Vecinos de La Paternal y Parque Chacabuco resisten megaproyectos inmobiliarios impulsados por Larreta

Por: Celeste del Bianco

Son iniciativas para construir torres, en algunos casos de hasta 48 metros de alturas. Los habitantes del barrio sostienen que se violan las normas del Código Urbanístico y que la infraestructura no resiste un crecimiento de esa envergadura. La pelea por los espacios verdes y la luz del sol.

En La Paternal están en alerta ante la inminente construcción de un megaproyecto inmobiliario en el Parque La Isla con 11 torres de 48 metros de altura. Desde fines de febrero realizan actividades para evitar el avance de la obra en lo que se considera el segundo pulmón verde de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2007 lograron frenarlo, pero una ley del 2019 impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, reactivó el conflicto.

Se trata de un espacio de 9 hectáreas, delimitado por las avenidas Constituyentes, Chorroarín y la calle Joaquín Zabala. El desarrollo inmobiliario se hará en una de las cuatro parcelas privadas del predio que ocupaba el ex albergue Warnes. En el 2019 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con mayoría de Vamos Juntos, ratificó un convenio con los dueños de la tierra y autorizó la construcción de calles, veredas, accesos y edificación con un 40% de espacio público. Pero además amplió los usos permitidos y agregó la posibilidad de habilitar comercios, servicios, esparcimientos, áreas de equipamiento y estacionamientos subterráneos.

En 1991 se había cambiado la normativa para permitir la edificación hasta 48 metros mientras que la altura máxima en el barrio era de 9 metros. En el 2007 se presentó un amparo colectivo que permitió frenar las torres, pero trece años después los vecinos están en alerta nuevamente.

La empresa constructora SADIA, dueña del terreno, anunció el proyecto “Puertas de Agronomía” y comenzó con el mantenimiento. Una de las personas movilizadas es Daniel Constantini, habitante del barrio, quien sostuvo que será “catastrófico”. “En el 2018 el gobierno de Larreta presentó un nuevo proyecto de ley por el que se modificaban los usos de las torres que se quería construir. Ese proyecto favorecía la venta de los terrenos. Antes se podía construir solamente viviendas. A partir de ahora se propone usos múltiples como comercios o gimnasios, lo que favorece su venta, un proyecto inmobiliario 100%”, le dijo a Tiempo Argentino. “Tienen un afán inmobiliario notable-agregó-. Toman ese proyecto como propio, responden por los dueños cuando deberían respetar la identidad barrial y consultarnos”.

El parque es considerado el segundo pulmón de la Ciudad porque forma una gran área verde junto a las facultades de Agronomía y Veterinaria, los jardines del Hogar San Martín, El Albergue Garrigós, el Cementerio de la Chacarita, el Club comunicaciones, el Hospital Alvear y el predio del ex Albergue Warnes.

En Parque Chacabuco desde principio de año también están en alerta vecinal por la inminente construcción de dos torres: un megaproyecto de 22 pisos y otra de 12. El primero ya está a la venta con la modalidad pozo. Se llama “Alto Grande Asamblea”.  Está ubicado en Asamblea 1652 y prevé la construcción de 270 departamentos. La empresa constructora M&M Desarrollos Inmobiliarios publicita el edificio de más de 50 metros con burbujas de teletrabajo, salas de reuniones seguras, running track, box delivery room y fresh delivery room con precios que comienzan desde los 63.000 dólares en el prelanzamiento.

El segundo está al lado, pero sobre la calle Pumacahua al 1208. Es una vieja casona deshabitada que fue demolida para construir un edificio de 12 pisos. Los vecinos y las vecinas denuncian que los dos proyectos violan el Código Urbanístico vigente que para esa zona, que permite edificaciones que no superen los 11,20 metros. Si bien los constructores sostiene que comenzaron las obras antes de enero de 2019, que es cuando entró en vigencia la nueva normativa, la comunidad sostiene que estuvieron paralizadas más de 20 meses por lo que violaron el Código de Edificación que indica que al pasar seis meses de inactividad se la considera paralizada y para reanudar los trabajos se debe tramitar con la nueva normativa. 

En la caso de Asamblea 1652, los permisos de factibilidad comenzaron en el 2017 y en el de Pumacahua en el 2018, pero recién a fines del año pasado comenzó la demolición.   

Analí López Almeyda vive en el barrio y forma parte de “No a las torres”, un grupo que se reúne todos los viernes. En diálogo con Tiempo Argentino explicó el impacto cultural, ambiental y de infraestructura que implican los edificios en una zona de casas bajas.

“Estas torres nos afectan en múltiples sentidos. Por un lado en lo que tiene que ver con la identidad cultural. Es un barrio tranquilo de casas bajas. Estructuras de este tamaño afectan la infraestructura de servicios de agua, de luz. Hay experiencias en otros barrios como Caballito que cuando llegan proyectos así y empiezan los cortes de luz, disminuye la presión de agua, hay desbordes cloacales. La infraestructura de este barrio no está preparada para recibir más de 300 departamentos. También está lo que tiene que ver con el ambiente, con la luz natural. Si nos ponen torres tan altas vamos a perder luz en nuestras casas y sólo gozarán de luz quienes puedan pagar los pisos más altos. El sol pasa a ser de quién lo puede paga”, indicó.

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