Vacaciones VIP y dólares en efectivo: el estilo de vida de Adorni que complica su causa por enriquecimiento

El nombre de Manuel Adorni vuelve a quedar en el centro de un vendaval judicial. Según documentación que ya reposa en el despacho del fiscal federal Gerardo Pollicita, el actual jefe de Gabinete habría desembolsado cerca de 15.000 dólares en efectivo para costear unas vacaciones familiares en la isla de Aruba durante el cambio de año 2025. El hallazgo, que se suma a una investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito, refuerza la teoría de los investigadores: el funcionario habría optado por el pago en «cash» para evitar el rastro de las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias.

La billetera de Adorni

De acuerdo con el reporte enviado a tribunales, el gasto total incluyó 8874 dólares por concepto de alojamiento en exclusivos complejos como el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y el Divi Dutch Village Resort, a los que se deben sumar 5800 dólares en pasajes de la aerolínea LATAM. La empresa de turismo que gestionó el viaje fue tajante al responder los requerimientos de la fiscalía: la operación fue liquidada íntegramente en efectivo, al igual que los gastos corrientes de la familia durante su estadía en el Caribe.

Este episodio no es un hecho aislado, sino una nueva pieza en un rompecabezas de sospechas que no para de crecer. La causa que instruye Pollicita se originó originalmente por otros dos eventos inquietantes: un viaje privado a Punta del Este en una aeronave costeada, supuestamente, por un periodista con vínculos contractuales en la Televisión Pública; y el traslado de la esposa del funcionario a Estados Unidos en paralelo a una gira presidencial.

Sin embargo, el núcleo más sensible del expediente apunta directamente a su patrimonio inmobiliario. Sobre Adorni pesa una investigación por la compra de dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y una casa en un country de la provincia, operaciones concretadas a fines de 2025 mediante hipotecas privadas con los vendedores. Lo más grave es que ninguno de estos bienes figura en sus declaraciones juradas patrimoniales, un requisito ético y legal ineludible para quien, primero como vocero y luego como jefe de Gabinete, tiene el deber de dar cuenta de su transparencia ante la sociedad.