Columna de opinión.
«Las demandas de la feminización en el mundo forman parte de una causa noble y fundamental. Pero no se puede respaldar a quienes coparon una manifestación para convertirla en un acto político», escribió por caso Jorge Fernández Díaz, uno de las mejores plumas de la constelación intelectual filocambiemita. Su texto malversa las hechos para arrojar la marcha a «la grieta» (principal activo político del gobierno), pero en eso acierta: fue un acto político.
La lucha de las mujeres es por la igualdad. Y la lucha por la igualdad ataca la base de la acumulación capitalista: la injusticia social. Derrumbar el patriarcado implica voltear siglos de organización social montada sobre inequidades. Raciales, económicas, culturales. Si la revolución tiene éxito, los Estados deberán reformar leyes; las empresas, asumir costos, reducir ganancias y redistribuir ingresos. Los medios deberán modificar contenidos y la sociedad tendrá que erradicar sus prácticas sexistas. Hasta el lenguaje deberá cambiar: el castellano lleva impregnada la diferenciación de género en su vocabulario.
Era de esperar que surgieran reacciones adversas apenas el movimiento creciera en intensidad. Porque una cosa es pedir que «no nos maten» sólo un criminal estaría en desacuerdo y otra es pretender cambiar el sistema de raíz. Como lo enseñó aquella revuelta francesa: los liberales, aún los más progresistas, son de aferrarse al statu quo cuando las transformaciones amenazan sus privilegios.
La multitud que el jueves pidió por el aborto legal, seguro y gratuito; exigió que no haya #NiUnaMenos; reclamó el fin del acoso en todas sus formas y demandó paridad económica se enfrenta ahora a un desafío mayor: el poder, a través de su esquema de medios e intelectuales orgánicos, buscará sembrar discordia para debilitar el movimiento y acotar la lucha a demandas políticamente correctas.
El viejo y efectivo truco de dividir para reinar. ¿Funcionará? «
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