La intensa búsqueda de los desaparecidos

«Nos informaron sobre el sexo de los restos hallados en el Batallón 14. Era una mujer. Un tema muy importante como paso previo a la extracción de una muestra de huesos para enviarlo a Córdoba para hacer el ADN y conocer la identidad». Acababa de hacerlo público en Montevideo y ahora Ignacio Errandonea, miembro de Madres y Familiares de Desaparecidos del Uruguay, se lo decía a Tiempo.

Este diario, informó hace tres semanas sobre el hallazgo de restos en el batallón de la ciudad de Toledo. De inmediato surgió el nombre de la nuera de Juan Gelman, María Claudia García, así como los de Elena Quinteros y Amelia Sanjurjo. Pero el Vasco Errandonea, aclara: «Desaparecieron 40 mujeres uruguayas. No hay un señalamiento preciso. Sí, dicen haberla entrado a ese batallón. Ahora, cómo mintieron tanto, bien puede ser que otra mentira. En el 13 existía un centro clandestino de detención y tortura, el 300 Carlos (también conocido como Infierno Grande o La Fábrica. Pero el 14 fue usado para enterrar muertos. Allí se encontró a Julio Castro, a Ricardo Blanco Valiente. Existieron un montón de traslados desde Argentina y Paraguay. Aún no se pudo realizar un patrón de edad por el estado de los huesos. No corresponde buscarle un nombre: genera una ansiedad muy grande en las familias. Estuvieron más de 40 años enterrados ahí. Esperemos un mes más.»

–Tu hermano desapareció en 1976 en Buenos Aires.
–Se produce una redada conjunta de militares uruguayos y argentinos contra el PVP (Partido por la Victoria del Pueblo). En mayo desaparecen algunos y otros son traídos a Uruguay y blanqueados. En septiembre detienen a otros 28 en Orletti y el 5 de octubre hubo un traslado clandestino de la FFAA Uruguaya. No sabemos el paradero. En esa tanda está mi hermano.

–¿Qué significa que a 50 años se registren estos avances?
–Es una investigación que, por desgracia, se hace tardíamente. Hubo una ley de impunidad (Caducidad) aplicada a rajatabla, excediendo lo que decía la ley, para que no se investigara lo que pasó. Imperó hasta 2011. Luego actuó la Justicia, tarde y lentamente, con todos los escollos que presentan los militares. Pero la desaparición forzada no fue producto de un accionar independiente de grupo de tareas, o clandestinos, sino organizado desde los mandos. Y documentada.

–Hubo complicada civil.
–El golpe lo dan las FFAA en conjunto con el presidente (Juan María Bordaberry) en ejercicio. Participaron sectores de los partidos blanco y colorado. La complicidad fue desde arriba. Aún no se venció. Los primeros gobiernos democráticos negaron la existencia de desaparecidos. Recién en el 2000 se los reconoce en la Comisión para la Paz, tras 16 años de democracia. Fue importante, permitió abrir puertas. Como en el 2005 cuando se entró a los cuarteles para investigar.

–En Uruguay también se aplicó el Plan Cóndor.
–En los archivos vimos que el «organismo coordinador de operaciones antisubersivas» en Uruguay disponía de abundante información de argentinos, paraguayos y otras nacionalidades, que los buscaban en Uruguay. Igual que en Argentina. Un país que nos recibió hasta que se dio el golpe allá. Los militares uruguayos operaban en Orletti, en la ESMA, el pozo de Quilmes. Por desgracia, hay muy pocos militares uruguayos condenados.

–Queda mucho por hacer.
–Desde la salida de la dictadura, no hubo una orden de los mandos, para exigirle a la FFAA que entreguen los archivos. Sabemos que existen. Al menos hasta el 2004 microfilmaron toda la documentación que poseían: 2074 rollos con miles de imágenes. Pero no los entregan. Y el gobierno no lo exige. Durante la época del FA hubo avances, pero nunca una orden. Cuando se supo que dónde estaban, algunos de esos rollos fueron decomisados por la ministra de Defensa. En 2016 entramos a revisar archivos de la Marina. Pero no se terminó el trabajo. En el actual gobierno, que se dice trasparente, no existen procesos de búsqueda de archivos. Sólo publican las que le llegan y los comandantes dicen que no tienen información. «