Una respuesta política a la toma de tierras

Las tomas de tierras no son un fenómeno nuevo; a pesar de que suelen estar invisibilizadas en los medios de comunicación, son una estrategia histórica y masiva de una gran parte de la sociedad latinoamericana para acceder a un lugar para vivir cerca de las fuentes de trabajo. Nuestras ciudades han sido significativamente autoproducidas a partir de procesos de organización social. Tampoco es un fenómeno aislado: son una de las manifestaciones más dramáticas de los procesos de privatización, concentración y encarecimiento del suelo, sobre todo el urbano. La falta de vivienda de unos contrasta con el creciente número de viviendas vacías y la producción residencial orientada a la inversión especulativa.

En los últimos días el aspecto jurídico ha dominado la discusión pública, reduciendo el problema a una usurpación de la propiedad privada. Sin embargo, la ocupación de tierras tiene múltiples dimensiones sociales que demandan respuestas políticas antes que punitivas, sobre todo porque manifiestan la imposibilidad de las familias para acceder a una vivienda, tanto a través de los mecanismos de mercado, como mediante soluciones provistas por el Estado. Pero, además, en ciudades donde el precio de la vivienda excede con creces los ingresos de los hogares -fundamentalmente por el aumento de los precios del suelo- el problema de las tomas no es de pobreza sino de desigualdad.

En ese contexto, es importante que los gobiernos desarrollen acciones directas, por ejemplo, mediante la producción habitacional, para que quienes necesitan un hogar puedan alcanzarlo de acuerdo a sus posibilidades. Pero también sabemos que es fundamental desarrollar políticas públicas que regulen el mercado de suelo y mitiguen las dinámicas excluyentes que se producen en las ciudades. La implementación del Plan Nacional de Suelo Urbano es una respuesta política que, por primera vez en Argentina, enfrenta esa deuda multidimensional: se ocupa de un componente históricamente invisibilizado pero determinante del precio de la vivienda, produce lotes con servicios que amplían la oferta de lugares adecuados, con infraestructura y servicios, y reposiciona a los gobiernos municipales en la producción de suelo, como agentes con capacidad de incidir en las dinámicas del mercado inmobiliario y controlar los procesos especulativos.

Esta iniciativa promueve un cambio de mirada muy necesario sobre las problemáticas habitacionales para que los municipios mejoren las condiciones de acceso al hábitat. En ese contexto, genera instrumentos concretos de acción para resolver las necesidades de vivienda de quienes han sido más vulnerados y, sobre todo, contribuye a dar respuestas políticas al déficit habitacional.