En la Ciudad de Buenos Aires, donde acceder a un empleo formal es cada vez más difícil, el Estado no aparece garantizando derechos sino desplegando patrulleros, controles y fuerzas de seguridad sobre quienes menos tienen.
Según pudo reconstruir Tiempo a través del testimonio de un vecino de Villa 20 de Lugano, integrante del Movimiento de Villas y Barrios Populares, que pidió preservar su identidad por temor a represalias de las fuerzas de seguridad, el hecho ocurrió cuando caminaba hacia la estación de Pompeya.
“Había una camioneta policial y todas las cosas del muchacho tiradas en la vereda. Se veían las tortillas ya cocidas, las que estaban preparando y algunas pertenencias del vendedor, como su bolso. Todo en el piso”, relató.
El entrevistado aseguró no haber visto el momento exacto de la detención, aunque sostuvo que “es muy probable que se lo hayan llevado”, debido a cómo quedaron sus pertenencias abandonadas tras el procedimiento. También remarcó que toda esa mercadería representaba el sustento diario del trabajador.
“Esto pasa todos los días en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Persiguen a los vendedores ambulantes, les sacan las cosas y los dejan sin posibilidad de trabajar”, denunció.
Mientras relataba lo sucedido en Pompeya, el vecino también compartió material fotográfico de otro operativo policial que se desarrollaba simultáneamente dentro de la Villa 21-24/Zavaleta, en la Comuna 4, entre Barracas y Nueva Pompeya, donde podían observarse efectivos fuertemente armados recorriendo el barrio popular.
Las escenas no aparecen aisladas. Forman parte de una política que desde hace meses se profundiza en distintos barrios populares de la Ciudad. Clausuras, decomisos, controles masivos, requisas y una presencia policial cada vez más agresiva se volvieron parte de la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en villas y asentamientos porteños.
Uno de los antecedentes más recientes ocurrió con el megaoperativo “Tormenta Negra”, desplegado por el Gobierno de la Ciudad el pasado 14 de mayo. Con más de 1500 efectivos, drones, cámaras y fuerte cobertura mediática, el operativo fue presentado oficialmente como una acción contra el narcotráfico en barrios populares como la Villa 31, la 1-11-14, la 21-24, Ciudad Oculta, Barrio 20, Los Piletones y otros puntos vulnerables de la Capital.
Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que el despliegue terminó funcionando como una avanzada sobre trabajadores informales, comerciantes y vecinos de los barrios.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudiaron el operativo y advirtieron que estas prácticas “serían impensables en otras zonas de la ciudad”, denunciando controles masivos, discrecionalidad policial y ocupación territorial sobre comunidades enteras bajo una presunción permanente de sospecha.
Silvana Olivera, militante de Peronismo por la Ciudad e integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, explicó que muchos de los detenidos fueron vecinos demorados simplemente por no tener el DNI encima en ese momento.
“El operativo fue un desfile de ley y orden para la televisión. No vinieron a cerrar búnkers narco ni a capturar delincuentes peligrosos. Requisaron vecinos y comerciantes”, sostuvo.
Además denunció que, en numerosos procedimientos, la mercadería y herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.
El impacto de estos operativos golpea especialmente a quienes viven de la economía popular. Vendedores ambulantes, feriantes, cartoneros y pequeños comerciantes quedan cada vez más expuestos a procedimientos violentos que los dejan sin ingresos y profundizan la precariedad.
Las imágenes de Pompeya vuelven a poner esa realidad frente a los ojos de todos: tortillas tiradas sobre el asfalto, herramientas de trabajo decomisadas y trabajadores perseguidos por intentar subsistir.
Parece una postal repetida de estos tiempos. En una Ciudad donde acceder a un trabajo formal es cada vez más difícil, el Estado no aparece garantizando derechos sino desplegando patrulleros, controles y fuerzas de seguridad sobre quienes menos tienen.
La pregunta vuelve a quedar flotando en los barrios populares porteños: ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo cuando el Estado llega primero con operativos policiales antes que con políticas sociales, trabajo y urbanización?
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