La Constitución brasileña establece que, incluso tratándose de un decreto, corresponde al Congreso Nacional aprobar la intervención federal.

El decreto firmado por Lula determina que la seguridad pública en el Distrito Federal es responsabilidad del gobierno federal y nombra interventor al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli, según el acta firmada por el mandatario.
“El presidente del Senado Federal, en uso de las atribuciones (…) hace saber que el Congreso Nacional es convocado extraordinariamente, sin pago de dieta, durante el período necesario para considerar el Decreto», ordenado por Lula para «poner fin al grave compromiso de orden público, en los términos señalados’”, escribió Pacheco en la carta enviada a los senadores.
La Constitución Federal brasileña establece que, incluso tratándose de un decreto, es decir, un acto firmado por el presidente, corresponde al Congreso Nacional aprobar el estado de intervención federal.
Esta es la segunda vez que el gobierno federal impone tal intervención.
Además de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, también regresará a Brasilia.
Ambos líderes parlamentarios deben reunir a los congresistas este lunes para discutir la reacción del Congreso contra los actos de vandalismo cometidos por los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro.
Aún no hay horario previsto, según informó la oficina de prensa de la Presidencia de Cámara.
El presidente del Senado incluso envió un mensaje a los senadores pidiendo unidad en este momento, informó el diario brasileño Folha de San Pablo.
En el mensaje, Pacheco dijo a los parlamentarios que la situación es «grave» y pidió a sus compañeros manifestarse «con vehemencia» contra los actos de vandalismo registrados en la capital federal.
Invasión y destrozos
El domingo miles de seguidores de Bolsonaro que reclaman un golpe de Estado invadieron por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).
Los partidarios del expresidente ultraderechista, derrotado en las últimas elecciones -quien además no reconoció su derrota y se fue del país dos días antes de que se terminara su mandato-, subieron la rampa del Congreso, rompieron las ventanas del edificio e invadieron el lugar, buscando crear las condiciones para un golpe de Estado.
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