Urgido por la falta de dólares, el gobierno va a rematar Transener

El gobierno nacional avanza en su política de privatizaciones con el argumento de la «eficiencia» y la motosierra del gasto público. Luego de la licitación y la entrega a los nuevos concesionarios que ya operan en las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, en el Comahue, este 23 de marzo se cumple el plazo de presentaciones para otro pez gordo.

Se trata de Transener, la principal y casi única transportista de energía eléctrica de alto voltaje del país. La compañía cuenta con una red base de 15.408 kilómetros de líneas de transmisión, divididos en 13.302 kilómetros que intercambian de manera directa y 2106 que lo hacen a partir de transportistas independientes bajo la supervisión de la compañía. Este entramado incluye 6228 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, a través de la empresa Transba. El porcentaje de participación en el mercado eléctrico es mayúsculo: transporta el 85% de la energía del país. Es un concesionario casi exclusivo. El carácter estratégico es indisimulable.

Transener es hija de las privatizaciones de los años ’90. El gobierno de Carlos Menem concentró activos de alta tensión que pertenecían a las empresas estatales Agua y Energía Eléctrica (AyEE), Hidronor (Hidroeléctrica Norpatagónica) y Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) y los puso en venta. La licitación la ganó Citelec, un sello en el que estaban asociados el Grupo Pescarmona y la estadounidense Enron, la misma del escándalo financiero de 2001 que la llevó a la quiebra. Comenzó sus operaciones en julio de 1993 con un contrato de concesión por 95 años.

La privatización

Tras varios pases de manos, incluida una reestatización parcial en 2007 (un coletazo de la caída de los contratos tras el fin de la convertibilidad), en la actualidad Citelec es dueña del 52,65% de Transener. El resto está en manos de Anses o cotiza en la Bolsa de Valores porteña.

La estatal Enarsa es dueña del 50% de Citelec, algo así como el 26,3% del paquete accionario total. El otro 50% es de Pampa energía, el conglomerado que dirige Marcelo Mindlin.

Citelec posee el 100% de las acciones Clase A, con lo que tiene el control político de la empresa; también tiene el 1,65% de las acciones Clase B.

El próximo 23 de marzo vence el plazo para la recepción de ofertas por las acciones en poder de Enarsa.

El proceso de privatización encuentra a la compañía en alza: tuvo en 2025 una ganancia neta de alrededor de $ 195.000 millones, un 110% más que los $ 92.400 millones del año anterior. El incremento se basó en los tarifazos que implementó la administración de Javier Milei. El aumento del precio que cobra Transener por el servicio de transporte de energía (conecta al generador con el distribuidor final, por caso, Edenor o Edesur) fue del 340% hasta octubre del 2025, muy por encima de una inflación de cerca de 170% en ese mismo período. El gobierno estableció, entre otras medidas, una “Revisión Quincenal Tarifaria” (30 cuotas de aumento mensual entre mayo del 2025 y abril del 2030) para devolver “certidumbre y estabilidad” a las empresas vinculadas al rubro en todo el país.

La lógica de intromisión del capital privado no fue una novedad a partir del lanzamiento de la licitación. Pablo Tarca, director de la empresa, había declarado en octubre del 2025 que “lo que está faltando es lograr que aparezcan inversores que tengan la capacidad de invertir los volúmenes de dinero que están en juego, en el plazo de tiempo que está en juego”.

No obstante, si bien la  empresa tiene carácter estratégico y es económicamente rentable, el precio que dispuso el gobierno como base es casi un remate: 206,2 millones de dólares. El mercado reaccionó de forma negativa al considerar que la valuación era conservadora frente al valor real de la compañía: las acciones se desplomaron en la bolsa casi un 25% en menos de un mes. Según Bloomberg, la venta suponía una capitalización total de la empresa en U$S 780 millones, frente a un mercado que la ubicaba en torno a los U$S 1.230 millones por el valor de las acciones al momento del anuncio de la privatización. La diferencia del 36% en la valuación implica que las acciones en poder del Estado representaban más de U$S 321 millones.

De remate

¿Cuál es la jugada del gobierno? El crupier no muestra las cartas, pero hay una pista en la perspectiva general: el ministro de Economía, Luis Caputo, ya se mostró apurado en privatizaciones como las de Comahue porque necesita juntar divisas para afrontar vencimientos de deuda (el gobierno enfrenta un vencimiento de U$S 4200 millones en junio) y sostener la demanda de dólares para importaciones, atesoramiento, pago de deuda privada y fuga de capitales. Se trata del mismo esquema que aplicó el dúo Menem- Domingo Cavallo hace 30 años: financiar un modelo de dólar barato, en parte, con “las joyas de la abuela”, además del endeudamiento.

Pero esta operación deja un detalle más. Mindlin y Pampa Energía tenían los recursos para quedarse con las acciones del Estado en Transener, que el gobierno puso en venta por debajo de su valor, algo que a Mindlin, por accionista y socio, no le convendría porque reduce el valor de su parte. ¿Habrá un pacto de caballeros para que el empresario con fuerte relación con Milei, de alguna u otra manera, se quede con esa parte? Son varios los trascendidos que lo colocan como competidor con altas posibilidades de ganar.

Se verá en pocos días, cuando el gobierno elija una suerte de don “transportín” eléctrico.