Universidades en crisis: paro de una semana y peligra la finalización del segundo cuatrimestre

Durante toda esta semana las universidades nacionales realizarán medidas de fuerza, incluyendo el sábado. Mientras se recrudece el conflicto ante el ahogo presupuestario, desde el Gobierno no solo rechazaron cualquier beneficio hacia el sector, sino que tildaron

La semana de medidas fue oficializada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios nucleada en la CONADU, en reclamo de mejoras salariales, financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología, mientras el Congreso discute el proyecto de ley de financiamiento, el cual el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará.

Entre las razones, enumeraron la falta de aumentos en los últimos dos meses y que gran parte de los docentes cuentan con salarios que no cubren la canasta básica de $1.128.398.

A su vez aseguraron que hubo más de 10 mil renuncias en el sistema universitario argentino y que las medidas de fuerza continuarán con paros de 48 horas todas las semanas en días rotativos.

Mientras tanto, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, posteó sobre la huelga de esta semana y la llamó “Megaparo turístico”.

Universidades en crisis en todo el país

La situación no ocurre solo en el AMBA. “Los docentes universitarios hemos perdido un 40% el poder adquisitivo de nuestros sueldos y no hemos tenido ninguna respuesta del Gobierno a pesar de que se han protagonizado marchas multitudinarias”, declaró desde Córcoba Leticia Medina, secretaria general de Adiuc, uno de los gremios que agrupa a los profesores de las universidades.

En San Luis, el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios de San Luis (Sidiu), realizó un estudio estadístico que arrojó que un 35,7% de los hogares conformados por dos docentes de la UNSL son de clase baja, con un 6% de estos en la pobreza; un 58,5% clase media baja y solo un 5,7% alcanza la clase media.

“Es la mayor pérdida del poder adquisitivo de la historia, nuestro salario se ha convertido en el peor de Latinoamérica –manifiestan desde la Federación Nacional de Docentes–. Hasta el 24 de agosto se llevarán adelante jornadas de visibilización del conflicto en las distintas casas de estudio”. Se trata de más de 50 universidades en la que estudian unos 2,5 millones de estudiantes.

La Ley de Financiamiento Universitario

Bajo la bandera del «déficit fiscal no se negocia», el Gobierno justifica los recortes en áreas sociales críticas como jubilados, personas con discapacidad, ciencia, salud y educación (mientras al mismo tiempo baja retenciones o mantiene subsidios a fintech como Mercado Libre). Sin embargo, en el conflicto universitario ni siquiera pueden esgrimir ese argumento: el proyecto de ley de financiamiento votado el miércoles pasado por Diputados no propone mayor gasto al Estado, sino reasignar partidas. Aún así, el Ejecutivo planea vetarlo si se aprueba y ya se anunciaron paros para la semana que viene.

El conflicto universitario vuelve a emerger, al igual que el año pasado, de nuevo frente a los recortes oficiales. Entre el 90 y el 95% del presupuesto va destinado a sueldos (cuyos recibos, antigüedades y aportes del personal es enviado cada mes a Educación, por lo que no esquiva ninguna auditoría). Un trabajador o trabajadora docente y nodocente debería recibir, en agosto de 2025 un 44% de aumento para estar en los niveles salariales de noviembre de 2023. 

La crisis también se ve en alumnos que no pueden asistir por no poder comprar el pasaje en colectivo, otros a los que les quitaron las becas, dejaron de hacerse actividades de extensión o cayeron los servicios de comedor; y tambien en el mantenimiento de todos los equipos y la infraestructura que hace a la más elemental vida universitaria: se hace difícil o imposible renovar servidores, actualizar laboratorios informáticos para los estudiantes, instalar equipos que tenían comprados o mantenerlos.

En ese contexto, a principios de junio, con el acompañamiento de autoridades, estudiantes y trabajadores, se presentó en el Congreso el nuevo proyecto legislativo para garantizar el financiamiento de la educación universitaria. Tras el veto realizado por Javier Milei en 2024, la comunidad volvió a la carga con el nuevo documento que el miércoles votó Diputados y que busca recomponer los salarios, actualizar los gastos de funcionamiento y ampliar el monto y la cantidad de becas. Además, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina.

El proyecto que tiene media sanción y busca ser ley estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. A tono con el discurso oficialista, no representa un “gasto extra”, sino que se sustenta con fondos de coparticipación federal (dinero que proviene de impuestos) y que le corresponden a la Nación. Por lo tanto, no afecta las cuentas del Estado ni el equilibrio fiscal.

“Se trata de insistir, pero ahora con el aporte fundamental de explicar qué recursos se pueden utilizar. En este sentido, el argumento del veto anterior a la Ley fue que no se explicitaba cómo se iba a financiar. Esto no genera déficit fiscal en lo más mínimo y no se crean más impuestos, sino que la propuesta es reasignar partidas del Estado”, afirmó Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Y agregó: “Se trata de un proyecto para financiar el futuro de la formación en Argentina, con toda la complejidad y diversidad que implica. Asimismo, este nuevo proyecto prevé un incremento de los valores del PBI hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. Es un documento muy consciente y muy serio”.

Peligra el segundo cuatrimestre

Uno de los grandes problemas que atraviesa el sector universitario (como el resto de las áreas nacionales) es que se mantiene con el presupuesto 2023, prorrogado y aumentado discrecionalmente por el Ejecutivo (ya que nunca se sancionó presupuesto 2024 ni 2025).

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó que «en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya advirtieron que peligra el normal funcionamiento de las universidades en el segundo cuatrimestre. Y sostienen que hay plata, el tema son las prioridades. El Gobierno durante el año pasado redujo la recaudación de uno de los pocos impuestos progresivos, el de los Bienes Personales, en alrededor de 0,4% o 0,6% del PBI. Chile recauda en impuestos a las ganancias corrientes de las personas y las empresas alrededor de 7% del PBI mientras nuestro país apenas 5%. La tributación de los inmuebles rurales que hoy están exentos del pago de Bienes Personales podrían significar otros 0,4% del Producto. Y el financiamiento universitario es sensiblemente menor a lo que el Estado dejará de recaudar por bajar las retenciones.  

Otras leyes como la de Emergencia en Discapacidad tampoco sustentan mayor gasto. El impacto fiscal en discapacidad es de entre 0,28 y 0,51% del PBI, mientras que el impacto fiscal de bajar Bienes personales (impuesto a quienes más tienen) es del 0,45% del PBI.

Entrevistado por Tiempo, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador, alertó por la dramática situación que están atravesando: “El presidente ha hablado de la destrucción del Estado, pero yo creo que tiene un odio especial con la universidad pública. En términos económicos y financieros la situación en las universidades es crítica, te diría límite. El dato que me parece que más sintetiza la gravedad del asunto es el que muestra que, en el año 2024, Argentina terminó con un gasto público para la educación superior apenas por encima del 0,5% del Producto Bruto Interno«.