El vaciamiento avanza para la agricultura familiar, campesina e indígena

“Desde la llegada de la democracia es la primera vez que no hay políticas activas para el sector”, dice a Tiempo desde Río Negro Fabio Ababile del Frente Agrario Evita y parte del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar. Ya se cumplieron 10 años desde la sanción de la Ley 27.118 de reparación histórica al sector, una ley que aún tiene vigencia pero que en los hechos fue paralizada junto con el Consejo al cual Ababile pertenece y todos los programas de acompañamiento. “Una de las primeras medidas de Milei fue cerrar pragmáticamente el  Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que contaba con mil trabajadores, de los que echó a 960”, asegura. Si bien la institución todavía forma parte del organigrama del Estado, no cumple ninguna función. Para Ababile, fue desmantelado con una perspectiva centralista y unitaria, desde la Ciudad de Buenos Aires donde no se logra comprender cómo la agricultura familiar, campesina, chacarera e indígena tracciona y moviliza las economías regionales. “Es un factor importante del desarrollo, por ejemplo, de ferias, formas de comercialización directa, experiencias de valor agregado de origen, entre otras”, detalla.

Producen el 70% de los alimentos

Al contrario de lo que puede pensarse, la ausencia de políticas en este universo no atañe solo al sector: la agricultura familiar produce el 70 % de los alimentos que se consumen en el país, sobre todo los frescos, frutihortícolas y animales de granja. “Esto no es un problema de la ruralidad nomás sino también de la zona urbana porque su alimentación en productos de calidad, no de multiprocesados, depende de nosotros”, puntualiza. 

Otra gran consecuencia de la inacción estatal, expresa Ababile, es que se profundiza la concentración y el oligopolio de las grandes empresas que producen y transforman alimentos. “Entonces manejan el precio a su antojo, en Argentina están mas caros que en Europa. La especulación es una herramienta que se tiene que atender dejando la producción en muchas manos, que se generen circuitos cortos de comercialización y ahí los agricultores y agricultoras familiares podemos tener más protagonismo”, asevera. De esta manera, se garantizaría a la sociedad y al sistema político una libertad verdadera para poder ejercer soberanía alimentaria.

La desregulación de Milei también alcanzó a los productores de alimentos. Según expresa Ababile, a las empresas oligopólicas les conviene más traer la producción de afuera, por lo que destruyen el sistema productivo interno. “Hay una apertura indiscriminada de la exportación con excusa de la competencia pero para competir en condiciones parejas tenés que igualar la balanza y para nosotros se hace muy difícil”, asevera.

A todo el panorama, se suma el avance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que en las provincias y municipios tuvo el efecto de desplazamiento con desalojos de sus tierras de comunidades originarias y campesinas, en beneficio de proyectos inmobiliarios o extractivistas.

“No somos cajas políticas”

Miriam Bruno es parte del Foro Nacional de la Agricultura Familiar Octubre y dice que la ley de reparación fue el resultado de una lucha histórica de las organizaciones que desde hacía mucho tiempo demandaban la institucionalización de los espacios para el desarrollo de políticas públicas. “No somos cajas políticas como denuncian desde el Gobierno, desconociendo nuestro trabajo y trayectoria. Nosotros debatimos esa ley, pensamos qué modelo nos representaba y qué recursos teníamos para cuidar la tierra, el agua, la diversidad productiva y la agroecología”, expresa.

Desde que el Instituto fue intervenido y desmantelado no tuvieron respuestas oficiales del motivo del desguace ni del destino del presupuesto destinado a las políticas del sector, cuyos fondos habían sido otorgados por organismos internacionales como el Banco Mundial. “Desaparecieron todos los programas que había para la horticultura, ganadería, apicultura, pesca artesanal”, señala. Con la gestión libertaria no se implementaron más las leyes ovina, caprina, dejó de funcionar el Registro Nacional de la Agricultura Familiar e incluso se eliminaron programas del INTA para el sector como Cambio Rural y Prohuerta. “También se desfinanció el Consejo creado por ley que nuclea a más de 27 organizaciones y articulaba con el Instituto”, manifiesta. Es de destacar que el Consejo forma parte de la Reunión Especializada de la temática en el Mercosur. “En ese marco y con acompañamiento de la ONU habíamos construido un plan estratégico hasta 2029 acorde a la ley que tenemos, que nos habilita a desarrollar estrategias productivas y territoriales”, expresa. Ninguna de esas acciones son posibles sin un Estado presente.