Uno por uno: de qué tratan los proyectos de ley que anunció Kicillof y serán enviados a la Legislatura bonaerense

En su discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof anunció los proyectos de ley que enviará en el transcurso del año, relacionados con la salud, la seguridad y el trabajo, además de disponer por decreto la universalización de la salita de 3 años del jardín de infantes.

El primer proyecto que volverá a enviar es el de Producción Pública de Medicamentos, una iniciativa impulsada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que si bien tuvo media sanción en la Cámara de Diputados durante 2024, se cayó por falta de tratamiento en el Senado.

La iniciativa crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense –con la figura legal de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria– que podrá desarrollar, producir, comprar y vender vacunas, insumos, productos médicos, equipamiento y otros insumos para la salud. La propuesta confronta abiertamente con las políticas de Javier Milei al crear un laboratorio público de medicamentos con el objetivo de incidir en la regulación de los precios de esa industria y abastecer parte del mercado bonaerense.

«No hace falta ser comunista ni soviético para tener en claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica», señaló el mandatario al anunciar que insistirá con el proyecto en el Parlamento. Y acotó: «La salud no puede depender exclusivamente del mercado. En realidad, depende de la decisión política de cuidar de nuestro pueblo. Hoy en la Argentina se está aplicando un modelo económico que enferma».

La creación del Laboratorio Público de Remedios había ingresado a la Legislatura hace dos años junto al proyecto que creaba la empresa de emergencias en salud, que también corrió la misma suerte y terminó quedando trabado en el Senado. Ambos perdieron estado parlamentario en diciembre del año pasado.

Otro proyecto que buscará sancionar es la nueva ley para el personal policial. El proyecto fue elaborado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y está en la Legislatura. El mandatario explicó que «actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI».

El proyecto modifica el régimen laboral policial con el foco puesto en la formación permanente –con perspectiva de género y Derechos Humanos– pero también con cambios en los ascensos, las sanciones y las licencias de los agentes que integran la fuerza.

En la misma línea, anunció que enviará un proyecto de modificación integral de la Ley de Seguridad Pública que «tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser también actualizada».

Otra iniciativa que impulsará este año busca generar un marco de regulación de los trabajadores de las plataformas digitales. «Hablamos de miles de bonaerenses que reparten, conducen o trabajan a través de aplicaciones y que hoy quedan fuera de toda protección», señaló Kicillof. Y agregó: «Mientras a nivel nacional se los excluye del marco general de derechos, nosotros proponemos lo contrario: inclusión, reconocimiento y reglas claras».

La iniciativa, en la que trabajó el ministro de Trabajo, Walter Correa, plantea la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección. Está en línea con lo que propone la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ya se implementa en los países están a la vanguardia. «Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan», sostuvo el mandatario.

En materia educativa, en tanto, el mandatario anunció que dispondrá la universalización del acceso a la sala de 3 años del jardín de infantes, como parte de la política de ampliación del derecho a la educación. La iniciativa fue impulsada por un proyecto de ley a fines de 2024, pero nunca logró luz verde en el Parlamento. En este caso, anunció que no insistirá con la ley sino que la dispondrá por decreto, directamente.