Una periodista denuncia el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información

En base a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la periodista alemana Gabriela Weber solicitó en Cancillería obtener copias de documentos diplomáticos que podrían contener datos sobre el traslado del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, en el año 1960, desde Argentina hacia Israel, donde fue juzgado y posteriormente ejecutado. Aunque asegura tener pruebas de que el material requerido existe, su petición resultó infructuosa. Por eso, la investigadora considera que el Poder Ejecutivo estaría «incumpliendo» una normativa sancionada por el Congreso y vigente desde el año pasado.

Residente en Argentina desde 2002, Weber es autora del libro Los Expedientes Eichmann (Sudamericana ,2013),  en el que cuestiona la versión oficial sobre la captura del jerarca nazi a manos de agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Esa versión sostiene que la detención sucedió el 11 de mayo de 1960, en la localidad de San Fernando, donde Eichmann vivía bajo el nombre falso de Ricardo Klement en una vivienda de la calle Garibaldi. 

Para la periodista, este alto oficial nazi de las SS, responsable de haber diseñado los principales campos de exterminio del Tercer Reich en Polonia, fue en realidad «entregado» a las autoridades israelíes por la inteligencia de Estados Unidos con el propósito de encubrir la realización de ensayos nucleares en la Patagonia, programados por el Pentágono y consentidos por el gobierno argentino. 

La autora considera que esas pruebas atómicas pudieron liberar energías debajo de la tierra que ocasionaron un gran terremoto que por esos días, en ese mismo año 1960, sacudió a la ciudad de Valdivía, en Chile. «Lo que siempre sostuve es que el secuestro de Eichmann fue un montaje, un operativo de desinformación porque los israelíes siempre supieron que estaba en Argentina y aceptaron llevárselo para negociar con Estados Unidos y Alemania Federal la entrega de tecnología nuclear», remarca la periodista al explicar esta provocadora hipótesis sobre el caso. Una versión que sostuvo incluso en dos documentales que produjo (Cráteres para la Paz y Desinformación).  

El lavado del dinero nazi en Argentina y la complicidad de la empresa Mercedes Benz con la última dictadura cívico-militar son otros de los temas que Weber abordó en otras publicaciones y realizaciones audiovisuales, pero nunca dejó de lado su interés por Eichmann. Sobre la base de documentos hallados en el archivo de la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), y que actualmente administra la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Weber inició un reclamo ante Cancillería para solicitar una apertura de  registros, fundado en la Ley de Acceso a la Información.

El material al que se refiere es un documento del antiguo servicio de inteligencia de la Policía Bonaerense, fechado el 9 octubre de 1965 y que consigna la existencia de un tratado, firmado cinco años antes –poco después del secuestro de Eichmann– por el entonces presidente Arturo Frondizi; su canciller, Diógenes Taboada, y una delegación de Israel. Ese tratado, según el informe, establecía que «los integrantes de la colectividad no pueden ser sancionados por los Tribunales de Justicia» de Argentina. Además, Weber encontró en el archivo histórico de la Cancillería, ubicado en Puerto Nuevo, un listado de comunicaciones que el Consulado y la Embajada Argentina en Tel Aviv intercambiaron entre mayo y junio de 1960, y varios de estos telegramas figuran como «cifrados». Para Weber, esos documentos podrían contener revelaciones sobre los últimos días de Eichmann en la Argentina. 

Con esta información, y el patrocinio de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Argentina (ACERA), Weber presentó a fines de 2017 en Cancillería un reclamo para consultar esos documentos. El decreto 206/2017, reglamentario de la Ley 27.275, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, sostiene que «la información calificada como reservada mantendrá ese estado durante diez años». Una vez cumplido ese plazo se debe hacer un análisis para determinar si «es conveniente su difusión». Sin embargo, el decreto reglamentario aclara que esta salvedad no será aplicable a los casos en los que se investiguen crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. «Eichmann fue condenado por genocidio contra el pueblo judío, y por eso, la información que tuviera el Estado argentino sobre él debería  ser pública», fundamentó Weber.  

Desde el Palacio San Martín se alegó que la Cancillería no dispone de los documentos pedidos por Weber. Le aportaron un tratado de extradición firmado entre Argentina e Israel el 9 de mayo de 1960, dos días antes de que Eichmann resultara apresado. En una resolución fechada a principios de este mes, el director de la Agencia para el Acceso a la Información, Eduardo Bertoni, dio por finalizado el trámite y notificó que está abierta la posibilidad de una apelación ante los tribunales en lo contencioso administrativo. 

«La ley de Acceso a la Información es una buena iniciativa, pero se está incumpliendo. Me negaron los registros de búsqueda y en Cancillería no contestaron si existe un lugar donde se guardan los documentos secretos. Tengo pruebas de que la información que busco existe. Me voy a presentar a los Tribunales», anticipó Weber, que no se resigna y está resuelta a continuar con la búsqueda. «