Las universidades nacionales no empiezan: paro de una semana y se perfila la huelga indefinida

La situación llegó a un límite. Más de 100.000 docentes que trabajan en las universidades nacionales no darán comienzo al ciclo lectivo pautado, en general, para el 16 de marzo de este año.

Las tres federaciones sindicales de docentes de nivel superior definieron un paro general de una semana como la forma de reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que incluye la recomposición de sus salarios al nivel de noviembre de 2023.

Asfixia salarial

Se trata del sector que sufrió la caída más profunda de su poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió como presidente. Hoy un docente cobra un 53% menos de lo que percibía, en términos reales, hace poco más de dos años. Los empleados públicos nacionales perdieron en el mismo período un 32% mientras que, según el Indec, los empleados públicos en general resignaron un 17 por ciento.

Dicho de otra forma, según una elaboración realizada por docentes de la Universidad de Moreno basada en datos del Indec, un jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple y diez años de antigüedad, cuyo salario equivalía al valor de 43 kilos de asado en noviembre de 2023 hoy apenas puede consumir 22 kilos del mismo corte.

Pero la realidad puede ser todavía peor para una inmensa mayoría de los docentes que, por sus bajos salarios de convenio, perciben la denominada garantía salarial que el gobierno mantiene congelada hace ya más de un año y que concede apenas $ 259 mil por cargo de 10 horas semanales.

El ajuste abarca al salario docente que representa casi el 90% del total del presupuesto de las casi 70 universidades nacionales pero involucra a todo el sistema universitario. Un estudio elaborado por el sindicato docente Conadu indica que en 2025 el presupuesto para la educación de nivel superior representó apenas un 0,51% del PBI cuando, en 2023 llegaba al 0,72% y en 2015 representaba el 0,85 por ciento. Ese ajuste afecta además las becas estudiantiles, el mantenimiento edilicio, el pago de servicios y los materiales e insumos de laboratorios y hospitales universitarios. En 2026, las universidades recibirán $ 5.241.992 millones cuando en 2023 percibían el equivalente a $ 8.110.393.

Plan de lucha

Pero el conflicto que se avecina y que involucra el acceso a la educación pública de más de 2 millones de estudiantes, reúne un ingrediente adicional que le da respaldo y oficia de acicate. Por dos años consecutivos el Congreso aprobó la ley que obliga al Ejecutivo a retrotraer el presupuesto y los salarios universitarios al valor de 2023 y que el presidente vetó en dos oportunidades. El segundo de esos vetos, en 2024, fue rechazado por el Parlamento y la ley quedó ratificada en todos sus términos. Contrario a lo que establece la legislación vigente (ver recuadro), el gobierno no acató lo dispuesto por el Poder Legislativo y, por el contrario, profundizó todavía más el deterioro del poder adquisitivo discontinuando las ya defectuosas paritarias. Ahora, además, presentó un proyecto de ley que apenas recompone un 12% de los ingresos.

Por eso la determinación de los docentes a encarar un conflicto es muy profunda. Las tres federaciones sindicales conciliaron un mandato de paro de una semana pero por abajo crece fuerte el reclamo del paro por tiempo indeterminado. Así lo votó una masiva asamblea de docentes universitarios de la UBA realizada en la Facultad de Medicina y ese fue el mandato que llevó la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) al congreso de la federación ConaduH. Lo mismo sucedió en otras 15 asambleas docentes de base de las principales federaciones.

En ConaduH, de la CTA Autónoma, la moción de paro por tiempo indeterminado agrupó a 47 delegados de once universidades entre las que se destacan la UBA y las de Córdoba, Tucumán, Luján y Salta. La moción “moderada” de paro por una semana sumó 51 votos.

En la otra federación de la CTA de los Trabajadores, Conadu, también se hizo sentir el reclamo de la huelga indefinida. Así votaron las asambleas de  La Plata,  Córdoba, Quilmes, Río Cuarto, General Sarmiento y Jauretche.

Clara Chevallier, secretaria general de Conadu, explicó a Tiempo que «llevamos perdidos siete salarios con este gobierno”. La dirigente señaló que “al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario se suma un nuevo proyecto del Ejecutivo que no da ninguna respuesta en lo salarial y se enfoca únicamente en los gastos para hospitales universitarios”. Chevallier analizó que “el malestar es creciente e impuso la necesidad de un paro de una semana para comenzar el plan de lucha. Pero si el gobierno intenta avanzar con este proyecto, desconociendo el rechazo al veto, tenemos la discusión avanzada para declarar un paro por tiempo indeterminado”.

Por su parte, Antonio Roselló, paritario nacional de ConaduH señaló que “el subsecretario de Políticas Universitarias amenaza que no va a haber aumento ni llamado a paritaria hasta que se apruebe la nueva ley o hasta que se derrote en la justicia el amparo que es favorable a la aplicación de la ley vigente”. Por eso, dijo, “no nos queda otro camino que ir por la huelga universitaria por tiempo indeterminado y hacer lo antes posible una marcha federal universitaria para que la ley que fue votada cinco veces en el Congreso y tiene un fallo a favor en la justicia federal sea aplicada efectivamente y cobremos el 51% de aumento que nos corresponde”. Son las vísperas de un conflicto que, con adhesión popular, ya puso más de un millón de personas en la calle dos veces.