza es del 40,9% (dato del primer semestre, que podría haberse agravado en los últimos meses) y que el propio FMI, en sus papers, estima que la circulación del virus recién se detendrá a fines de 2022.

Los ajustes a esos planes de contención, que según cálculos oficiales insumieron $ 1,2 billones, ya se vienen practicando de manera sutil. Por caso, en el programa ATP, destinado a sostener a las empresas, los subsidios se fueron transformando en créditos blandos y el padrón de firmas habilitadas para recibirlo se fue reduciendo a los sectores más golpeados por la crisis. «Está previsto que el ATP finalice a fin de año. La economía se está recuperando en forma sostenida y la expectativa es que 2021 sea un año de fuerte recuperación económica», dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La continuidad del IFE, creado para familias sin ingresos formales y los monotributistas de las categorías más bajas, sigue estando en la nebulosa.

Las críticas sobre esta brusca interrupción vienen no solo desde la oposición sino desde sectores amigos. Por ejemplo, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que conduce Claudio Lozano, a la vez director del Banco Nación, resaltó en un documento que el proyecto de Presupuesto «asume llamativamente que la crisis epidemiológica se resolverá en lo inmediato» y que «aunque finalmente se logre interrumpir la propagación del virus, el deterioro de las condiciones de vida provocadas por esta crisis inédita tardará aun más tiempo».

Otro punto que despierta dudas es cuál será la política en materia previsional que se seguirá en 2021, habida cuenta de que el rubro Prestaciones de la Seguridad Social se lleva 13 de cada cien pesos que gasta la Administración Pública. La aplicación de la Ley de Movilidad continúa suspendida y mientras la comisión de especialistas que estudia los cambios sigue sin dar dictamen, los haberes se actualizan por decreto. Haroldo Montagu, secretario de Política Económica, admitió que para el cálculo «se hizo un promedio» de las propuestas que estudia esa comisión, por lo que las jubilaciones y pensiones podrían perder su poder adquisitivo en 2021.